Desde que el Ministerio de Justicia adoptó la decisión, siendo pionera la ciudad de León, cuando habitualmente en lo que resulta bueno no somos pioneros, la digitalización y las comunicaciones telemáticas en el ámbito de la administración de Justicia y la administración con los profesionales de la Justicia, en un intento posterior de implantar el papel cero, se ha visto que al habitual colapso y retraso en la administración de la Justicia para los ciudadanos se ha unido el caos organizado por unas plataformas informáticas absolutamente tercermundistas, no testeadas debidamente y no adecuadas a los equipos informáticos facilitados a los funcionarios que ven, con desesperación, cómo día a día no son capaces de realizar con un mínimo de tranquilidad su trabajo y lo que resulta más grave, con la desaparición digital de documentos, con la imposibilidad de visionado en las vistas de los juicios de los documentos e incluso con su inexistencia a disposición de los magistrados, lo que ello implica la absoluta inseguridad jurídica y un malestar generalizado tanto en los funcionarios, Jueces, Magistrados y Letrados de la administración, como de los ciudadanos que acuden a los tribunales.
Desde UPL instamos tanto a sindicatos de la administración de Justicia, a las asociaciones de jueces y magistrados y asociaciones de letrados de la administración de Justicia, colegios de abogados y procuradores, que levanten su voz de una forma conjunta para que todas estas irregularidades, desatinos y desajustes que redundan en la falta de calidad en el trabajo de todos los colectivos y en el derecho a la administración de Justicia de los ciudadanos, sean denunciadas ante el Ministerio de Justicia y exigimos al mismo que depure las debidas responsabilidades en quienes han adoptado decisiones no sólo sin el debido consenso de todos los implicados en la administración de Justicia, sino lo que resulta más grave, sin el debido testeo y comprobación de un funcionamiento correcto de todos los sistemas informáticos y de gestión antes de ser implantados, solicitando se asuman responsabilidades por parte del Ministerio de Justicia con las dimisiones que correspondan, incluidas las de quien figura a la cabeza, el ministro de Justicia.
