El primer paso será asegurar que todos los grupos políticos analicen los posibles incumplimientos de contrato de la empresa consesionaria y desde este punto recuperar la gestión pública dinamitada en su momento por el PSOE.
Ahora que existe tan buena relación entre el Alcalde y su homónimo de Valladolid no estaría de más asumir los aspectos más positivos y sociales en vez de compartir sonrisas y folclore como hasta ahora.
IzAb defiende el derecho humano al agua y al saneamiento, y que el agua no es una mercancía. Por ello impulsa la gestión pública del abastecimiento y saneamiento, y las luchas sociales contra la privatización. Defendemos el acceso universal al agua bajo principios de eficacia social y ambiental y bajo control democrático. Los gobiernos deben abandonar las aventuras fallidas de mercantilización del agua y la privatización de sus servicios.
La Resolución 64/292 del año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce el derecho al agua y al saneamiento como esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Los Gobiernos de todos los ámbitos deben proporcionar este suministro limpio, accesible y asequible para todos.
El derecho al agua tiene dos facetas, al menos. Por un lado la libertad de acceso al recurso vinculado a la satisfacción de las necesidades vitales; y por otro el que se deriva del derecho al suministro domiciliario de agua potable. Esta última, la que implica la prestación de un servicio que debiera ser responsabilidad exclusiva de los poderes públicos, obliga a éstos a garantizar determinadas prestaciones imprescindibles para satisfacer las necesidades vitales, tal y como recogen los artículos 18.1.g) y 26.1 de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, que avalan sentencias de tribunales supremos regionales, como la sentencia núm. 817/1999 de 24 septiembre del TSJ de Castilla y León
Los ayuntamientos venden los servicios públicos. Venimos de la burbuja inmobiliaria y vamos hacia la burbuja del agua que se levanta beneficiando solo a la empresa concesionaria que olvida sistemáticamente hacer la inversión donde se debiera, que es en mejorar las infraestructuras que garanticen el mejor servicio de agua posible para el municipio. De hecho se ha regalado el 49% del servicio de aguas, entregando la gestión completamente, con unos pliegos de condiciones declarados ilegales por sentencia judicial, que ha provocado la creación de una tasa por la reparación de obras que legitima la ilegalidad manifiesta de imponer el cobro de obras en la red de abastecimiento a las comunidades de propietarios que en ley son responsabilidad de la empresa conxcesionaria.
Unido a esto, la falta de un ente regulador que supervise la concesión permite entrar en procesos menos garantistas, menos transparentes, pero el principal problema es que los ayuntamientos privatizan para hacer caja. De ese modo, el agua se ha convertido en un activo financiero con el que especular. Especular de una manera que provoca que las subidas en la tasa sea una constante dos veces al año.
Instituciones como el Banco Mundial ha hecho un llamado a “repensar” las políticas de privatización, al reconocer los problemas de regulación relacionados con los proveedores multinacionales de agua, y al ver los efectos de un modelo de prestación de servicios con fines de lucro prevalentes sobre trabajadores, familias de bajos ingresos y el medio ambiente.
El Tribunal de Cuentas español, en su Informe 1.010 de fiscalización del sector público local, asegura que la gestión pública directa de los servicios básicos como el agua, la recogida de basura y la limpieza viaria cuesta mucho menos al ciudadano que una vez privatizado. Los ciudadanos pasan a ser clientes y los servicios de acceso universal tan sólo accesibles para quienes puedan pagarlos. Las empresas pueden pasar a tener impunidad absoluta para cortar el suministro a quien no puede pagarlo. Por esto, IzAb quiere avanzar en una regulación específica que garantice que este servicio no será cortado o minimizado bajo ningún pretexto: NINGUNO
Con el proceso privatizador existen aspectos que no toleramos:
- Las empresas concesionarias pueden rebajar la oferta económica que hacen al ayuntamiento porque donde encuentran el verdadero negocio no es en el agua, si no en las obras de infraestructura, el ladrillo asociado al agua, que, SIN PASAR POR NINGUNA MESA DE CONTRATACIÓN, son adjudicadas a sí mismas y que, una vez realizadas, deben pagar los vecinos vía reducción de canon, vía aumento de tasas mediante modificaciones tarifarias en las ordenanzas para que los usuarios paguen el agua más caro. Esta circunstancia ha provocado la creación de una Tasa que se nos cobra a cada ciudadano y ciudadana de León por las obras en la red que legaliza de forma torticera actuaciones que no debe pagar ningún habitante de la ciudad.
- Esta falta de transparencia en la adjudicación impide el control de gastos. Las obras de infraestructura acaban siendo demasiado caras, repercutiendo negativamente en la economía de los vecinos del municipio. El ayuntamiento no presta el debido control, no se preocupa de conseguir presupuestos más ajustados, optando por la comodidad de dar la obra a la empresa que gestiona el servicio. Solo tiene en cuenta el sacrosanto equilibrio financiero de las cuentas de la empresa, olvidándose de si los vecinos y vecinas pueden hacer frente al pago del recibo. En la mayoría de los casos, no contemplando algún tipo de bonificación o exención del pago en las ordenanzas que regulan el precio del agua y que debieran estar aprobadas para el beneficio de los vecinos y vecinas, que no el de las empresas.
- Perder el control del servicio implica perder el control de la calidad del mismo. El personal que pasa a la empresa privada, o el personal que contrata dicha empresa tendrá unas condiciones laborales peores, dando, por lo tanto, una peor calidad del servicio. Además, el control de calidad del agua la hace la misma empresa pudiendo deducir, en general, que lo que evalúan será siempre de calidad adecuada, salvo que para asegurarse el equilibrio financiero tengan que realizar determinadas obras de infraestructuras con la excusa de mejorar la calidad de las aguas.
Además, con la privatización no se establece ninguna “entidad auditora” que evalúe si lo contenido en el contrato se cumple o no, y puede resultar fácil que determinados preceptos en materia de obras o mejoras no se realicen, lo que podría suponer un incumplimiento de contrato y causa de ruptura justa y gratuita. En el caso de León los pliegos de condiciones son ilegales por sentencia del TSJCYL.
Deben ser los poderes públicos quienes gestionen los derechos de los ciudadanos, y el agua es uno de los derechos esenciales. El objetivo de la remunicipalización estará en la perspectiva de futuro más inmediato en los municipios. Entendemos que la gestión de los derechos de los ciudadanos debe estar en manos públicas, que es la manera de garantizar que ese derecho se administra con justicia social, de forma igualitaria y que asegure nuestros derechos y obligaciones.
Por todo lo expuesto, traemos al pleno del ayuntamiento de León la siguiente moción para llegar a los siguientes ACUERDOS:
- Crear una comisión formada por todos los grupos para determinar si han existido o no por parte de la empresa concesionaria incumplimientos tales que el contrato pueda quedar resuelto. Han pasado ya más de 4 años de la concesión y la jurisprudencia permite revocar el contrato aprobado por el PSOE y defendido hasta hoy por el PP.
- Iniciar el proceso de recuperación del servicio de abastecimiento de agua para el municipio de León y localidades de otros limítrofes, como Varlverde de la Virgen y Villaquilambre, iniciando todos los trámites administrativos necesarios para ello.
- En tanto en cuanto se produce este proceso de reversión de concesión, y en caso de que sea necesario realizar alguna obra de acondicionamiento general o especifica del servicio, se proceda a la licitación abierta para la obtención del servicio más eficaz y eficiente, permitiendo así establecer un proceso de transparencia en los gastos del ayuntamiento.
- Mientras dura el proceso de cambio de titularidad del servicio, el ayuntamiento de León se compromete a no modificar el régimen tarifario del abastecimiento del agua contemplado en las ordenanzas municipales
- Acordar que el suministro del agua no será cortado bajo ningún concepto a ningún vecino de León, hasta revertir el contrato de concesión que se establecerá la forma jurídica adecuada para asegurar este derecho ciudadano
- Elaborar un inventario de bienes y personal relacionados con el servicio de abastecimiento de agua en el municipio de León con el fin de preparar la mejor adecuación una vez se haya producido la reversión del contrato.
- Establecer un carácter progresivo de las tarifas, para evitar despilfarros de un bien escaso bonificando el ahorro y un uso responsable del agua.
