Con esta palabra califica la portavoz de LeC, Victoria Rodríguez, el encuentro mantenido ayer entre el Consejero Suárez Quiñones y todos los grupos políticos del Ayuntamiento.
Lo que, según León en Común, pretendía ser una reunión para pedir a la Junta más implicación para crear un parque público de viviendas, se convirtió en un alegato propagandístico de las supuestas excelencias de la Junta de Castilla y León en materia de vivienda. Además, el inusitado despliegue mediático demuestra que la intención del Consejero no era colaborar sino hacerse una foto y publicitar políticamente la Consejería que preside. Llama especialmente la atención el tratamiento mediático que ha tenido el encuentro, ya que el Consejero no anunció ninguna propuesta nueva ni nada concreto. Es más, nos recordó a los grupos políticos que las competencias en materia de vivienda las tiene la Junta y no el Ayuntamiento, y que por tanto no tenía ningún sentido ese supuesto parque público que pretendemos desde el Consistorio. También recibimos una regañina al preguntar por los pisos de la SAREB, el llamado banco malo, acusándonos de intencionalidad política.
Recientemente, esta sociedad y la Junta han firmado un convenio por el que la Junta, previo pago de 600.000 euros, alquila unas cien viviendas para ponerlas a disposición de las personas que los necesiten. Este hecho ha sido anunciado varias veces por el Consejero pero no se tiene noticia de cuál es la ubicación de esos pisos. Bajo una pretendida confidencialidad, en teoría para preservar la identidad de las personas usuarias y no estigmatizarlas, se oculta dónde están esas viviendas. Lógicamente no pretendemos saber la dirección exacta, pero sí al menos el código postal para saber cuántas hay en cada municipio. Es insultante que hablen de transparencia. Todo lo que rodea a la Junta y a la Sareb es bastante oscuro.
Hace ya ocho meses el Pleno del Ayuntamiento de León, a instancias de la Plataforma Stop Desahucios, aprobó por unanimidad la creación de un parque público de doce viviendas para hacer frente a situaciones de desahucios. A día de hoy aún no se ha creado ese parque, que debía conformarse con viviendas públicas del Ayuntamiento o de otras administraciones, además de incluir viviendas cedidas de las propias entidades bancarias. Así se pretendía involucrar a la banca en la resolución de un problema que está dejando en la calle a cientos de familias.
Entre los acuerdos aprobados en la moción se obliga al Ayuntamiento a elaborar un censo estadístico de las viviendas vacías de León propiedad de las entidades financieras y sociedades de gestión de activos inmobiliarios, incluida la SAREB. A mayores, el Consistorio debe crear una oficina de vivienda que se encargue de analizar los casos de desahucio y de realizar un seguimiento de las personas beneficiarias de las soluciones habitacionales. Por último, desde el equipo de gobierno municipal tiene que suscribir convenios con las Entidades Financieras que operan en nuestra ciudad, con el fin de que las mismas no procedan, en ningún caso, al lanzamiento de familias de vivienda única y habitual
En cuanto a la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento debe instar a la Consejería de Fomento a requerir a las entidades financieras y al SAREB a que aporten residencias a los fondos de vivienda pública existentes.
A día de hoy nos queda claro que ni el PP del Ayuntamiento ni el de la Junta tienen intención de hacer nada para parar los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda. El equipo de gobierno de Silván no ha movido ni un dedo para desarrollar los acuerdos del Pleno. En la reunión de ayer lunes, el Consejero no adoptó ni un solo acuerdo. Toda esta parafernalia sólo ha servido para que Suárez-Quiñones se haga la foto a la vez que hace oídos sordos a las necesidades de vivienda en León.
