La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha puesto de manifiesto la activa participación que ha tenido la Junta de Castilla y León en la elaboración de este Pacto, tanto en la Comisión de Comunidades del Senado del pasado mes de marzo como en el Observatorio Estatal de violencia contra la mujer. La Comunidad ha aportado 23 iniciativas que finalmente han sido recogidas en su totalidad en los informes del Congreso y del Senado y que inciden en cuestiones relevantes para dotar de mayor eficacia a la lucha contra la violencia de género y a la protección de las víctimas. Alicia García también ha resaltado que en la reunión del Observatorio se ha trabajado para alcanzar una postura de consenso a través de un documento de medidas que sirva para las conversaciones bilaterales que se mantendrán en los próximos meses con el Gobierno de España sobre la aplicación concreta de este Pacto en Castilla y León, lo que será determinante para concretar medidas, calendario y recursos. Además, se hará partícipe de este trabajo a otros colectivos que no están representados en el Observatorio y, una vez completada la participación, Castilla y León contará con una postura común de Comunidad.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha presidido una reunión de carácter extraordinario de la Sección de Género del Observatorio de Castilla y León, un órgano en el que se encuentran representadas varias consejerías de la Junta de Castilla y León -Familia e Igualdad de Oportunidades, Educación y Sanidad-, la Federación Regional de Municipios y Provincias, la Delegación del Gobierno las universidades públicas de la Comunidad, CC. OO., UGT, CECALE, ASAJA y federaciones y asociaciones de mujeres de Castilla y León. En la reunión del Observatorio se ha tratado como único punto del orden del día el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ayer fue ratificado por el Congreso y que parte de un acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes de enero. Más de 65 expertos han trabajado en este Pacto, que arroja más de 200 medidas y un presupuesto de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años.
La consejera se ha referido a que se trata de un Pacto en el que la Junta ha participado activamente, tanto en la Comisión de Comunidades del Senado, en marzo, como en el Observatorio Estatal de violencia contra la mujer, aportando 23 iniciativas y medidas que han sido recogidas en los informes del Congreso y del Senado en su totalidad. Estas medidas hacen referencia a cuestiones relevantes para dotar de mayor eficacia a la lucha contra la violencia de género y a la protección de las víctimas.
Con la ratificación del Pacto de Estado en el Congreso finaliza la fase de redacción y aprobación y comienza la de priorización y asignación de recursos, ya que tiene que ser remitido al Gobierno de España para que en dos meses acuerde con las comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, administración de justicia y asociaciones sindicales, empresariales y asociaciones civiles, las prioridades de actuación y la forma de desarrollo de estas medidas, así como los criterios y términos para el reparto de los 500 millones de euros destinados a las comunidades autónomas, que se fijarán en el marco de la Conferencia interterritorial para los próximos cinco años. También habrá un plazo de seis meses para que las medidas que supongan la modificación de textos legales vigentes sean remitidas a las Cortes Generales para su tramitación, entre las que estará la ley estatal para ampliar el concepto de violencia de género, aspecto que ya recogió la Ley de Castilla y León hace siete años en base al Convenio de Estambul.
Las 23 aportaciones de la Junta han sido recogidas en el Pacto de Estado
Medidas relativas a la legislación
Se contempla ampliar el concepto de violencia de género recogido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de manera que, en la línea del Convenio de Estambul, recoja otras formas de violencia contra la mujer por el hecho de serlo, como así está previsto en la ley autonómica de Castilla y León vigente desde 2010.
Recoger dentro del concepto de víctima de violencia de género, en primera persona, a mujeres y niñas menores de edad, así como a menores de edad expuestos a una situación de violencia de género.
Analizar la conveniencia de modificar la previsión recogida en la ley estatal en relación con la acreditación de la condición de víctima de violencia de género, ampliando los mecanismos de coordinación, tal como hace la ley autonómica, a la certificación o informe de los servicios sociales o sanitarios, independientemente que se interponga o no denuncia.
Flexibilizar los requisitos para justificar las ayudas, prestaciones y demás derecho a las víctimas de violencia de género recogidas en la legislación estatal.
Medidas relativas a la sensibilización y prevención
Se prevé la realización de campañas y actuaciones de prevención, especialmente dirigidas a los jóvenes.
Sensibilización en el entorno de los medios de comunicación sobre la importancia de la concienciación y prevención sobre la violencia machista.
Incidir en los distintos ámbitos de socialización de los niños, adolescentes y jóvenes: en la familia, el ámbito educativo, deporte, medios de comunicación, internet y redes sociales.
Medidas relativas a la atención de las víctimas
Detección proactiva ante situaciones de violencia de género en ámbitos como la sanidad o la educación.
Crear la figura del profesional de referencia para la víctima tomando como ejemplo la figura de coordinador de caso creada en Castilla y León.
Medidas relativas a la mujer víctima
Ampliación de la atención psicológica a víctimas, especialmente el apoyo psicológico de urgencia en el momento de interposición de la denuncia en las dependencias de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o juzgados de guardia y durante el proceso judicial.
Garantizar el acompañamiento y orientación jurídica social de la víctima a lo largo de todo el proceso judicial.
Reforzar la atención a mujeres especialmente vulnerables, con una especial atención a las mujeres que viven en el medio rural.
Incorporación a la propuesta realizada desde el Observatorio contra la violencia doméstica y de género del CGPJ de suprimir del derecho de la víctima de violencia de género a acogerse a la dispensa de no declarar.
Medidas relativas a menores
Articular medidas de atención y recursos para los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género asesinadas y las personas que asumen su tutela.
Medidas relativas al maltratador
Fijar medidas de rehabilitación obligatorias para la reinserción del maltratador.
Revisar derechos de los maltratadores sobre los menores (visitas, escolarización, autorización de apoyo psicológico).
Medidas relativas a otras formas de violencia
Reforzar la atención a otras formas de violencia: trata, agresiones sexuales, acoso laboral por razón de género.
Medidas relativas a la coordinación y formación de profesionales
Establecer un Sistema único de información, que facilite la coordinación de todos los agentes implicados en la lucha contra la violencia de género (servicios sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, justicia, sanidad y educación, entre otros).
Formación y especialización de los agentes implicados en la atención a víctimas de violencia de género: ámbito judicial, cuerpos de seguridad o servicios sociales y formación en otros ámbitos de detección y prevención: educación y sanidad, entre otros.
Medidas relativas a la calidad, conocimiento y datos estadísticos
Optimizar los procedimientos para la tramitación de recursos y servicios específicos para víctimas de violencia de género, de forma accesible para evitar la revictimización.
Medir la satisfacción de las actuaciones y recursos en materia de atención a víctimas de violencia de género. Evaluación del impacto y de resultados para ir avanzando en una mayor calidad de los servicios.
Unificar las estadísticas existentes y darlas una determinada periodicidad y homogeneidad. Actualmente, las fuentes provienen del Consejo General del Poder Judicial, de la Delegación del Gobierno de Violencia de Género y del INE, a parte de las existentes a nivel autonómico y local. Es muy importante la unificación para poder hacer un buen diagnóstico de la situación de cara a tomar decisiones.
Abrir líneas de investigación y estudio sobre la violencia de género, con incidencia en mujeres especialmente vulnerables: mujeres con discapacidad o inmigrantes, entre otras.
Trabajo de consenso para una postura de Comunidad
Alicia García se ha referido a que, debido a estas previsiones en torno a los futuros acuerdos con el Gobierno de España sobre el Pacto, se ha hecho necesaria la reunión extraordinaria convocada hoy del Observatorio para la Violencia de Género de Castilla y León, con la que la Junta quiere movilizar y contar con el consenso y la participación de todos para fijar una postura de Comunidad. Será un documento único que refleje la postura de Castilla y León y dé voz e implique activamente a instituciones y entidades dedicadas a la lucha contra la violencia de género en las conversaciones bilaterales con el Gobierno de España sobre la aplicación del Pacto de Estado en Castilla y León, integrando aquellas medidas de competencia autonómica en el modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género, ‘Objetivo Violencia Cero’.
En este aspecto, García ha destacado el trabajo previo de las entidades que, de forma paralela a este Pacto, han remitido propuestas sobre las medidas que consideraban de aplicación prioritaria en Castilla y León. Tras ese trabajo, la Comunidad cuenta con un documento único con más de un centenar de medidas de competencia autonómica que se considera que deben implementarse en Castilla y León en el marco del Pacto de Estado a lo largo de los próximos cinco años, y que ha sido objeto de trabajo y de consenso en la reunión del Observatorio.
Los siguientes pasos serán remitirlo para sus aportaciones a las asociaciones que representan a mujeres especialmente vulnerables, como el CERMI, respecto de las mujeres con discapacidad; a las que representan a las mujeres de etnia gitana, inmigrantes y a aquellas asociaciones con representación en el Consejo Regional de la Mujer que no están presentes en el Observatorio. Alicia García se ha referido a que este documento también podrá verse enriquecido con las aportaciones que puedan realizarse desde la Comisión no permanente de violencia de género, foro constituido por todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León y que confía que puedan terminar sus trabajos a tiempo para el acuerdo con el Gobierno de España.
La consejera ha señalado que, tras todo estos trabajos, Castilla y Leon contará con una postura común y de Comunidad a la hora de acordar con el Gobierno de España la aplicación del pacto en la Comunidad, que será determinante para concretar medidas, calendario y, sobre todo, recursos.
García ha indicado que las medidas que se agrupan en este documento en el que se está trabajando se agrupan en nueve grandes áreas, más una medida general de modificación legislativa como es el desarrollo mediante el correspondiente Reglamento de la Ley 13/2010 contra la violencia de género de Castilla y León, en aspectos muy significativos como la acreditación de las mujeres víctimas para el acceso a recursos y ayudas de la Administración autonómica.
Entre estas áreas destacan las que inciden en la educación y la sensibilización; las de intensificación de la asistencia y la protección a los menores; la atención en el medio rural; la coordinación interinstitucional que impulsa el modelo ‘Objetivo Violencia Cero’ para evitar la desprotección de las víctimas, garantizar la asistencia integral y optimizar la coordinación institucional y la cooperación policial y judicial; las relativas al empleo, formación e inserción de las mujeres víctimas; las de mejora en la atención a las víctimas y la mención al incremento progresivo del presupuesto para prevención y erradicación de la violencia.
