El plan de sustitución de vehículos convencionales por eléctricos en el parque móvil de la Administración autonómica, impulsado por la Consejería de Economía y Hacienda a través del Ente Regional de la Energía (EREN), ha sido seleccionado por la Oficina Española de Cambio Climático como Proyecto Clima en la última convocatoria del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2). Esta iniciativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) reconoce las buenas prácticas desarrolladas en España por entidades públicas o privadas que conllevan una reducción de emisiones contaminantes y las premia con una compensación económica. Castilla y León ha asumido en la primera fase el objetivo de renovar 21 coches, iniciativa por la que recibirá una compensación equivalente a las emisiones que se dejarán de emitir a la atmósfera.
La catalogación de Proyecto Clima implica, por un lado, el reconocimiento a su promotor por contribuir a la transición hacia un modelo productivo bajo en carbono y, por otro, el abono de una cantidad económica durante cuatro años por la responsabilidad demostrada con la sostenibilidad del medio ambiente. Este compromiso queda refrendado en el contrato de compraventa de reducciones verificadas de emisiones de gases de efecto invernadero que han firmado esta semana en Madrid el director general de Energía y Minas y del EREN, Ricardo González, y la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui.
La Junta ha previsto para la fase inicial del proyecto la incorporación a su flota de 21 vehículos eléctricos y/o híbridos enchufables, lo que requerirá una inversión de 700.000 euros, entre los gastos de compra y mantenimiento. Considerando un rodaje medio anual por coche de 12.000 kilómetros, el ahorro máximo estimado en emisiones se cifra en 180 toneladas de dióxido de carbono (CO2) hasta el 31 de diciembre de 2020.
No obstante, la convocatoria del Proyecto Clima determina que un organismo externo acreditado se encargará de verificar cada 31 de mayo hasta 2021 los resultados del cierre del ejercicio inmediatamente anterior. El motivo es que uno de los requisitos exigidos para ser beneficiario del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible es que la disminución de emisiones generada sea medible y, por tanto, computable en el inventario de gases de efecto invernadero de España.
El precio por tonelada de CO2 reducida está tasado por el MAPAMA en 9,7 euros para 2016 por lo que, si el precio no varía y se cumplen los parámetros indicados para el objetivo de esta primera fase, Castilla y León puede llegar a percibir 1.746 euros con cargo a este programa estatal.
Una iniciativa que se enmarca en la Estrategia de Eficiencia Energética
La iniciativa del EREN ahora reconocida por el Gobierno se enmarca en la Estrategia de Eficiencia Energética 2016-2020, que se abrirá a la participación ciudadana a través de Gobierno Abierto la próxima semana. Este documento plantea un abanico de medidas para reducir el consumo energético y las emisiones de dióxido de carbono, que están en consonancia con la Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea y con la iniciativa europea de la Unión por la Energía.
Uno de sus apartados está dedicado al transporte, capítulo en el que se incluye el plan de sustitución de coches propulsados por gasolina o diésel por otros basados en tecnologías más limpias y eficientes. En este sentido, el EREN ha identificado 204 vehículos como prioritarios para el cambio en la flota autonómica por otros que ofrezcan menores consumos y emisiones. Por el momento, se han incluido 21 en la fase inicial del Proyecto Clima, cuya ejecución se inició el pasado mes de septiembre con la adquisición de cuatro utilitarios, dos Renault Zoe y dos Nissan Leaf. Sin embargo, la convocatoria del MAPAMA permite ampliar este objetivo en los próximos cuatro años, de manera que si la Comunidad renovase los 204 coches inventariados la compensación por las emisiones evitadas podría ascender hasta 17.500 euros.
La renovación del parque móvil de la Junta se complementa con otras medidas en materia de movilidad sostenible, como la implantación de una red básica de estaciones de recarga que en 2020 estará constituida por 147 puntos ubicados en diferentes inmuebles de titularidad autonómica.
Con iniciativas como esta, Castilla y León reafirma su compromiso de impulsar y promover la transición hacia una economía verde desde su ejemplo como Administración pública.
