La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha firmado hoy en Valladolid un contrato con el vicegobernador del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB, por sus siglas en inglés), Apolonio Ruiz-Ligero, por el que la entidad pública concede un préstamo de 160 millones de euros a Castilla y León, que se destinará íntegramente a inversiones de mejora en el ámbito sanitario con el objetivo de reforzar la calidad asistencial del servicio. Se trata de la tercera operación concertada por el Gobierno autonómico con esta organización financiera internacional, con sede en París, lo que eleva a 310 millones la financiación canalizada a la Comunidad para el desarrollo de proyectos.
Los recursos obtenidos en virtud del crédito rubricado esta mañana servirán para acometer obras en infraestructuras e instalaciones sanitarias y ampliar los equipamientos, tanto en Atención Primaria como en Especializada, así como para apoyar la investigación y la telemedicina.
La Junta ha estimado en 309 millones de euros el coste de estas medidas, que se ejecutarán con cargo a los presupuestos autonómicos del trienio 2016-2018. Del importe total, alrededor del 50 % se financiará a través del CEB, que al autorizar este préstamo ha valorado principalmente el impacto positivo derivado de estas inversiones sobre la calidad del servicio sanitario que presta la Comunidad.
En concreto, ha tenido en cuenta los beneficios en términos de mejora de la salud de la población, tras estudiar la estructura y evolución de la pirámide demográfica y analizar la demanda asistencial.
La disposición de los fondos se realizará por tramos. El primer desembolso está previsto para el último cuatrimestre de este año por un importe máximo del 50 % del total del préstamo, es decir, 80 millones de euros.
Financiación más barata que la obtenida por el Tesoro
El tipo de interés final aplicable, que podrá ser fijo o variable, se determinará en función de las condiciones definidas por la Comunidad en cuanto a vencimiento, carencia o forma de pago, siempre dentro de las posibilidades que ofrece el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, que para este contrato se concretan en un plazo máximo de amortización de 20 años, incluido un período de carencia de hasta cinco años en el reembolso del principal. En todo caso, se trata de condiciones muy ventajosas, con un coste inferior al que puede obtener la Comunidad en el mercado de deuda e incluso por debajo del alcanzable por el Tesoro Público de España a plazos equivalentes.
La operación se encuadra dentro de una de las tipologías de préstamos que concede este Banco denominada PFF (Public Sector Financing Facilities, en inglés), es decir, líneas de financiación dirigidas al sector público, que permiten cubrir las necesidades temporales de recursos para aquellos proyectos vinculados a sectores que gocen de elegibilidad para la entidad financiera multilateral.
El contrato de préstamo, suscrito en inglés, recoge el compromiso de la Comunidad de remitir al Banco informes de avances y de seguimiento de las inversiones con periodicidad semestral y anual, respectivamente, hasta el desembolso íntegro de los fondos concedidos, así como un informe adicional una vez concluido el proyecto.
Una relación fluida desde 2012
Castilla y León mantiene desde principios de esta década una relación fluida con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. En el año 2012 se firmó el primer préstamo con esta entidad por importe de 100 millones de euros, fondos que la Junta empleó en la ejecución de infraestructuras de abastecimiento y depuración de aguas y en actuaciones de prevención de incendios.
Esta cuantía se amplió en 2015 con una segunda operación de crédito concedida a favor de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) por un montante de 50 millones de euros, destinados a proyectos de eficiencia energética y tratamiento de aguas residuales. Actualmente, el riesgo vivo que el conjunto del sector público regional mantiene con el CEB asciende a 105 millones de euros.
El CEB es una organización financiera internacional creada en 1956 de la que forman parte 41 estados de los 47 que integran el Consejo de Europa, entre los que se encuentra España como cuarto accionista. Con sede en la capital francesa, goza de personalidad jurídica propia, tiene autonomía financiera y preserva una intensa cooperación con la UE y con otras instituciones internacionales, en especial con las de carácter financiero.
Su objetivo es prestar apoyo financiero, vía préstamos y garantías, a proyectos que contribuyan a mejorar la vida y la cohesión social en Europa. Sus actuaciones se centran principalmente en el refuerzo de la integración social, la gestión responsable del medio ambiente, las infraestructuras públicas para la prestación de servicios públicos esenciales y en el respaldo a iniciativas de pequeñas y medianas empresas (pymes).
