CSI-F considera la propuesta de la Junta de Castilla y León de contar con vigilantes pertenecientes a asociaciones colaboradoras, incluida en el proyecto del Reglamento de Pesca, una privatización encubierta de la vigilancia de la pesca en ríos y embalses. CSI-F valora que no se dan garantías suficientes al pescador, advierte que pueden propiciarse intereses particulares y usos privativos, y exige que la vigilancia las realicen los funcionarios -entre otros, los agentes medioambientales- que tienen autoridad y garantías jurídicas para ello.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) considera que la vigilancia de los ríos ha de realizarse de forma respetuosa con los pescadores; que la vigilancia y la posible apertura de expedientes sancionadores deben cumplir con todas las garantías Jurídicas. Por ello, CSI-F valora que esas funciones deben ser desempeñadas, entre otros, por la Escala de Agentes Medioambientales, ya que para que unos hechos denunciados tengan valor probatorio, es necesario que estos sean formulados por funcionarios que tengan la consideración de agentes de la autoridad (art. 137. 3 LRJPAC).
CSI-F califica de “esperpento” un reglamento que habilita vigilantes voluntarios que no pertenecen al personal de la administración pública. “Sus denuncias carecerán de valor probatorio y de la objetividad, imparcialidad e independencia que se debe garantizar a los pescadores y a los ciudadanos en general”, argumenta CSI-F.
“”Es inconcebible que unos vigilantes que no están regulados por la Ley de Función Pública, y ni tan siquiera por la normativa estatal en materia de seguridad privada, sean reconocidos por la normativa de Pesca de Castilla y León,y se les vaya a permitir requerir los datos personales de quienes disfruten del río, y exigir que le muestren lo que lleva en sus bolsillos, en sus cestas, bajo la amenaza de enfrentarse a una sanción de 3.000 a 10.000 euros (art. 79. C), continúa CSI-F.
“Pero si ya ha quedado claro el abuso de esta administración paralela que se está gestando, y de la falta de garantías de los hechos constatados por estos vigilantes, también se puede añadir que, lejos de ser objetivas, sus denuncias estarán ligadas a claros intereses. Y es que estos puestos de vigilante serán privativos de determinados grupos, las asociaciones colaboradoras de pesca, afirma CSI-F.
Se da la circunstancia de que el reglamento que se quiere aprobar restringe el acceso al puesto de vigilante de pesca, exclusivamente, a aquellas personas pertenecientes a las asociaciones colaboradoras de pesca. Entidades que son las que pondrán y quitarán los vigilantes. Esta vigilancia alternativa controlará tramos concretos de los ríos, por lo que se crean las condiciones para propiciar un uso privativo del dominio público hidráulico, advierte CSI-F.
Entre los beneficios para estas asociaciones, la administración contempla la aprobación de ayudas, “por lo que estas pervertidas labores de vigilancia pueden financiarse con un dinero público, que se necesita para sacar del completo abandono y dotar de medios, personal o incluso de gasolina a la Escala de Agentes Medioambientales, critica CSI-F.
Este sindicato independiente ha exigido al director general del Medio Natural la eliminación de estos vigilantes del proyecto de reglamento de la Ley de Pesca. Los servicios jurídicos de CSI-F ya están estudiando la impugnación, en caso de aprobarse esa vigilancia; y el sindicato pide que se sumen “todos aquellos pescadores y asociaciones críticas con la forma de regular la pesca que está llevando a cabo la Junta de Castilla y León”.
