Gestionar de forma coordinada las viviendas que actualmente conforman la parte del Parque Público de Viviendas destinado a cubrir situaciones de vulnerabilidad o exclusión social es el objetivo del protocolo de colaboración que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Federación Regional de Municipios y Provincias han suscrito esta mañana. La prioridad es facilitar a las personas y familias en esas situaciones el acceso temporal a una vivienda en alquiler y contribuir así a su integración social.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la consejera de Familia de Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, FRMP, Alfonso Polanco, han firmado esta mañana un protocolo de colaboración para intensificar la colaboración entre estas administraciones y agilizar el acceso temporal a una vivienda a aquellas personas y familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social.
La vivienda constituye un elemento fundamental para la integración social de las personas y familias. En los casos de especial vulnerabilidad social, la falta de vivienda o la pérdida de ésta por circunstancias sobrevenidas, unido a otros factores de desventaja social, incrementan el riesgo de exclusión social. Por este motivo, en determinadas situaciones se hace necesaria la intervención de los sistemas de protección social, para que, desde un enfoque integral, se pongan en marcha medidas específicas de apoyo en el ámbito de la vivienda dirigidas a minimizar el impacto que estas circunstancias tienen en estas personas y familias.
En virtud de este protocolo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se compromete a establecer y mantener un mecanismo de coordinación que permita gestionar eficazmente la información sobre la parte del parque público de viviendas destinado a cubrir las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social y tramitar, si es necesario, una declaración de actuación singular y suscribir el correspondiente contrato de alquiler social.
Por su parte, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades facilitará el acceso a la información y al alquiler social de una vivienda del parque público a las personas vulnerables cuando la interlocución que lleva a cabo este servicio integral no resuelva la situación de impago y la persona pierda su vivienda habitual, en el caso de víctimas de violencia de género con pocos recursos económicos y en los casos de familias con menores de edad que presentan carencia de medios económicos, con difícil empleabilidad y dificultades para acceder a una vivienda en alquiler. Además, la Consejería de Familia de Igualdad de Oportunidades, como entidad responsable de la Red de Protección, va a coordinar a nivel autonómico la gestión de aquellas solicitudes de vivienda dirigidas a un municipio distinto al de origen, como pueda ser el caso de una mujer víctima de violencia de género sin recursos que precise, por sus circunstancias, de una vivienda en otra provincia. Con estas nuevas actuaciones se incrementa el amplio conjunto de medidas integradas en la Red de Protección y que persiguen asegurar la cobertura de las necesidades básicas, como puede ser la de la vivienda, ofreciendo un conjunto de servicios y ayudas de carácter integral.
Junto a esto, la Federación Regional de Municipios y Provincias llevará a cabo las actuaciones necesarias para impulsar, entre los ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León, acciones que permitan una gestión coordinada de la atención a las personas y unidades familiares que necesiten una vivienda en alquiler.
Parque Público de Vivienda para alquiler social
La Junta de Castilla y León cuenta actualmente con un Parque Público de Vivienda para alquiler social con 1.784 viviendas de distintas procedencias: el grueso, 1.418 viviendas, el 80 % del total, son las propias de la Junta de Castilla y León gestionadas directamente por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; 100 son propiedad de la SAREB y cedidas a la para alquiler social; 103, propiedad de los ayuntamientos y rehabilitadas por Fomento y Medio Ambiente dentro del programa Rehabitare, incluidas también las cedidas por el Obispado de León para la misma finalidad; y, por último, 163 viviendas propiedad de SOMACyL, gestionadas por la propia sociedad y ofrecidas en régimen de alquiler con opción a compra.
La creación del Parque Público de Vivienda para el alquiler social y las ayudas al alquiler conforman el programa de Vivienda Social en Castilla y León, resultado de los acuerdos alcanzados con los agentes sociales en el marco del Diálogo Social. El pasado 23 de octubre se dio a conocer la resolución de la última convocatoria de ayudas, con 10.533 familias beneficiarias de los 14,7 millones de euros de presupuesto.
Servicio Integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha referido a que el Servicio Integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio ha atendido a 5.184 familias en Castilla y León en los cinco años que lleva funcionando, promoviendo acuerdos con las entidades financieras para afrontar o reestructurar las deudas de estas familias o facilitando fórmulas alternativas a la pérdida de la misma. Junto a esto, se acompaña a estas familias en el proceso de búsqueda de soluciones ante las circunstancias adversas que están viviendo facilitándolas al mismo tiempo el acceso a los recursos que pudieran necesitar.
Todas esas familias atendidas han recibido información y asesoramiento, no solo en lo relativo a la insolvencia hipotecaria y a cómo afrontarla, sino también respecto a cómo acceder a otras prestaciones y servicios. En este sentido, se han llevado a cabo 2.332 actuaciones de derivación con 1.008 familias para que pudieran beneficiarse de otros servicios o sistemas de protección como empleo, vivienda, salud, justicia gratuita, CEAS o Tercer Sector. Destaca de forma especial que en 939 casos se ha concedido la Renta Garantizada de Ciudadanía a raíz de la intervención del Servicio.
En cuanto a los 2.518 casos en los que se ha llevado a término una interlocución con la entidad financiera, los resultados indican que en 1.145 casos, casi la mitad, se consiguió una reestructuración de la deuda; en 154 ocasiones, la dación en pago; en 468 casos se alcanzaron acuerdos de otra índole, como acuerdos de no ejecución, suspensión de lanzamiento, venta, supresión cláusulas suelo o bajada de tipo interés, y en 336 casos no fue necesario llevar a efecto interlocución iniciada por producirse una mejora de situación. Para el resto de los casos, el 16,5 %, se proporcionaron otros apoyos sociales.
La importancia de la actuación protectora de este servicio se aprecia en el hecho de que ninguna familia atendida por este servicio tuvo que afrontar un desalojo forzoso. También en la alta tasa de efectividad del servicio, ya que en un 83,5 % de los casos se completa la interlocución con las entidades bancarias con resultado positivo y en el resto, un 16,5 % de los casos, la solución llega a través de otros apoyos sociales. A esto se suma el alto grado de cobertura logrado en relación a las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas de particulares en Castilla y León, ya que desde 2016 el número de casos atendidos supera con mucho las ejecuciones hipotecarias iniciadas y, por último, por su impacto, ya que Castilla y León es la comunidad con mayor reducción en el número de ejecuciones hipotecarias, un 78 %, entre el primer semestre de 2014 y el primer semestre de 2017 (último intervalo disponible). Este dato está en consonancia con el descenso de la entrada de casos en el Servicio Integral de apoyo, que ha experimentado un descenso en su demanda de más del 26 % en las oficinas locales y del 19 % en la Oficina central.
Otras medidas de la Red de Protección de apoyo en vivienda
Dentro de la Red de Protección, y en relación con el apoyo a la vivienda, se incluyen también otros tipos de ayudas. Una de ellas es la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria, que es una ayuda dirigida a atender, de forma temporal y mientras dure la situación de urgencia social, la cuota hipotecaria, así como otros gastos específicos derivados de la situación, como gastos derivados de la reestructuración, levantamiento de embargos o gastos de desalojo. Desde que se creó y hasta la actualidad, se han concedido este tipo de prestaciones a casi 2.900 familias por un importe de 1,9 millones de euros.
Junto a esto está la prestación económica frente a situaciones de deuda por alquiler de vivienda habitual, que es una prestación para el pago de alquileres en el caso de que las familias en situación de vulnerabilidad se encuentren en alquiler. En estos años ha constituido un tercio del total de las ayudas económicas que se conceden, suponiendo aproximadamente el 40 % de la cuantía total del gasto destinado a estas ayudas. Desde 2013 y hasta el primer semestre de 2017, las familias que han recibido ayudas para alquiler son casi 16.000 por un importe de algo más de 11 millones de euros.
