Pero esto no es suficiente, de igual modo que el Equipo de Gobierno PP-Cs se ha resistido hasta el final para cambiar el callejero, este mismo PP está saboteando a la justicia que pretende terminar de cerrar heridas haciendo que los culpable de delitos de lesa humanidad paguen por sus crímenes.
La resolución de Naciones Unidas 47/133, adoptada en la asamblea general celebrada el 18 de diciembre de 1992, aprobó la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, señalando que afectan a los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad.
Y en ese contexto, en nuestro país vivimos en una gravísima anomalía democrática e histórica. Tras la dictadura franquista, en el Estado español, no hubo ruptura con el entramado político de la dictadura, sino que comenzó el que ha sido conocido como «pacto de silencio».
Con al menos 143.353 desaparecidos y desaparecidas, según la investigación de la Audiencia Nacional en 2008, España es el segundo país del mundo en cifras absolutas de desaparecidos. Tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica del gobierno de Zapatero, según un estudio del CIS la mayoría de los encuestados consideraba que los restos de las víctimas deberían identificarse y trasladarse a un cementerio. De ellos, el 83% opinaba que el Estado debería ser el encargado de esta tarea. Tal y como han hecho otros países tras conflictos bélicos o regímenes dictatoriales, se debería sufragar y planificar de forma sistemática la localización y recuperación de miles de cuerpos que se encuentran enterrados en fosas comunes con un protocolo de actuación multidisciplinar en el que cooperen arqueólogos, antropólogos físicos y, por supuesto, en el que exista presencia judicial que atestigüe la existencia de un crimen.
En la misma dirección, en noviembre de 2013, el Comité de las Naciones Unidas sobre la desaparición forzada emitió un informe que expresaba preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo, e instaba al estado español a cumplir con la obligación de buscar a los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura franquista, recomendando a las diferentes administraciones públicas españolas que asignaran los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes para ello.
Amnistía Internacional recuerda en su informe “El tiempo pasa, la impunidad permanece”, que la ausencia de investigación de los crímenes de la guerra civil y del franquismo constituye un incumplimiento por parte de España de su obligación de poner fin a la impunidad y de garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación en el caso de crímenes de derecho internacional.
En este sentido, recientemente se registró en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria de apoyo al proceso judicial conocido como “querella argentina”, causa que instruye la jueza de ese país María Servini.
La iniciativa consiste en la petición de comparecencia de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, para que explique por qué pretende impedir que los juzgados españoles tomen declaración a las víctimas e imputados en el citado procedimientopara determinar si los crímenes cometidos durante la dictadura franquista pueden considerarse de genocidio y lesa humanidad.
La orden dada por la Fiscalía se canalizó a través de una instrucción de obligado cumplimiento remitida el pasado 30 de septiembre para que los representantes del ministerio público en todos los juzgados actúen para suspender esas declaraciones. Decisión que pone de manifiesto, a nuestro entender, la clara vinculación de la Fiscalía con el Gobierno, dado que en este procedimiento coinciden todas las decisiones y argumentos de ambos. La insostenibilidad en un sistema constitucional de esta dependencia Fiscalía-Gobierno es manifiesta a todas luces.
El primer afectado en la práctica de esta orden fue Gerardo Iglesias, fundador y ex coordinador general de Izquierda Unida, además de ex secretario general del PCE, al que recientemente se impidió declarar en un juzgado de instrucción asturiano en relación a las torturas que sufrió durante la dictadura franquista sin darle ninguna explicación formal del motivo de ello.
Se da también la circunstancia de que esta suspensión de declaraciones alcanza también a las que deberían hacer la casi veintena de cargos y representantes del franquismo imputados en Argentina por sus responsabilidades durante la dictadura. La Fiscalía alega para ello la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, la supuesta prescripción de los delitos y el argumento de que el franquismo, en caso de poder ser juzgado, debería serlo en nuestro país y no en ningún otro como Argentina.
El argumento de la Ley de Amnistía o la supuesta prescripción de los hechos no pueden servir para evitar la declaración de testigos, como es el caso. Que los hechos hayan sido amnistiados o estén prescritos es algo que tendrá que decidir el juez, a la vista de las investigaciones y actuaciones pertinentes, entre ellas la declaración de los testigos. Esto no puede utilizarse de antemano por la Fiscalía para, precisamente, impedir la investigación. La amnistía y la prescripción se declaran al final del proceso, no en su inicio.
Tenemos la oportunidad después de más de 35 años de desatar lo tan bien atado, porque esta no es una cuestión del pasado: la recuperación de la memoria histórica como la lucha por garantizar la reparación, justicia y la verdad dice mucho de nuestro presente pero, sobre todo, de nuestro futuro; habla de lo que somos pero, sobre todo, de lo que aspiramos a ser, es un compromiso por la democracia.
Por todo ello, reprobamos públicamente la acción de intento de obstrucción a la justicia por parte de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, y animamos a los Grupos Municipales a sumarse, porque obstruye una investigación judicial realizada en el marco del Tratado de cooperación y asistencia judicial firmados por España y Argentina y porque su actitud obstruccionista puede situar al Estado español en una posición vulneradora de este y otros acuerdos internacionales. Exigiendo a su vez al Congreso de los Diputados que exprese públicamente el apoyo al proceso judicial conocido como la “querella argentina” y que adopte las medidas oportunas para impedir que se siga obstaculizando el ejercicio de la justicia ante un caso de crimen de lesa humanidad como lo es la represión sistemática ejercida por el régimen franquista a lo largo y ancho del Estado español.
