Explicando luego que el Consejero de Educación de CyL aumenta la interinidad profesorado, pero lo hace no convocando las 800 plazas pendientes con la excusa de que no ha «habido tiempo» por falta de la Ley de Presupuestos, cuando otras Comunidades Autónomas sí lo han hecho. Lo que no hay es «voluntad política» para defender la Educación Pública, -que es para lo que está como consejero- mientras prosigue con su desmantelamiento a la vez que se potencia la privada.
Y así vemos como León figura de nuevo a la cabeza de la comunidad autónoma en los recortes educativos con esas 31 plazas perdidas. Recortes educativos que el PP ha aplicado en todas las provincias, salvo en Valladolid, que gana 13 plazas. Y además es segunda, tras Salamanca (20), en el cierre de unidades educativas (17).
El recorte de profesionales de la educación y unidades escolares en León afecta sobre todo al medio rural, pero también a la capital misma a Ponferrada. Esto es lo que el PP entiende por calidad en educación: imponer a la comunidad educativa recortes en el derecho a la educación pública, mientras sigue alentando y financiando aulas y centros privados, con el dinero de todos. En ningún momento el PP ha querido ver ni tener en cuenta en nuestra provincia la dispersión de población, la importancia del asentamiento de población en el medio rural, que necesita más que nunca reforzar los ciclos formativos de formación profesional media y superior si queremos que nuestra provincia no sea un foco de emigración por falta de oportunidades.
Desde Izquierda Unida vemos con mucha preocupación este recorte en el empleo público en educación, un sector que garantiza la formación de nuestras futuras generaciones y el futuro de nuestra provincia, así como la cohesión social. No podemos admitir que mientras el PP rescata a la banca, las autopistas en quiebra y favorece los beneficios multimillonarios de las grandes eléctricas a costa de todos, impongan recortes educativos que hacen primar los criterios económicos sobre los educativos. Queremos el dinero público para los servicios públicos.
Castilla y León ha perdido ya 1.500 profesionales de la educación desde el inicio de la crisis y no se puede garantizar ninguna calidad educativa de la que tanto se quiere presumir si el profesorado tiene que trabajar cada vez en peores condiciones, con más hacinamiento de alumnado en las clases, sin apoyos y recursos para atender a la diversidad o sin sustituciones inmediatas en las bajas.
Eloina Terrón
Coordinadora Provincial de Izquierda Unida de León
