La procuradora socialista por León María José Díaz-Caneja registrará una batería de iniciativas en Las Cortes exigiendo copia del modelo y formula del contrato de servicio, así como una lista de preguntas escritas a la Consejera de Familia e Igualdad
María José Díaz-Caneja: “Exigimos a la Consejera de Familia e Igualdad que rectifique inmediatamente. El modelo que quiere implantar la Junta es un ataque sin precedentes a un servicio público que ha de ser intocable”
“Llevar la batalla parlamentaria hasta el final” así de contundente define la procuradora del PSOE leonés – María José Díaz-Caneja – la batería de iniciativas que está preparando, y que prevé registrar esta próxima semana en las Cortes de Castilla y León, con el fin de revertir la fórmula de privatización con que la Junta prevé prestar el servicio de acogida de menores en León.
Atendiendo a esta premisa, la procuradora leonesa solicitará de manera oficial la copia de los expedientes de contratación de la nueva fórmula de gestión de servicio que la Junta de Castilla y León está imponiendo en el centro de acogida de menores de León. De igual manera, María José Díaz-Caneja registrará una batería de preguntas escritas donde le exigirá a la Consejería de Familia e Igualdad que rectifique de manera inmediata. “El modelo que quiere implantar la Junta es un ataque sin precedentes a un servicio público que ha de ser intocable” insiste la parlamentaria leonesa.
El objetivo de estas iniciativas parlamentarias es poder obtener una respuesta oficial de la Junta de Castilla y León donde la Consejería explique el porqué de esta decisión y muestre “sin oscurantismos” los motivos que llevan a la administración autonómica a sustituir a técnicos profesionales por congregaciones religiosas. De esta manera desde el PSOE leonés se dará traslado a las Cortes de una denuncia que ya hizo pública el sindicato UGT León, tras la reunión mantenida entre partido y sindicato esta misma semana.
“Queremos que la Consejera explique porqué se privatiza un servicio cediéndoselo a una congregación religiosa a la que se le aportan casi 200.000 euros anuales, mientras se destruye el empleo público que existía y que aportaban técnicos superiores en educación infantil, personal formado y cualificado para desempeñar esta materia” denuncia la procuradora Díaz-Caneja, quien insiste en pedirle a la Consejera de Familia e Igualdad que “rectifique” y no cometa un “atropello” sin precedentes en el “desmantelamiento” de un servicio que “ha de seguir siendo público”.
