La caja de los ingresos de un Estado no es chicle. Las políticas fiscales y económicas que conllevan los presupuestos del PP para 2017, que condenan a la pobreza incluso trabajando, se ven agravadas todavía más si en vez de aumentar la fiscalidad sobre las grandes fortunas, saca de nuestros menguados impuestos para pagar el apoyo a los mismos en el Parlamento con el silencio cómplice del presidente de nuestra Comunidad.
El PP pregona la unidad nacional, pero luego la vende por los votos, con el dinero de todos y todas.
La caja de los ingresos de un Estado no es chicle, que se estira y se estira. Si hay unos ingresos y éstos se reparten de manera tan desigual, y con unos criterios tan poco justos, lo que se está potenciando es la desigualdad entre comunidades y regiones. Unas, a las que se potencia y otras a las que se empobrece, como es la de Castilla y León, y por ende, nuestra provincia.
La provincia de León está en declive económico, con una tasa de paro por encima de la media de nacional, a la cabeza también de pérdida de población, con el desmantelamiento del sector energético y el cierre de minas o centrales como la de Compostilla. Pero la política del PP sólo se preocupa de conseguir votos que saque adelante sus PGE. Aumenta el presupuesto económico para algunas comunidades autónomas en detrimento de otras. No en función de las necesidades sociales de esas comunidades y sus poblaciones. Sino en función de la “compra” de votos para sacar adelante unos presupuestos que condenan a toda la población a más recortes y más precariedad de vida y de empleos. Nos parece indignante. Porque la caja es común, y si se aumenta en un lado, se reduce y recorta en otro.
Los presupuestos generales del Estado para 2017 no abordan la necesaria reforma fiscal para tener más ingresos y una mayor redistribución de la riqueza. Justo al revés, siguen cargando la presión fiscal sobre las rentas del trabajo. No es casualidad por eso que, debido a estas políticas, el número de millonarios en España aumente más que en cualquier otro país. Desde que estalló la crisis financiera, en 2008, el número de millonarios españoles se ha incrementado un 50%, precisa el estudio XX informe Mundial de la Riqueza (World Wealth Report) difundido por la consultora Capgemini.
Unos 15.000 españoles entraron a formar parte de este exclusivo club de millonarios durante el año 2015. Estos nuevos ricos convirtieron a España en el país de Europa donde más aumentó proporcionalmente el número de grandes fortunas. Algo que contrasta escandalosamente con la creciente precariedad en el mercado laboral español de los últimos años y con el avance de la desigualdad.
Las reformas laborales y las políticas económicas y fiscales, no solo no están resolviendo el desempleo, sino que están provocando un aumento de la pobreza, extendiendo el fenómeno de los trabajadores pobres, es decir, quienes a pesar de trabajar no salen de la situación de pobreza, ya que no es solo el desempleo el causante de la desigualdad, lo es también la devaluación de los salarios y la falta de la redistribución de la riqueza. Hoy tener un trabajo en España, ya no condición es suficiente para escapar de la pobreza, ya que un 15% de las personas trabajadoras siguen siendo pobres.
Pero no se plantean estos presupuestos luchar contra el fraude fiscal para lo cual se necesitaría más profesionales del servicio de inspección de Hacienda, sino que el PP sigue recortando también este servicio de inspección, alejándose de lo que es en otros países europeos. Pero, eso sí, prioriza los gastos en el ministerio de defensa, es decir en la guerra, frente al gasto social.
Con este panorama es totalmente indignante los agravios comparativos que el PP está realizando, con el fin de conseguir apoyos para la aprobación de unos presupuestos Generales del Estado que van en la línea de más austeridad para la población y más desigualdad. Si además ese reparto no va en función de las necesidades de las Comunidades, de los ciudadanos y ciudadanas, de las diferentes situaciones y necesidades de las comunidades, sino en función de la necesidad de apoyos y votos de un partido que esté en una situación tan tocada por la corrupción, es francamente inadmisible.
Eloina Terrón. Coordinadora Provincial de Izquierda Unida de León
