El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha presidido esta mañana la reunión del Consejo de Cooperación Local donde se ha tenido conocimiento del Anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera de Castilla y León y de la Estrategia de Eficiencia energética.
El Consejo de Cooperación Local de Castilla y León tiene entre sus principales funciones informar sobre los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones administrativas de carácter general que afecten a las entidades locales de Castilla y León. Por este motivo, hoy el Gobierno autonómico ha presentado ante este organismo el Anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera y la Estrategia de Eficiencia energética.
El Consejo de Cooperación Local ha conocido, en primer lugar, el Anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera de Castilla y León, que tiene como finalidad configurar un transporte de proximidad en el ámbito rural que facilite la accesibilidad de los habitantes a los servicios básicos y su relación con los centros urbanos de mayor entidad, para que los ciudadanos de las áreas rurales tengan las mismas oportunidades que los habitantes de las ciudades.
En este sentido, los recursos que la Administración Autonómica destine al transporte público regular interurbano de viajeros de uso general se dirigirán preferentemente a asegurar la accesibilidad universal a estos servicios en todo el territorio de la Comunidad, con independencia del lugar de residencia de los ciudadanos.
El anteproyecto regula por primera vez un catálogo de derechos de los usuarios de cuya tutela se responsabiliza a la Administración. Con ello se pretende garantizar un sistema eficiente, seguro, moderno y de calidad, aprovechando al máximo los servicios públicos.
Esta ley toma como referencia el Modelo de Ordenación del Territorio de Castilla y León, por lo que distingue el diseño de la movilidad en las áreas funcionales estables, caracterizadas por la alta concentración de población y de actividad económica, donde concurre un interés metropolitano y la necesidad de coordinación entre los distintos modos de transporte -urbano e interurbano-. Así distingue también unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, caracterizadas por la dispersión y baja densidad poblacional, donde concurre un interés de la Administración por fijar población mediante la garantía de la movilidad de las personas que residen en estas zonas, para posibilitar el acceso a los servicios básicos y la interconexión o transbordo con los transportes que acceden a las capitales o a centros urbanos de mayor entidad. Esta normativa regula también la movilidad en la red de espacios naturales promoviendo la accesibilidad a la misma y la compatibilidad con su régimen de explotación.
El anteproyecto agrupará en un solo texto todas las competencias de la Comunidad en materia de transporte de viajeros y regulará únicamente aquellos aspectos imprescindibles del transporte público que necesitan de una cobertura específica en Castilla y León, previéndose expresamente para el resto la supletoriedad de la legislación estatal. El texto legal regula aspectos propios de los servicios de transporte público de viajeros por carretera tanto interurbanos que discurran íntegramente por el territorio de la Comunidad, como urbano en autobús y taxi con especial referencia la regulación del régimen de autorizaciones y licencias para este tipo de transporte.
Asimismo, lleva a cabo un detallado desarrollo de la planificación y coordinación del transporte público entre administraciones y entre modos. Está prevista la creación de una serie de instrumentos, entre ellos, un Mapa de Ordenación de Trasportes, consorcios de transportes, planes de movilidad sostenible y áreas territoriales de prestación conjunta en materia de taxis. Una de las principales novedades es la regulación de los contratos zonales, como fórmula más adecuada para la prestación de los servicios y constituyéndose en tipo contractual de referencia en la explotación de este servicio público, propiciando que el transporte de uso especial (escolar) se preste a través del sistema concesional de transporte de uso general. Así, los contratos zonales serán la tipología preferente de contrato en la explotación de los servicios de transporte público regular interurbano de viajeros por carretera de uso general y emplearán como zona de referencia las Unidades básicas de ordenación y servicios del territorio. Esta medida conllevará un significativo incremento de la oferta de servicios a los ciudadanos y una mejor asignación de recursos.
Por último, la nueva norma incorpora el Transporte a la Demanda lo que supone el reconocimiento legislativo de este sistema, un referente en España, que ha demostrado su utilidad, permitiendo que los ciudadanos de las áreas rurales tengan las mismas oportunidades para acceder a los servicios que disfrutan los habitantes de las ciudades.
Estrategia de Eficiencia energética
El Consejo de Cooperación Local ha sido informado hoy también de las actuaciones englobadas en la Estrategia de Eficiencia energética encaminada a reducir los costes energéticos y medioambientales, modernizar las instalaciones y generar empleo. La Consejería de Economía y Hacienda, y en particular el EREN, trabajan conjuntamente con las entidades locales, grupos políticos, asociaciones de profesionales y grupos sociales y pretenden integrar la Estrategia ejecutando actuaciones concretas a nivel público y privado.
La Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León 2016‐2020 permitirá implantar distintos tipos de medidas encaminadas a obtener un importante ahorro energético y económico en la Administración de Castilla y León, en las entidades locales, y en las entidades privadas, con especial atención al sector productivo industrial.
El sector de servicios públicos de las entidades locales, que contempla todos los servicios y edificios y dependencias que son de gestión municipal -centros públicos de atención sanitaria, centros educativos, centros e instalaciones deportivas, edificios singulares culturales, policía y bomberos, depuradoras, centros de tratamiento de residuos y vertederos las entidades locales-, consume fundamentalmente energía eléctrica (45,2 % ) para alumbrado público, ciclo del agua y edificios, seguida del gasóleo para edificios y vehículos (30,9 %), gas natural (16,0 %) y la gasolina (7,9 %).
Prácticamente, la totalidad del consumo energético en este sector es eléctrico, debido al consumo de alumbrado público, abastecimiento de agua y depuración de aguas. Las medidas que se proponen incluyen la reducción del consumo eléctrico gracias a propuestas de ahorro y fomento de la mejora de la eficiencia energética en estas instalaciones, sin olvidar el consumo térmico asociado a la calefacción y a la producción de agua caliente (ACS) en los edificios gestionados desde los ayuntamientos. El objetivo primordial de esta medida es reducir el consumo de energía eléctrica de las instalaciones de alumbrado público exterior mediante distintas medidas de eficiencia energética aplicables y lo logra, llegando a alcanzar ahorros potenciales del orden del 62 %.
Otras medidas planteadas son la implantación de Sistemas de Gestión Energética con el fin de optimizar los consumos energéticos que pueden darse en los servicios públicos, optimización energética; la mejora de la eficiencia de las instalaciones de depuración de aguas residuales así como abastecimiento de agua; la mejora de la eficiencia en la recogida de basuras y otras encaminadas a la eficiencia energética en los edificios públicos, como la mejora de la envolvente térmica de los edificios, instalaciones de climatización, producción de ACS e iluminación interior de edificios.
Con la finalidad de favorecer el ahorro y la eficiencia energética en los servicios públicos y en los edificios de la administración, el EREN en colaboración con los Servicios Informáticos de la Administración Autonómica de Castilla y León, ha desarrollado la plataforma OPTE, una herramienta que logra gestionar y optimizar los contratos de electricidad y gas natural de los edificios y servicios públicos. Actualmente, se aplica en la gestión de 1.350 contratos eléctricos y 400 de gas natural, lo que supone un gasto anual de 60 millones de euros. Esta plataforma favorece el ahorro energético porque detecta sobreconsumos y adecua los contratos de las comercializadoras en función de las características del centro. Además, se fomenta la compra centralizada de energía, la comparación del consumo de los diferentes centros y el establecimiento de indicadores de consumo objetivo.
