El III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León 2017-2020, aprobado hoy en Consejo de Gobierno, recoge las principales líneas estratégicas, prioridades y modalidades de la cooperación de la Comunidad en el marco temporal de los próximos cuatro años. El plan fija tres prioridades transversales que deben impregnar todas las intervenciones: el enfoque en derechos humanos, el enfoque de género y el enfoque medioambiental sostenible.
Este Plan pretende ser el marco en el que se desarrollen todas las actuaciones de cooperación que lleven a cabo las administraciones y los agentes de cooperación, contribuyendo así a la eficacia de todas las acciones.
Este es el motivo por el que el Plan se ha elaborado de manera conjunta entre todos los agentes de cooperación de Castilla y León. En concreto, esta labor, que se inició en febrero, se ha llevado cabo a través de cuatro grupos de trabajo en los que han participado representantes de las ONG para el Desarrollo, de la Coordinadora de ONGD en Castilla y León, de las organizaciones empresariales y sindicales, de las universidades, de las Cortes de Castilla y León, de las administraciones locales y de las diferentes consejerías de la Junta de Castilla y León, y ha sido refrendada por el Consejo de Cooperación al Desarrollo de Castilla y león.
El objetivo general del Plan Director recoge los alineamientos con la Agenda 2030, aprobada por Naciones Unidas, y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), centrándose en la lucha contra la pobreza en todas sus formas y dimensiones y contra las causas que la generan, así como la promoción del desarrollo humano sostenible a nivel global.
Ayuda humanitaria
En esta de actuación, el III Plan Director se concentra en tres líneas de trabajo prioritarias: las intervenciones de emergencia ante situaciones de necesidad derivadas de desastres naturales, con especial atención a los movimientos de población, desplazados y refugiados; las intervenciones dirigidas a situaciones de crisis cronificadas, con especial atención a las condiciones generadas por los conflictos armados; y las intervenciones dirigidas hacia una acción humanitaria preventiva, focalizada en el fortalecimiento de la capacidades de actores locales en contextos propensos a las crisis humanitarias.
Cooperación económica no reembolsable
El compromiso por el desarrollo se materializa también a través de la cooperación económica no reembolsable y la cooperación técnica. En relación a ellas se han presentado las prioridades geográficas que, de acuerdo con la propuesta realizada por los agentes de Castilla y León, se concretan en los siguientes países: Senegal, Burkina Faso, Tanzania, Mozambique, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Perú e India. Desde el punto de vista geográfico, se incluye, además, una prioridad específica al señalar que deberá destinarse el 25 % de la ayuda oficial al desarrollo a los países del África subsahariana.
En esta modalidad de intervención se ha abordado un nuevo planteamiento para ordenar las prioridades sectoriales fijándose esas prioridades en función de los derechos humanos que se pretenden reforzar. Así, los agentes de cooperación para el desarrollo de nuestra Comunidad han priorizado seis derechos humanos de entre los derechos económicos, sociales y culturales, que son aquellos que se dirigen a garantizar unas condiciones de vida digna a las personas: derecho a la alimentación, al agua y saneamiento, a la educación, a la salud, a la vivienda adecuada y a una vida adecuada.
Educación para el Desarrollo y la ciudadanía global
En lo que se refiere a la Educación para el Desarrollo y la ciudadanía global en Castilla y León, se refuerza esta modalidad de intervención, dando continuidad a los procesos iniciados en el II Plan Director, y concentrando sus esfuerzos en desarrollar en los ciudadanos conocimientos, habilidades, valores y actitudes que permitan abordar los problemas globales que nos afectan y promover los Derechos Humanos. En este Plan también se pone un especial énfasis en el fomento del voluntariado como agente de transformación social y en la sensibilización en los centros educativos para promover ciudadanos corresponsables y solidarios.
A su vez, el III Plan incorpora una distribución de recursos entre las diferentes modalidades de actuación de cooperación. Así, señala que deberá destinarse a la cooperación económica no reembolsable y cooperación técnica, al menos, un 78 % del total de las cantidades destinadas a Cooperación para el Desarrollo; al menos un 7 % a Educación para el Desarrollo y la ciudadanía global; y, al menos, un 7 % a la ayuda humanitaria. Todo ello sin que los gastos administrativos de gestión superen el 5 %.
