El Pleno el Consejo Regional de Medio Ambiente, que se ha reunido esta mañana, ha conocido los informes sobre diversas propuestas y reformas legislativas que está tramitando actualmente la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, entre ellas, los decretos que regulan los recursos micológicos y el Reglamento de Pesca, además del Anteproyecto de Ley de Medidas de Reducción de Cargas Administrativas Para la Dinamización Empresarial.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado esta mañana al Pleno del Consejo Regional de Medio Ambiente, el primero que se constituye tras el nuevo decreto de enero de 2017 que regula su funcionamiento, el estado de tramitación de diversas propuestas y reformas legislativas en materia económica, relativas al medio natural y prevención ambiental.
Entre ellas, el Pleno ha conocido el Proyecto de Decreto por el que se regula el recurso micológico en Castilla y León, cuya principal novedad radica en intentar dar, por primera vez en España, un tratamiento integral a la micología y al sector económico y social ligado a la misma. Se trata de la primera norma autonómica tramitada a iniciativa conjunta de cuatro consejerías diferentes, Fomento y Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Sanidad y Cultura y Turismo.
El proyecto de decreto que regula el recurso micológico silvestre en Castilla y León incorpora un régimen de conservación general para los hongos silvestres como elemento de nuestro patrimonio natural y un régimen específico como recurso forestal, que contempla la opción de declarar parques micológicos fomentados y coordinados por la administración autonómica.
El texto ya ha estado sometido a información pública y está pendiente de los informes preceptivos del Consejo Económico y Social y Consultivo, entre otros órganos, antes de ser aprobado finalmente por el Consejo de Gobierno.
El proyecto de Decreto que regula el Reglamento de Pesca también ha sido presentado al Pleno del Consejo ya que, una vez aprobada la Ley de Pesca en 2013, se hace necesario aprobar el reglamento de desarrollo para concretar con mayor detalle las líneas de actuación señaladas en la ley, así como determinados aspectos técnicos y procedimentales.
El Fondo de Mejoras en los montes catalogados de utilidad pública, el Plan de Acción para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados y la modificación del decreto de Caza han sido otros contenidos incluidos en el orden del día del Pleno del Consejo referidos al Medio Natural.
El Consejo Regional de Medio Ambiente ha conocido también el Anteproyecto de Ley de Medidas de Reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial, cuyo objetivo es favorecer la implantación de empresas en Castilla y León. Las modificaciones de mayor calado referidas al Medio Natural hacen referencia a los aprovechamientos maderables y leñosos en montes no gestionados por la administración autonómica, reduciendo plazos y notificaciones de autorizaciones y comunicaciones.
En este mismo marco de medidas para la dinamización empresarial, el Consejo ha conocido dos modificaciones legislativas relativas a la prevención ambiental en relación a la industria agroalimentaria y a las instalaciones ganaderas, modificando el régimen de comunicación siempre que cumplan unos criterios medioambientales básicos y mínimos y todo ello con independencia de otras normas básicas que determinan la necesidad de otorgar permisos a estas instalaciones.
Entre los criterios de las agroalimentarias están el establecimiento de valores límite de emisión a la atmósfera y aguas, entendidos estos por defecto de los que se establezcan en normas básicas del estado.
Respecto al de ganaderas, se establecen criterios de distancias a elementos sensibles tanto para la ubicación de la actividad como para el esparcimiento de las deyecciones ganaderas, criterios para efectuar este esparcimiento en los campos, y otras condiciones estructurales orientadas a la minimización de los efectos sobre el medio ambiente de estas actividades.
El Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León es un órgano colegiado de carácter consultivo en materia de medio ambiente, que tiene como fin servir de lugar de encuentro y participación de los sectores implicados en la elaboración, consulta y seguimiento de las políticas ambientales orientadas a promover la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Está formado por representantes de las administraciones central, autonómica y local, universidades, sindicatos, organizaciones agrarias, empresariales, asociaciones y grupos ecologistas, federaciones de caza, pesca y forestales y organizaciones de consumidores y usuarios.
