Ni la plantilla del complejo, nil as personas que se acercan al mismo lo hacen por capricho y siguen sufriendo las consecuencias de ejemplo más claro de sumisión política a intereses empresariales que se puede sufrir en León.
También pedimos explicaciones por los rumores alrededor de intereses personales de uno de los concejales del Equipo de Gobierno en la UTE que ha sido designada por el administrador concursal. Un concejal que ya no tiene participación en una de las dos empresas agraciadas pero que igualmente aparece como valedor de esta “oferta” en muchos mentideros de la ciudad.
El Equipo de Gobierno PP-Cs ya quedó en evidencia y con todos los informes técnicos en contra cuando intentaron negociar de tapadillo una subida del 78% de las tarifas de este aparcamiento. Gracias a la presión social y que la maniobra se hizo pública antes de imponerse en Junta de Gobierno Local, se pudo evitar otra cacicada, que como se ha visto no ha tenido consecuencias por mucho que amenazase el Concejal responsable de la negociación en su momento.
Lo que parece haber quedado en el olvido son las medias verdades o las mentiras lanzadas en su momento contra la movilización para evitar tarifazo y que permitió cruzarse de brazos y permitir que ese aparcamiento siga siendo privado y otro ejemplo de los abusos que algunos empresarios nos imponen con la complicidad de la política.
Para empezar se hablaba de una indemnización de cerca de 30 millones de euros en caso de recuperar la gestión del aparcamiento. En esta cifra se ocultaba que esa inversion sumaba el dinero destinado al Hotel construido en suelo público y el aparcamiento de gestión privada. Igualmente se ha ocultado que la deuda generada se puede repercutir en un 100% al Hotel, PORQUE EL APARCAMIENTO GENERA BENEFICIOS. Por tanto recuperar el aparcamiento apenas habría supuesto un coste porque sus beneficios serían una fuente de ingresos muy apreciable para el municipio, a poco que se pensase con la cabeza y no en favor de los intereses de empresarios amigos.
Además de todo lo anterior y dado que por suerte el concepto de nulidad de pleno derecho ha empezado a escucharse en el ayuntamiento de León, es necesario poner encima de la mesa que la clausula octava de los pliegos de condiciones de la concesión del parking, reiteramos que solo el parking y para nada el Hotel por mucho que apetezca mezclarlo como el lote elaborado por el juez, es una clausula que obliga a dar exclusividad al aparcamiento privado y obliga al ayuntamiento a evitar, prohibir y hasta a poner barreras de todo tipo en los alrededores del complejo hospitalario. Este acto de sumisión política intolerable a un empresario se mantiene con los nuevos propietarios. El Ayuntamiento debe solicitor un informe técnico que analice si esta clausula invalida este contrato. De ser así no se necesitaría pagar ninguna indemnización por recuperar la infraestructura.
Para terminar dejar claro que si es falso el argumentario desplegado para que todo siga igual, también hay un último recurso para terminar con la discriminación a los vecinos y vecinas de León, que supone sufrir un parking privado con derecho de pernada para evitar el aparcamiento incluso en barrios como La Asunción y La Inmaculada: la Junta de Castilla y León es titular del Hospital, por tanto el SACYL puede negociar la adquisición del parking, que tiene beneficios, si la cobardía municipal (o cualquier otro interés particular) se mantiene como hasta ahora
