Hace pocos días se conocía las intenciones del IMSERSO de hacer la enésima conversión a la malograda “ciudad del mayor”, para que sea destinada a atender las necesidades de personas dependientes afectadas por el espectro autista.
Lo que no se ha indicado en la noticia, es si el cambio que se pretende va a ser bajo la normativa autonómica (que actualmente se incumple) y que es la que impide que el edificio pueda ser usado o si por el hecho de ser una concesión a empresa privada, se les va a eximir del cumplimiento de la ley. Supongo que ya que últimamente se habla tanto de la inexorabilidad de la ley, no se haga una excepción en este caso.
Esta consideración plantea nuevos interrogantes: Para solventar los defectos que incumplían la normativa, era necesario hacer una inversión adicional a lo ya gastado de los fondos públicos de unos 5 millones de euros.
¿Quién se hará responsable de acondicionar el edificio y por tanto desembolsar la cantidad necesaria?
Esperemos que la concesionaria, aunque vista la generosidad con la que se dispensan concesiones a cuenta del bolsillo común o la celeridad con la que se compensan las ruinosas, para volver a ser privatizadas en cuanto se ha socializado el “pufo”, pocas esperanzas hay para que no acabe repercutiendo en los que acabamos pagando siempre la “receta”, es decir, usted y yo.
Otra de las cuestiones a resolver, toca a las tramitaciones de la cosa pública: El Ayuntamiento de León firmó un convenio con el IMSERSO de cesión de la parcela, sometido a un uso concreto, basado en las necesidades de la población leonesa (creo que no es necesario recordar el envejecimiento y el porcentaje de mayores). Es evidente que el uso original, no va a ser llevado a cabo, por tanto ¿Hasta qué punto sigue teniendo validez el convenio bajo el que se rige y no es necesario uno nuevo?
Como ya se ha dicho, el Ayuntamiento concedió en su momento la licencia de primera ocupación, que también plantea dudas.
La primera, en base a qué se concede una licencia de ocupación a un edificio que no cumple las normativas y la segunda, si seguirá siendo válida tras el cambio de uso. (Poco probable si no se debía haber concedido en primer lugar) con lo que lo más probable sea que el edificio siga sometido al deterioro mientras se solucionan las pegas administrativas.
Otra duda que me asalta, recordando de nuevo el alto envejecimiento y la media de edad, es saber qué va a pasar con los mayores que quedan ahora desatendidos?
¿Ha desaparecido de repente la necesidad?
¿Se va a desarrollar un proyecto alternativo o vamos a seguir condenando a nuestros mayores al olvido?
Oscar Fuentes Carro
