Las entidades locales podrán arrendar durante cinco años las tierras y los beneficios que obtengan deberán destinarlos a finalidades que beneficien a la generalidad de los agricultores de la zona, especialmente a la conservación de las infraestructuras agrarias.
La Consejería de Agricultura y Ganadería ha firmado esta mañana con 35 ayuntamientos, juntas vecinales y entidades locales menores de la provincia de León convenios de colaboración a través de los cuales les cederá 600 hectáreas de tierras sobrantes de los procesos de concentración parcelaria.
De esta forma, la Junta de Castilla y León cede el uso de estas masas comunes a las entidades municipales que lo han solicitado por un periodo de cinco años para que las arrienden, de manera preferente, a jóvenes, mujeres o entidades asociativas de la localidad o colindante. Las rentas obtenidas deberán destinarse a finalidades que beneficien a la generalidad de los agricultores de la zona, especialmente a la conservación de sus infraestructuras agrarias.
Una vez finalizado el plazo de arrendamiento, las fincas podrían pasar al Banco de Tierras, prorrogarse la situación mediante la formalización de nuevos convenios o adjudicarse directamente a estas entidades municipales o, en su caso, a otras corporaciones como las comunidades de regantes.
Esto permitirá a los ayuntamientos beneficiarse de las masas comunes, lo que redundará en todos los habitantes del municipio, posibilitando, además, disponer de una reserva de fincas para favorecer nuevas incorporaciones al campo, uno de los compromisos de legislatura, y cumpliendo, a la vez, los preceptos de la Ley Agraria.
Por otra parte, se da así cumplimiento al contenido del Reglamento de Concentración Parcelaria que prevé la cesión o adjudicación a las entidades locales de las masas comunes de tierras integradas por las fincas sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de reemplazo. A este respecto, hay que recordar que el nuevo texto reglamentario enfoca el tratamiento de las masas comunes bajo el punto de vista de la utilidad pública, previendo siempre su utilización para finalidades que redunden en el colectivo de los agricultores y habitantes de la zona.
Estas tierras sobrantes de concentraciones parcelarias o masas comunes se detraen de la superficie total a concentrar en cada zona, para disponer de un fondo de superficie para compensar a los beneficiarios de la concentración en caso de necesitar subsanar errores.
El plazo de disposición para la Consejería de Agricultura y Ganadería de estas masas comunes está establecido en la Ley de Concentración Parcelaria de Castilla y León y debe ser de, al menos, tres años desde la firmeza del Acuerdo de concentración parcelaria. Transcurrido ese plazo, la Administración autonómica dispondrá de estas tierras sobrantes para destinarlas a finalidades que beneficien a la generalidad de los agricultores de la zona o para adjudicarlas al municipio, entidad local menor, comunidades de regantes u otras entidades o corporaciones de derecho público que agrupen a una parte sustancial de los participantes en la concentración.
Actualmente, en la provincia de León existe una superficie concentrada de 486.858 hectáreas y 119.377 hectáreas reconcentradas, y se están iniciando los procesos y trabajando en diez zonas de concentración parcelaria que suman una superficie a concentrar de otras 18.479 hectáreas.
Zonas y beneficios
La Consejería de Agricultura y Ganadería tiene contabilizadas en Castilla y León y pendientes de tramitar 131 solicitudes de cesión de fincas que constituyen las masas comunes de procesos de concentración parcelaria finalizados por parte de los ayuntamientos, juntas vecinales, entidades locales menores y, excepcionalmente, por algunas comunidades de regantes. Estas solicitudes afectan en toda la Comunidad a más de 3.150 hectáreas.
La formalización de los convenios pondrá a disposición de estas entidades una serie de fincas para su explotación y puesta en valor mediante su cultivo, con la consiguiente generación de riqueza para los agricultores y el beneficio ambiental que conlleva su aprovechamiento, limitando su degradación, la multiplicación de malas hierbas y plagas y los fenómenos erosivos en estos terrenos.
El seguimiento en el cumplimiento de las condiciones de los convenios lo llevará a cabo una comisión mixta que se creará para tal fin entre la Junta de Castilla y León y los representantes municipales que han solicitado las masas comunes.
Las concentraciones parcelarias, uno de los tres ejes del Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León junto con la modernización de regadíos y los nuevos regadíos, aportan importantes beneficios para la competitividad del sector agrario, para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales y para el medio ambiente. Como ejemplo, en las zonas concentradas se gasta entre un 25 % y un 30 % menos de combustible, lo que supone un ahorro de costes y, por lo tanto, mejora la competitividad de las explotaciones, y beneficia al medio ambiente (se reducen las emisiones de CO2 entre un 25 % y 30 %).
En cuanto al beneficio socioeconómico se ha demostrado que en las zonas concentradas se incorporan un 40 % más de jóvenes y la inversión privada para modernizar es un 36 % superior a zonas no concentradas.
