Castilla y León ha recibido de media el 6,5 % de los fondos asignados por el modelo de financiación entre las 15 autonomías de régimen común desde su entrada en vigor en 2009 hasta el último ejercicio liquidado, 2014, un porcentaje que contrasta con la cuota del 7,3 % percibida con el anterior sistema, que reguló el reparto de recursos entre 2002 y 2008. El resultado es que la Comunidad ha visto reducido en más de un 10,4 % su peso relativo en la financiación autonómica, lo que demuestra que el modelo actual ha sido perjudicial para los intereses de los castellanos y leoneses. De hecho, es el segundo territorio más damnificado, solo por detrás de Extremadura.
Este análisis comparativo se ha realizado tomando como referencia la cuantía que han ingresado las comunidades sin aplicar su capacidad normativa, puesto que sumar estos fondos impediría contrastar las cifras en términos homogéneos, dada la ausencia de armonización fiscal entre territorios.
Por lo tanto, para este cálculo se ha excluido del cómputo la recaudación de los tributos cedidos –Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones, Juego y tasas por servicios transferidos–, la derivada del impuesto sobre determinados medios de transporte y la correspondiente a la tarifa autonómica del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
Conforme a los criterios anteriores, cabe concluir que el mejor ejercicio para Castilla y León fue 2010, cuando recibió el 6,65 % de los fondos distribuidos entre las autonomías, si bien cabe precisar que en este ejercicio se incorporaron plenamente los recursos adicionales que el Gobierno central había agregado al modelo de financiación un año antes, coincidiendo con la fecha de su aprobación. Por el contrario, 2012 marcó el peor registro para la Comunidad, ya que solo percibió el 6,4 % de los fondos totales.
La cuota castellana y leonesa de la financiación autonómica ha sido sensiblemente mayor en cualquiera de los ejercicios liquidados con el anterior modelo y ha oscilado entre el 7,43 % logrado en sus dos primeros años de aplicación -2002 y 2003-, y el 7,12 % en el último, 2008.
La Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica de la Consejería de Economía y Hacienda ha realizado estas mismas operaciones con el resto de comunidades de régimen común –todas salvo País Vasco y Navarra–, a partir de los datos oficiales de liquidación publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y ha calculado el promedio de la financiación recibida por cada una con cargo a los dos modelos más recientes.
Cinco comunidades ganan peso, entre ellas Baleares, Madrid y Cataluña
La primera conclusión que se obtiene es que cinco autonomías han ganado peso relativo con el actual sistema, destacando en primer lugar Baleares (un 27,1 %), seguida por Madrid (16,6 %), Cataluña (14,7 %), Comunidad Valenciana (3,4 %) y Murcia (0,6 %).
La mayor representatividad conseguida por estos cinco territorios ha ido en detrimento del resto, especialmente de Castilla y León y de Extremadura, cuyo retroceso en términos porcentuales alcanza los dos dígitos. En concreto, la comunidad extremeña ha visto caer su peso relativo sobre el conjunto de la financiación un 13,7 % con el actual modelo y Castilla y León, un 10,4 %.
Siguiendo este orden, a continuación se sitúan Canarias y Andalucía, que han cedido casi un 10 % cada una, Galicia (8,9 %), Asturias (7,8 %), Castilla-La Mancha (6,5 %), Cantabria (2,5 %), Aragón (2,3 %) y La Rioja (0,8 %).
La insuficiencia financiera del modelo
Con independencia del peso relativo que ganan cinco autonomías y pierden diez, una consecuencia común que han sufrido todas ha sido la insuficiencia financiera. Tomando como referencia 2010 –por ser el ejercicio en el que tienen sus efectos plenos los recursos adicionales incorporados al modelo– y 2014 –por tratarse del último ejercicio liquidado–, la disminución de fondos del sistema se cifra en 4.630 millones de euros, es decir, un 5 % menos.
Esta reducción es superior a la experimentada por el Producto Interior Bruto (PIB) de España, que en estos ejercicios de crisis se contrajo un 3,7 % en términos nominales. Por lo tanto, la segunda conclusión que puede extraerse es que la financiación de las comunidades autónomas ha perdido peso en relación con el tamaño de la economía nacional y ha pasado de representar el 8,6 % del PIB en 2010 al 8,5 % en 2014.
Otra comparativa interesante es la que resulta de ponderar los recursos del modelo con la recaudación total de los impuestos estatales que gestiona la Agencia Tributaria. Entre ellos se encuentran los que en diferente porcentaje alimentan el sistema –Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y los Impuestos Especiales– y los que aportan recursos que se queda el Gobierno central, fundamentalmente el Impuesto de Sociedades.
Estos ingresos fiscales se han incrementado un 9,7 % entre 2010 y 2014, al tiempo que el volumen total de fondos transferidos a las autonomías ha ido descendiendo. Como consecuencia de lo anterior, la tercera conclusión es que la financiación de las comunidades también ha perdido peso frente a la recaudación de los principales impuestos que pagan los ciudadanos, al bajar del 58,2 % en 2010 al 50,4 % cuatro años después.
Castilla y León pierde más de 456,6 millones entre 2010 y 2014
Esta insuficiencia de recursos se hace especialmente patente en el caso de Castilla y León, que ha visto recortada su financiación en 456,65 millones de euros entre 2010 y 2014, es decir, un 7,4 %. En concreto, los recursos definitivos asignados por el sistema a la Comunidad han retrocedido desde los 6.166,59 millones de euros hasta los 5.709,95 millones en el mismo periodo.
Una de las causas principales de esta pérdida de financiación se explica por las reglas de reparto definidas en la ley que regula el modelo, que otorgan un peso deficiente a las variables no poblacionales –como el envejecimiento, la dispersión o la baja densidad– pese a que estas determinan un coste mayor en la prestación de los servicios públicos fundamentales. En concreto, el único fondo en el que se computan estos criterios es el de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que supone menos del 10 % de los recursos totales del sistema.
Una muestra del mal funcionamiento del sistema es que Castilla y León ha mantenido en el 6,2 % su peso relativo en términos de población ajustada (es decir, ponderada con las variables no demográficas) respecto al total de autonomías entre 2010 y 2014 y, pese a ello, ha reducido su cuota de participación en la financiación del modelo del 6,7 % al 6,5 % en el mismo periodo.
Acuerdo de Comunidad
Las conclusiones anteriores evidencian que el sistema es insuficiente para cubrir el gasto de la prestación de los servicios públicos fundamentales en Castilla y León en condiciones de equidad y calidad, una premisa que sirvió como punto de partida para alcanzar un acuerdo de Comunidad entre la Junta, con el presidente Juan Vicente Herrera a la cabeza, y todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria el pasado 12 de abril.
El documento consensuado con todos los grupos de las Cortes comprometía la defensa de 14 principios ante la futura reforma del modelo de financiación autonómica que acometa el próximo Gobierno.
