La Consejería de Empleo ha publicado en el Bocyl las bases reguladoras de la línea de ayudas para financiar los convenios con la Seguridad Social, que suscriban trabajadores de 55 años o más que provengan de empresas en crisis que han extinguido sus contratos por insolvencia o estar inmersas en un procedimiento concursal.
Las bases, publicadas hoy en el BOCyL, establecen el objetivo de la próxima publicación de la convocatoria de subvenciones que es la financiación, en el ámbito de la Comunidad, de las cuotas que tienen que ingresar aquellos trabajadores que con 55 años o más suscriban un convenio con la Seguridad Social, de cara a las aportaciones para su futura jubilación.
Estos trabajadores deben proceder de empresas que han sufrido un proceso de crisis económica, que ha derivado en la extinción de los contratos laborales tras una declaración de insolvencia o haber estado inmersa en un proceso concursal. Además los trabajadores beneficiarios deberán tener agotada la prestación contributiva por desempleo, proceder de una empresa con una antigüedad mínima de tres años, y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. La cuantía de la ayuda podría llegar a los 24 meses con el límite de 12.000 euros.
La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, firmada el 27 de enero de 2016 entre los agentes económicos y sociales y la Junta, tiene como objetivo mejorar los niveles de ocupación y reducir el desempleo, incrementando las posibilidades de empleabilidad de los ciudadanos, así como su acceso en las mejores condiciones posibles a los servicios de formación y orientación profesional, prestando una atención especial a las personas más necesitadas de apoyo y protección.
El Plan de Empleo desarrollado en la Estrategia Integrada centra actuaciones de inserción laboral para colectivos concretos y para el mantenimiento del empleo, donde se recogen medidas paliativas para trabajadores afectados por crisis empresariales con el fin de reducir los efectos negativos por la extinción de sus contratos.
