La noticia de la imputación de la dirección de la Vasco en el momento del accidente deja en evidencia el comportamiento de la empresa, que finalmente provocó la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio.
Una vez la justicia parece haber encarrilado y centrado las responsabilidades penales, que esperamos supongan una condena ejemplar es necesario poner sobre la mesa las responsabilidades políticas en el contexto generado por el PP durante los años 2012 y 2013 en el sector, cuyas últimas consecuencias sufrimos en forma de desmantelamiento del carbón nacional en nuestras comarcas mineras. Ha afirmado Adelina Rodríguez, Coportavoz de IzAb CyL
IzAb debe recordar que los recortes iniciados por el PP, el incumplimiento del Plan del Carbón, hurtando a las cuencas el 63% de las inversiones y ayudas comprometidas, incluyó igualmente la desaparición de las partidas destinadas a la prevención de riesgos laborales en el sector. De hecho el número y gravedad de los accidentes en la mina crecieron exponencialmente coincidiendo con la desaparición de estas paritdas en los presupuestos generales del Estado.
IzAb quiere señalar que las competencias propias en materia de inspección y preveción de riesgos laborales son también una competencia propia de la Junta de Castilla y León. El sumario judicial deja bien a las claras que los responsables políticos de la comunidad autónoma no pueden aducir ignorancia en una situación que anunciaba a gritos el desenlace fatal y contra el cual no se tomó ninguna medida contra la empresa.
Desde IzAb consideramos que la justicia y la exigencia de responsabilidades políticas debe ir en paralelo y es evidente, es sangrante, que sea imposible no concluir que el PP, a nivel estatal vía recortes, vía autonómica incumpliendo sus obligaciones son corresponsables de este accidente. Ninguno, ninguno significa ninguno, de los responsables de la Junta en materia de minería deberían permanecer en sus puestos por esta causa, sea en el sector o en cualquier otra responsabilidad política, por decencia política, por vergüenza y por ser colaboradores indirectos del drama de seis familias a causa de su política liquidadora de un sector estratégico para este país. Ha concluido Alberto Novoa, Coportavoz de IzAb CyL
