El Consejo de Gobierno ha analizado y estudiado el Anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera de Castilla y León, presentado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con el fin de dar respuesta a las necesidades de movilidad derivadas de las características territoriales y demográficas de la Comunidad. Así mismo la Ley se adapta a la nueva organización del territorio derivada de la normativa de ordenación servicios y gobierno del territorio de Castilla y León y supone una adaptación a la normativa europea y básica estatal, y ordenará una regulación adaptada a las nuevas realidades, resultando un sistema de transporte de viajeros eficiente y competitivo. La Junta considera que la modernización del sistema de transporte es clave para lograr el progreso social y económico de la Comunidad.
El Anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera que prepara la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, cuyo informe ha conocido hoy el Consejo de Gobierno, recoge el reconocimiento legal del transporte público de viajeros por carretera como un servicio esencial y universal. Así mismo, pone en primer plano al ciudadano regulando por primera vez un catálogo de derechos de los usuarios de cuya tutela se responsabiliza a la Administración. Se propicia la incorporación de las nuevas tecnologías para la gestión de los servicios y de las infraestructuras y una mejora en la información dirigida a los ciudadanos, junto por una apuesta por la calidad en el transporte.
El nuevo texto legislativo pretende garantizar un sistema eficiente, seguro, moderno y de calidad, y dar respuesta a la realidad de Castilla y León, con más de 6.000 núcleos de población, 190 operadores y 300 títulos concesionales, todo ello con el máximo aprovechamiento de los recursos.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente justifica también la necesidad de aprobar una nueva ley de transporte de viajeros por carretera por razones de eficiencia y movilidad derivadas de las peculiaridades territoriales y demográficas de Castilla y León, con una extensión territorial de 94.000 km2, la más grande de España; una baja densidad demográfica, 27 habitantes por kilómetro cuadrado, la tercera más baja de España ;una amplia dispersión geográfica, el 80 % de la población vive en el 12 % de los municipios; y el envejecimiento acusado, especialmente en el medio rural, lo que determina una mayor dependencia del transporte público.
La futura ley permitirá diseñar una red de infraestructuras que responda a criterios de modernización, confort y seguridad, en las que puedan implementarse acciones e instrumentos para su sostenimiento, financiación y gestión.
Al mismo tiempo existen razones jurídicas que hacen obligatoria la adaptación a la nueva normativa estatal y europea, de un lado, y a la propia legislación autonómica, de otro, con la aprobación de la ley 7/2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. A efectos de la aplicación al modelo de ordenación del territorio de Castilla y León, la presente ley distingue el diseño de la movilidad en las áreas funcionales estables caracterizadas por la alta concentración de población y de actividad económica, donde concurre un interés metropolitano y la necesidad de coordinación entre los distintos modos de transporte (urbano e interurbano). Distingue unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, caracterizadas por la dispersión y baja densidad poblacional, donde concurre un interés de la Administración por fijar población mediante la garantía de la movilidad de las personas que residen en estas zonas, posibilitando el acceso a los servicios básicos y la interconexión o transbordo con los servicios de transporte que acceden a las capitales de provincia o a centros urbanos de mayor entidad. Regula también la movilidad en la red de espacios naturales promoviendo la accesibilidad a la misma y la compatibilidad con su régimen de explotación.
Así mismo, la nueva norma agrupará en un solo texto todas las competencias de la Comunidad en materia de transporte de viajeros, que ahora recoge la ley de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León, aprobada en 2002, y que es necesario reemplazar.
Además confluye el próximo vencimiento en 2019 del actual sistema ‘concesional’ de transporte público regular interurbano de viajeros que, por imperativo del derecho comunitario, no se puede prorrogar.
En este sentido, destaca como novedad la regulación de los contratos zonales, como fórmula más adecuada para la prestación de los servicios en Castilla y León y constituyéndose en tipo contractual de referencia en la explotación de este servicio público, propiciando que el transporte de uso especial (escolar) se preste a través del sistema concesional de transporte de uso general. Esta medida conllevará un significativo incremento de la oferta de servicios a los ciudadanos y una mejor asignación de recursos dedicados a los mismos, tanto en lo que se refiere a su financiación como al material rodante.
La nueva norma incorpora el Transporte a la Demanda y supone el reconocimiento legislativo de este sistema de gestión del transporte público, un referente en España que ha demostrado su utilidad es ámbitos territoriales de difícil cobertura, permitiendo que los ciudadanos de las áreas rurales, tengan los mismas oportunidades para acceder a los servicios que disfrutan los habitantes de las ciudades y que ha significado un hito en esta Comunidad Autónoma por su alto nivel de desarrollo tecnológico.
La propuesta legislativa elaborada por el Gobierno de la Comunidad incluye también la regulación del régimen de autorizaciones y licencias para el transporte urbano en autobús y taxi y para los servicios de transporte turístico. Respecto al ámbito de planificación y coordinación, está prevista la creación de una serie de instrumentos, entre ellos, un mapa de ordenación de trasportes, consorcios de transportes, planes de movilidad sostenible y áreas territoriales de prestación conjunta en materia de taxis.
Por otro lado, la nueva ley incluye la regulación de las infraestructuras complementarias al transporte, declarando su “publicatio“, e incorporando el régimen aplicable a las estaciones de transporte de viajeros por carretera como principal elemento auxiliar de transporte. Así mismo, procederá a un reconocimiento legal, a nivel autonómico, de las Juntas Arbitrales de Transporte y del Consejo de Transportes de Castilla y León y regulará el régimen de inspección, infracciones y sanciones.
El modelo actual de transporte público de viajeros presenta una red de servicios articulada, la mayoría de los casos, en largos itinerarios que conectan con la capital de provincia o áreas funcionales, y expediciones con escasa ocupación, lo que determina una baja o deficitaria rentabilidad que dificulta su mantenimiento, por lo que se hace necesario aportar fondos públicos para garantizar la supervivencia del sistema. En los últimos cinco años, la Junta de Castilla y León ha realizado un importante esfuerzo financiero, de más de 68 millones de euros, en concepto de ayudas a los servicios de transporte público de viajeros deficitarios. En este sentido, una de las novedades que recoge la futura ley es un régimen de financiación del transporte público para asegurar su sostenibilidad económica y financiera, algo destacable dado que España es uno de los escasos países de la Unión Europea que carece de una norma específica en la materia.
El anteproyecto de ley se someterá a participación ciudadana a través de diferentes cauces de comunicación y de los preceptivos trámites de audiencia e información pública. Además de lo anterior, será informado por el Consejo de Transportes de Castilla y León como órgano superior de asesoramiento, consulta y debate sectorial en todos aquellos asuntos que afecten a la política general de transportes de Castilla y León, lo que garantiza que la propuesta normativa sea debatida y analizada desde el diálogo y el máximo consenso empresarial y social.
En su fase final, y tras remitir el texto el resto de las consejerías de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, será informada por el Consejo Económico y Social dada la trascendencia socio económica de la norma, y además se someterá a dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León como garantía de respeto del ordenamiento jurídico.
