“Art. 325. En cada provincia habrá una Diputación llamada provincial, para promover su prosperidad,…”. De esta forma la Constitución de Cádiz de 1812 establecía el nacimiento de las Diputaciones Provinciales. En noviembre de 2013, Proyecto León publicó un artículo de opinión sobre la situación de esta institución. Muchos son los cambios políticos y sociales ocurridos en España desde ese momento y estimamos conveniente volver sobre la cuestión.
La coyuntura política surgida de las elecciones del 20 de diciembre de 2015 ha puesto de actualidad un planteamiento que nunca había emergido con tanta fuerza: la desaparición de las diputaciones provinciales. Si analizamos superficialmente la situación actual de estas instituciones, tal y como fueron concebidas, es fácil encontrar argumentos en contra de su mantenimiento: su dirección es de elección indirecta, es decir, sus diputados no son seleccionados propiamente por los ciudadanos, sino por los concejales de cada partido judicial, que terminan escogiendo al presidente. Este déficit democrático es uno de los argumentos fuertes de quienes abogan por su eliminación. Por tanto el núcleo del problema reside en el sistema de elección indirecta de los políticos. De hecho las diputaciones provinciales devenidas en autonomías, con diputados de elección directa, no reciben esas críticas y su operativa no difiere en esencia de la adoptada en las diputaciones clásicas.
No quedan ahí las razones de los críticos: los elevados gastos de funcionamiento (en algunos casos apenas el 20% de sus recursos se emplean en desarrollo e inversión para los pueblos), el alto endeudamiento, los casos de corrupción detectados en alguna de ellas, unido a la falta de transparencia en su gestión, así como la opacidad y la sospecha permanente de ser nido de corruptelas y amiguismos conforman el argumentario que apuntala a los que defienden su extinción. Sin embargo se trata de una visión interesada, sin perspectiva y poco realista, puesto que las mismas críticas se podrían hacer extensivas a los ayuntamientos o a las comunidades autónomas, ambos con altos gastos corrientes, sobre endeudados, trufados de casos de corrupción, poco transparentes y víctimas de tanto caciquismo o más.
La razón de ser de una diputación es brindar su apoyo a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Lo hacen fundamentalmente en la prestación de servicios sociales, apoyo técnico, y mantenimiento y desarrollo de infraestructuras (carreteras, gestión de cobros, alumbrado,…). Se trata frecuentemente de servicios subcontratados, por lo que buena parte de su plantilla se dedica a la gestión de contrataciones.
A primera vista, podría parecer que no hay razones para seguir manteniendo unos entes que se antojan caros, poco útiles y de escasa legitimidad democrática. Asimismo, también parece obvio que, desde la creación de las autonomías, debieran de ser éstas las encargadas de prestar el apoyo necesario a los ayuntamientos y localidades de cada provincia. Sin embargo, la realidad se revela más compleja: la gestión política llevada a cabo desde la Junta de Castilla y León (por poner el ejemplo más próximo, pero Andalucía o Castilla-La Mancha son similares) no ha sustentado el despegue económico de León. Tampoco los servicios que presta son extraordinarios ni en cantidad ni en calidad. De hecho, en muchas ocasiones esa gestión ha sido un lastre que frenó el desarrollo socioeconómico de nuestra provincia, como la política industrial por ejemplo; en resumen, las autonomías también aportan un muestrario de lo que no se debe hacer.
En consecuencia, desde Proyecto León nos postulamos a favor del mantenimiento de las diputaciones, pero acometiendo las modificaciones que sean necesarias, y en primera instancia las relativas a la elección directa de los diputados. Al menos en lo que a León se refiere, consideramos que la Diputación puede cumplir con el papel que tiene encomendado con eficacia, como hizo durante largos periodos históricos; las disfunciones en la diputación se deben a causas coyunturales y al sistema electivo de sus mandatarios, no a su arquitectura institucional, cercana a los territorios que atiende.
En el caso particular de nuestra provincia se hace necesario, por añadidura, el mantenimiento de la Diputación puesto que es la única entidad regional no absorbida por la ineficaz, anuladora e ineficiente centralidad que emplea la Junta de Castilla y León. También es la única institución que justifica la “y” en el nombre de la autonomía y que mantiene la personalidad y dignidad del secular Pueblo Leonés.
Es indiscutible que no se puede decir lo mismo de la Junta de Castilla y León tras el balance de 33 años. Con abundancia de medios y escasa adaptación a la idiosincrasia leonesa, se erige con el dudoso mérito de lograr que León caiga en una espiral depresiva que no ha terminado. Aun así, la lejanía de los consejeros con los problemas leoneses no se oculta, y ejemplos muy cercanos tenemos. Sólo parecen venir para hacer propaganda y transmitirnos sus “magníficas” intenciones.
En consecuencia, Proyecto León propone que se arbitren los mecanismos necesarios para que los diputados provinciales se elijan directamente por los ciudadanos en listas abiertas. Esos cargos deben tomar parte exclusivamente en el órgano de dirección, ya que la ejecutividad debería correr a cargo de los funcionarios, expertos como son en la problemática y la singularidad provinciales. La gestión sería así transparente para la sociedad. Paralelamente a estas modificaciones, pensamos que es de vital importancia abordar el proceso de fusión de ayuntamientos para que se puedan gestionar eficazmente sus competencias. Proponemos, finalmente, que se respeten los Concejos o Juntas Vecinales, ya que cumplen un papel fundamental en la cadena de gestión pública por su proximidad a los ciudadanos de las 1.400 pequeñas localidades leonesas.
Javier Callado.
María del Carmen Fernández.
Carlos de la Puente.
Maite Fernández.
Roberto Fernández.
Anselmo Reguera.
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