Santos alerta de la posible privatización del Servicio
El Procurador de UPL, Luis Mariano Santos Reyero, ha presentado varias preguntas para su respuesta por escrito, a la Mesa de las Cortes, interesándose por el centro residencial de protección de menores El Alba-Santa María de León.
El centro, dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, tiene una gestión público-privada desde el 2014, cuando la Gerencia y la Compañía de las Hijas de la Caridad firmaron un Convenio de colaboración para la prevención de la marginación, el acogimiento, guarda y atención de menores con expediente de protección dependientes de los servicios de protección a la infancia de las distintas gerencias territoriales de servicios sociales, a través de la residencia de acogida.
En los últimos tiempos la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha decidido reducir el número de trabajadoras fijas, de 10 a 6, desplazando a tres personas a otros centros y amortizando una de ellas, apostando una vez más por la privatización de un servicio público.
El pasado 9 de noviembre, la Junta de Castilla y León convocó una reunión informativa en base a la adecuación de los puestos del personal laboral fijo (T.S.E.I.), a la que asistieron los representantes de la Gerencia de Servicios Sociales de Valladolid y de León, miembros del Comité de Empresa de León y todas las trabajadoras del centro. En ella se informó de que el criterio (objetivo) para seleccionar al personal que sufriría la movilidad sería la antigüedad en el centro de trabajo desde la última incorporación.
En vista de las citaciones realizadas para la movilidad, dos de las tres personas afectadas no se corresponden con el criterio establecido por la Administración.
Por ello, Santos ha preguntado a la Junta cuál es el motivo para que la Gerencia haya decidido la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, desplazando a tres personas a otros centros, y qué criterio se ha seguido para la selección de estas trabajadoras y no otras, en lo que parece un claro incumplimiento de la legalidad laboral vigente. Ha preguntado por el número de centros de gestión público-privada que existen en Castilla y León y cuántos tienen convenio con la Junta, ante la sospecha de que el tipo de gestión que se utiliza en León nada tiene que ver con la que se está desarrollando en el centro de Salamanca por ejemplo, totalmente público. Y, por último, ha preguntado quiénes desempeñan la dirección orgánica del centro, ante el temor a que la misma pueda estar siendo ejercida por una institución privada.
