El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una partida económica de 338.500 euros que se utilizará para la contratación de un total de 2.500 pruebas diagnósticas dirigidas a garantizar que todos los usuarios del sistema sanitario leonés tengan la mejor asistencia posible
En concreto, el presupuesto incluye la realización de 2.000 pruebas mediante resonancia magnética y de 500 pruebas más que se harán a través del sistema de tomografía computerizada.
Consejo de Gobierno del 24 de agosto de 2017
Castilla y León | Consejería de Sanidad
La partida económica aprobada hoy, que asciende a 338.500 euros, se utilizará para la contratación de 2.000 pruebas diagnósticas mediante resonancia magnética y 500 pruebas diagnósticas que se realizarán por el procedimiento de tomografía computerizada; todas ellas destinadas a cubrir las necesidades asistenciales del Complejo Asistencial Universitario de León. De esto modo se quiere asegurar, en todo momento, que los pacientes atendidos en las mencionadas instalaciones puedan acceder a estos servicios sanitarios cuando así lo requieran los profesionales que los atienden.
El objetivo es garantizar la continuidad de los cuidados que reciben los ciudadanos. Y, para lograrlo, se ha ampliado en 500 el número de pruebas contratadas por resonancia magnética respecto a 2016, año en el que se formalizaron 1.500 de estos procedimientos frente a los 2.000 de este ejercicio.
Esta meta se basa en la premisa de que la prevención y la curación son, por supuesto, dos de los pilares básicos de la asistencia sanitaria pero deben completarse con otras actividades terapéuticas como la rehabilitación. Esta tercera fase cada vez se está potenciando más en Castilla y León con decisiones como la tomada hoy en el Consejo de Gobierno, ya que se muestra cada día más demandada y necesaria.
Las 2.500 pruebas mencionadas se han formalizado mediante uno de los tres contratos marcos vigentes para los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud. En esta ocasión la operación de encuadra dentro del acuerdo para la contratación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos en instalaciones fijas; dentro del que se incluyen, además, otros servicios de salud como los tratamientos mediante medicina nuclear o las mamografías.