La explotación del nuevo vertedero que propone Gersul impedirá alcanzar en la provincia de León las tasas de reciclaje y compostaje legalmente establecidas.
Ecologistas en Acción de León ha presentado alegaciones a la autorización ambiental de un nuevo vertedero en el centro de tratamiento de residuos (CTR) de San Román de la Vega. Con ellas la asociación ha querido demostrar que la actividad de tratamiento y eliminación de residuos que se viene haciendo en el CTR, y que se pretende prolongar con la construcción de un nuevo vertedero, además de ser un fracaso económico, social y ambiental se realiza al margen de la legislación de residuos, de la legislación de vertederos, y de la planificación estatal de residuos, “Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022”.
Con una inversión de más de 6 millones de euros y con capacidad para admitir 2,09 millones de metros cúbicos del rechazo del tratamiento de residuos sólidos urbanos de toda la provincia de León, el nuevo vertedero se ha calculado para recibir, durante 13 años, 150.000 toneladas anuales de residuos, manteniendo el mismo sistema de gestión que ha llevado al colapso de las instalaciones 9 años antes de lo previsto.
Hay que tener presente, en primer lugar, que la eliminación de residuos en vertedero supone destruir permanentemente las opciones de uso del suelo afectado para otros fines. Sus riesgos, para el medio ambiente y la salud humana, afectan no solo al terreno ocupado y colindante, también a la contaminación de las aguas (superficiales y subterráneas), a la propagación de contaminantes por el aire, y a los efectos perniciosos sobre la fauna que acude a las zonas de vertido y que puede transmitir a otras poblaciones de fauna y a las personas. El vertedero es la última opción legal del tratamiento de los residuos.
Sin embargo, la autorización no contempla ningún cambio en la gestión del CTR, prolongando una situación que beneficia únicamente: a las empresas concesionarias, la UTE (Urbaser- FCC), que cobra por toneladas entrantes; a los grandes productores de envases (que aglutina Ecoembes), que se ahorran la gestión de todos los envases que acaban en el vertedero; y a las empresas cementeras que, como en La Robla, están autorizadas a incinerar los envases y el rechazo de las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos.
La clave de una gestión eficiente de los residuos domiciliarios es la recogida selectiva de la materia orgánica o residuos biodegradables (más del 40% del total de los RSU que se producen en la provincia, según datos de Gersul). Sin embargo, en la documentación sometida a información pública, se da por hecho que la materia orgánica seguirá llegando al CTR mezclada con el resto; lo que seguirá impidiendo su transformación en compost y aumentando la proporción de rechazos, pues acabará en el vertedero el material bioestabilizado resultante del proceso que no puede utilizarse como enmienda de los suelos agrícolas.
La entrada en el CTR de los residuos mezclados, hace que los porcentajes anuales de material recuperado sean irrisorios, situándose, según los datos aportados por Gersul, en torno al 30% del total en peso de los residuos que se reciben y procesan cada año. Este porcentaje es muy superior al real, pues por un lado se obtiene a partir del peso total de los residuos entrantes, con alto contenido en agua que se evapora en el proceso, y por otro, contabiliza como recuperado el material bioestabilizado que acaba en el vertedero.
Ecologistas en Acción ha solicitado que el proyecto se adecúe a las tasas de reciclaje y compostaje establecidas en la legislación vigente (porcentaje que deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso antes del año 2020) y que limite la eliminación del total de los residuos municipales al 35% en 2020, tal como establece el PEMAR.
En consecuencia se ha pedido que se obligue al promotor Gersul a:
-Incorporar a la solicitud de autorización criterios de admisión de los residuos en el CTR que sean vinculantes para las empresas concesionarias de la explotación del CTR y para los productores de residuos (los ayuntamientos de la provincia de León) a fin de alcanzar los objetivos legales de reducción, reciclaje y compostaje de los residuos, teniendo en cuenta que dichos objetivos no se alcanzarán hasta implantar la recogida separada de la materia orgánica.
-Rediseñar el vertedero de acuerdo con los objetivos de reutilización, reciclaje y compostaje que limitan legalmente la posibilidad de eliminar los residuos mediante depósito en vertedero.
-Presentar, con la solicitud de autorización, el análisis económico exigido por el Real Decreto de vertederos, e incorporar al estudio de impacto ambiental el estudio de la alternativa 0.
También se ha pedido que se inste a CHD la revisión y modificación de la autorización de vertido que acompañó la autorización inicial del CTR en lo referente a las instalaciones de recogida y vertido de aguas residuales (balsas y depuradora de lixiviados) a fin de evitar la contaminación del dominio público hidráulico en general y del arroyo del Valle la Calzada en particular.
Y finalmente, que se pida al Ayuntamiento de San Justo de la Vega un nuevo informe de compatibilidad urbanística de manera que se permita al Ayuntamiento afectado intervenir de manera decisiva.
Ecologistas en Acción seguirá denunciando la gestión actual de los residuos, una gestión inaceptable por su impacto sobre la salud humana y el medio ambiente y por la enorme cantidad de recursos materiales y económicos que, en vez de servir al interés general, se ponen a disposición de las grandes empresas que gestionan los residuos.
La asociación seguirá demandando un cambio radical en la política de residuos que debe pasar por:
– Implantar la recogida selectiva de la materia orgánica.
– Apoyar la puesta en marcha de sistemas de retorno y devolución de envases.
– Elaborar y llevar a la práctica planes de prevención de residuos a fin de conseguir una importante reducción de la cantidad de residuos generados.
Fdo.: Junta Directiva de Ecologistas en Acción
