José Antonio Diez Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y en nombre del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de León desea someter a la consideración del Pleno la siguiente
Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La pobreza energética hace alusión a aquella situación en la que se encuentran las personas o los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas básicas, esenciales para unas condiciones dignas de una vida normal. También se alude a la pobreza energética cuando estos hogares se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética lo que les lleva a carencias en otros aspectos de su vida.
La situación, según los datos recogidos por la Encuesta de Presupuestos Familiares –EPF- y la Encuesta de Condiciones de Vida que publica el Instituto
Nacional de Estadística revelan que uno de cada diez hogares se encuentra actualmente en esta situación en el país y se trata de un fenómeno en crecimiento debido a las consecuencias y secuelas de la crisis, a la falta de empleo o prestaciones de desempleo y, también, al encarecimiento de la factura eléctrica.
Los últimos datos de la Encuesta, publicados por el INE y correspondientes al 2015, revelan que en Castilla y León un 26% de los hogares no pueden hacer frente a los gastos imprevistos, un 5% han sufrido retrasos o tienen deudas en el pago de los gastos básicos como hipoteca, luz o calefacción, además un 1,5% admiten no poder comer carne o pescado de forma habitual y un 6% admiten que no pueden tener su vivienda calefactada.
Eso implica que, según los datos del instituto oficial, podemos hablar de que un 23% de la población de la comunidad se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
El número de desempleados en el municipio de León sigue rebasando los 10.000, una cifra a la que hay que añadir que la mitad de ellos no reciben ningún ingreso tras agotarse las prestaciones y las ayudas asistenciales. No obstante, no son estas personas las únicas vulnerables ya que según los últimos datos publicados la mitad de los jubilados de León confiesa tener graves dificultades para llegar a final de mes y un 38% de los pensionistas leoneses no percibe ni 750 euros mensuales. Además, un tercio de los asalariados de la provincia de León percibe un salario neto inferior a los 330 euros mensuales. Con estos puntos de partida, la situación se hace especialmente grave en aquellas familias con menores en las que las necesidades se hacen más acuciantes y la ausencia de ingresos conlleva riesgos más importantes.
La pobreza severa afecta, según datos del último informe de Cáritas León, a más de 3.000 familias en la provincia, que reúnen a más de 25.000 personas, una cifra que no se reduce en los últimos años y que tiene consecuencias especialmente graves por la cronificación de las necesidades y los perjuicios de una situación continuada en el tiempo.
Por otro lado, el Estado español es el tercer país de la UE27 con los precios de la electricidad más cara, tras Malta y Chipre. Según datos de Facua, hechos públicos esta semana, la factura eléctrica que pagan los consumidores ha subido más de un 24% en los últimos meses, y tiene un peso cada vez más alto no sólo en el gasto diario de un hogar sino que ha llevado a la subida del
IPC. Solo desde el año 2008, la factura eléctrica en los hogares españoles ha subido un 53% pasando de un media de 500 a más de 790 euros anuales. Eso ha generado un repunte en el crecimiento de los cortes de luz por suministro que superaron el medio millón en los hogares españoles el pasado año, según admiten algunas de las compañías eléctricas sin que exista un registro oficial de estas situaciones.
La falta de una normativa nacional que regule y armonice las ayudas para evitar la pobreza energética así como las reticencias del Partido Popular a arbitrar medidas o ratificar propuestas que redunden en la solución de los problemas hace que solo exista, como paliativo, el bono social aprobado por el
Gobierno Zapatero en 2009 que garantiza un descuento del 25% de la tarifa para casos y requisitos marcados.
Por ello, el creciente número de familias que se encuentra en situación de pobreza hace inaplazable en opinión del PSOE se adopten medidas para garantiza el suministro básico de agua, luz y gas a todas las personas que no puedan hacer frente a las facturas, generando cortes que conllevan carencias incompatibles con una vida en condiciones dignas. Así, un informe elaborado por Cruz Roja destaca que la pobreza energética tiene un impacto profundo en la vida de las personas y puede influir en su esperanza de vida y en el agravamiento de las enfermedades crónicas. Se estima que la pobreza energética puede ser responsable de más de 2.300 muertes prematuras anuales frente a las 1.400 que causan los accidentes de tráfico. Las consecuencias de la pobreza energética son múltiples: la falta de calefacción y
agua caliente afecta a la higiene, la salud, y a menudo la mortalidad y el sobrendeudamiento y, por supuesto, el aislamiento y la exclusión social.
El PSOE ha venido apoyando en el Parlamento Nacional cuantas medidas se han presentado tanto por iniciativa propia como por iniciativa de otros grupos parlamentarios mientras que el PP, en el Gobierno, ha rechazado muchas de estas iniciativas condenando a millones de personas a una vida de pobreza y exclusión.
El Ayuntamiento de León cuenta, desde hace muchos años, con un plan de ayuda de emergencia social en el que se podrían encardinar todas estas ayudas, pero la complejidad para acceder a ellas, los requisitos solicitados y la falta de información sobre estas ayudas hacen que, como en los últimos años, una parte de la partida quede sin asignar.
No obstante, el crecimiento del número de las familias que acuden al Banco de Alimentos en demanda de ayuda básica para comer, así como el incremento y la cronificación de la pobreza y las necesidades que atienden organizaciones sin ánimo de lucro en León como Cáritas o Cruz Roja nos llevan a pensar que tras las cifras conocidas existen muchísimos casos más de pobreza energética que quedan sin atender y centenares de hogares que pese a sus claras necesidades no acuden a los registros municipales para demandar ayuda o información. En este grupo podemos incluir aquellas personas mayores que residen solas en sus hogares y que carecen de información sobre la existencia de recursos para paliar su situación de pobreza o necesidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León propone la adopción de un protocolo de actuación en el consistorio para contribuir a erradicar todos los casos de pobreza energética así como a paliar los efectos que ésta genera en los residentes en León.
El Defensor del Pueblo Andaluz en un completo informe de oficio sobre la pobreza energética destaca las bases para un protocolo explicando que las soluciones al problema de la pobreza energética requiere fundamentalmente de la confluencia de tres factores: la identificación de las personas y familias en situación de vulnerabilidad energética; la existencia de un procedimiento que evite los cortes de suministro a estas personas cuando no puedan pagar sus facturas; y la existencia de financiación para atender al pago de estos suministros. Por ello, propone un acuerdo autonómico al que podrían sumarse todos los ayuntamientos y que facilitaría mucho los trámites para las familias vulnerables. El protocolo ante situaciones de pobreza energética debería, a su juicio, incluir las siguientes determinaciones:
– definición de que debe entenderse por consumidor vulnerable;
– supuestos en que debe garantizarse el suministro en caso de dificultad de pago
– procedimiento a seguir por el Ayuntamiento y la empresa suministradora ante una situación de riesgo de corte de suministro por impago
– forma de financiación del suministro garantizado en caso de impago.
Dicho protocolo debería venir acompañado de la elaboración de un convenio marco que podría ser suscrito por la administración autonómica y las empresas suministradoras y en el que se delimitarían las responsabilidades que cada parte asumiría en relación con la aplicación de dicho protocolo. Este protocolo y este convenio marco permitirían solucionar el grave problema de la pobreza energética, de una forma rápida y eficaz, mientras se produce la aprobación de la norma que debe venir a regular de una forma sistemática y con vocación de permanencia la garantía de la ciudadanía a acceder a unos suministros mínimos vitales.
A la espera de los distintos protocolos y cambios normativos de protección de los hogares vulnerables, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de León propone el siguiente protocolo propio de actuación de ámbito municipal, similar al aplicado en otros municipios.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
- Exigir al Gobierno de España la aprobación de una Ley de medidas para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar e incluya mecanismos que prime el ahorro y penalice el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos. Igualmente, en la citada Ley se establecerán medidas para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura como disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio justo. Se creará el bono social para aquellos hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de exclusión social, estableciéndose una tregua invernal e impidiendo el corte de suministro a estas familias.
- Instar al Gobierno de España a establecer un “suelo social”, reconocido como derecho vital para dar solución a las situaciones de pobreza energética y a la angustia de muchas familias que no pueden pagar sus facturas.
- El Ayuntamiento de León elaborará un plan contra la pobreza energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas:
El Ayuntamiento impedirá los cortes de suministro por impago de agua hasta que no se conozca por los servicios sociales la situación económica de los hogares respectivos.
El Ayuntamiento solicitará todas las compañías suministradoras que no se proceda al corte de suministro por impago de electricidad y gas hasta que no se conozca y determine por los servicios sociales municipales la situación de los hogares.
El Ayuntamiento pagará todas aquellas facturas de luz, agua y gas de todas aquellas familias que se encuentren sin ningún tipo de ingreso o con la renta mínima de inserción social.
Se creará una ventana administrativa en los servicios sociales municipales con el fin de atender con carácter prioritario aquellas solicitudes de personas y hogares a las que se corte agua, luz y gas por impago.
Se incluirá una partida presupuestaria suficiente para el año 2017 independiente de las ayudas de emergencia social para atender con carácter prioritario estas situaciones.
5.- De esta moción se dará traslado al Gobierno de España y la Junta de Castilla y León.
Grupos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
Federación Regional de Municipios y Provincias.
Asociaciones de Vecinos y Consumidores de León.
