El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha suscrito esta mañana un protocolo de colaboración con las universidades de Burgos, León y Valladolid para la realización de actuaciones conjuntas relacionadas con el fomento de la investigación en el campo de la eficiencia energética y la gestión medioambiental, que incluye la implantación de sistemas de red de calefacción de distrito basadas en la utilización de biomasa forestal como combustible, la mejora de los sistemas de alumbrado y la optimización de residuos, así como el desarrollo educativo. El convenio con la Universidad de Salamanca se firmará próximamente. Todo ello se realizará en el marco de la II Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León 2016-2020 aprobada el pasado mes de junio en Consejo de Gobierno.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha firmado un protocolo de colaboración con el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez; el rector de la Universidad de León, Juan Francisco García; y el rector de la Universidad de Valladolid, Daniel Miguel San José, para la realización de actuaciones conjuntas en el ámbito de la gestión medioambiental. El protocolo con la Universidad de Salamanca se firmará próximamente.
El objeto de este acuerdo de colaboración, en el que participan la Fundación Patrimonio Natural y Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente), consiste en contribuir a la mejora de la gestión ambiental, especialmente en lo referido a la gestión de la energía y el aumento de la eficiencia con el cambio de los sistemas de alumbrado, la reducción del consumo y la implantación de sistemas de red de calefacción de distrito basadas en la utilización de biomasa forestal como combustible.
Estos protocolos establecen cuatro líneas de actuación complementarias: en primer lugar, la realización de estudios y análisis técnicos para implantar en las universidades redes de calor, alimentadas con biomasa forestal, cuyas ventajas ambientales derivan de su incidencia nula sobre el cambio climático y del aprovechamiento sostenible de un recurso natural producido en Castilla y León; en segundo lugar, la realización de programas de información y educación ambiental ligados a la gestión medioambiental de las universidades, así como para incorporar la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible en los currículos universitarios; en tercer lugar, la presentación conjunta de proyectos a convocatorias de financiación de I+D en el ámbito de las redes de calor, la biomasa y la eficiencia energética, aprovechando de esta manera las capacidades complementarias de las universidades y de la Administración autonómica; y en último lugar, se establece un marco para la realización de prácticas académicas de los alumnos en la Fundación Patrimonio Natural y en Somacyl, ambos entes dependientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a fin de que los alumnos tengan la oportunidad de contrastar las enseñanzas teóricas recibidas en la universidad con la realidad práctica de las mismas a la actividad de ambas entidades en el sector público.
La Universidad de Burgos creará y pondrán en marcha su Oficina Verde, mientras que las universidades de León y Valladolid potenciarán las actuaciones y el funcionamiento específico de su Oficina Verde u Oficina de Calidad Ambiental y Sostenibilidad, según los casos. El objetivo de estas oficinas es mejorar la gestión ambiental de la universidad, avanzar en la integración curricular del medio ambiente y la sostenibilidad, y promocionar la sensibilización ambiental de los universitarios.
Todo ello se realizará en el marco de la II Estrategia de Educación Ambiental para el periodo 2016-2020, aprobada el pasado mes de junio en Consejo de Gobierno, que busca convertirse en referencia para las actuaciones que en materia de educación ambiental se desarrollen en Castilla y León. El objetivo fundamental es concienciar a la población sobre la realidad ambiental y conseguir acuerdos sociales para adoptar modelos de conducta más sostenibles. La elaboración de esta estrategia ha contado con un alto proceso participativo en el que se han implicado más de 200 entidades entre administraciones públicas, escuelas de tiempo libre, ecologistas, centros docentes e instituciones relacionadas con la educación ambiental.
