Señala que la fuerte destrucción de empleo entre 2007 y 2011 trajo consigo un aumento de los índices de desigualdad y pobreza, que han disminuido gracias a la recuperación de la economía y la creación de puestos de trabajo.
La nueva prestación obligaría a dedicar menos recursos en otras partidas o aumentar los ingresos a través de los tributos, ya sea el IVA u otro impuesto.
Recuerda que el Estado ya dedica unos 8.400 millones de euros, un 0,75 del PIB, en línea con la media de la UE, a garantizar un nivel de ingresos mínimos de las personas.
“La recuperación económica y la creación de empleo en los últimos años es lo que está contribuyendo eficazmente a la progresiva reducción de la desigualdad en España”, ha afirmado hoy el Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, durante su comparecencia en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, donde se está abordando la Proposición de Ley relativa al establecimiento de una prestación de Ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social. El Secretario de Estado ha señalado que el impacto de su elevado coste podría poner en peligro la reducción del déficit y deuda públicos.
Nadal comenzó su intervención haciendo hincapié en que ha sido la crisis económica sufrida en España lo que provocó una destrucción de empleos sin precedentes y con ello un aumento de la desigualdad, pobreza y exclusión social. “Los datos muestran cómo el mayor deterioro de los indicadores de desigualdad y de pobreza se produjo entre 2007 y 2011, periodo que incluye años de fuerte destrucción de empleo”. Por el contrario, los indicadores de desigualdad comienzan a mejorar a medida que se afianza el crecimiento económico y la creación de empleo, especialmente desde 2015.
La Iniciativa legislativa que se debate, y que supone el establecimiento de una nueva prestación de derecho subjetivo en el nivel no contributivo de la SS con financiación garantizada vía impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado, requiere –dijo- reflexión y maduración, por cuanto su coste puede oscilar entre los 15.000 y los 20.000 millones de euros, lo que tendría un enorme impacto en el gasto público español, con un aumento del déficit público de hasta un 1,5% del PIB, así como en la senda de reducción de la deuda pública.
Además, ha recordado que en esta materia las Administraciones Públicas no parten de cero, ya que destinan importantes recursos a políticas de inclusión social. En total, unos 8.400 millones de euros, un 0,75% de nuestro PIB, lo que supone un peso similar al de otras economías de la UE.
De seguir adelante con esta Proposición, que se superpondría al sistema actualmente existente, el Secretario de Estado apuntó que es necesario decidir cómo sufragar, por tanto, este importante impacto, teniendo en cuenta que los recursos económicos son escasos. “La nueva prestación obligaría a dedicar, o bien menos recursos en otras partidas que, quizás, podrían generar efectos muchos más positivos en la lucha contra la exclusión social, como es la educación; o un aumento de los ingresos a través de los tributos, ya sea el IVA u otro impuesto.” Asimismo, subrayó que una prestación como la planteada pone en riesgo los recursos para otras políticas públicas, como seguridad ciudadana, infraestructuras o los mecanismos de financiación a comunidades autónomas y entidades locales.
Actuaciones en materia de protección social
Nadal recordó en la Cámara Baja que en estos años, el Gobierno ha llevado a cabo actuaciones para combatir el riesgo de exclusión social desde las políticas de empleo y educativas, haciendo un repaso por todas y cada una de ellas. Así, afirmó que el Estado destina un importante volumen de recursos a garantizar el nivel de ingresos de las personas que, por diversas circunstancias, se hallan en dificultades. Y lo hace –dijo- tanto por la vía de las prestaciones no contributivas, ligadas al desempleo (subsidios, Plan Prepara, Programa de Activación de Empleo, etc.), que suponen unos 6.950 millones de euros, como por la vía de las prestaciones económicas para asegurar un nivel de renta, además de cooperar con otras Administraciones en sus actuaciones de asistencia social., Además, hay que considerar los 1.400 millones de euros que las CCAA destinan a sus políticas de Rentas Mínimas de Inserción. Excluyendo los recursos destinados a la Dependencia, casi 1.200 millones en 2015, y las actuaciones de las Entidades Locales en esta materia, estas cuantías nos sitúan en un volumen de recursos equiparable al 0,75% de nuestro PIB, cifra equiparable al que otros países de la UE destinan a políticas de inclusión social.
“Estamos hablando de unos 8.400 millones de euros, un 0,75% de nuestro PIB destinado a este tipo de políticas. Esta Proposición de Ley vendría a superponerse sobre un sistema que, aparte de su complejidad, presenta ya una importante dotación presupuestaria. En todo caso, “más que crear una nueva prestación, que abre múltiples interrogantes competenciales y de generación de desincentivos, por no hablar de su impacto presupuestario, se trataría de reflexionar acerca de nuestro sistema actual, mejorando su gestión, clarificando competencias y eliminando duplicidades concluyó Nadal.
El Secretario de Estado se mostró confiado en que la recuperación económica y la creación de empleo que se está produciendo en España siga contribuyendo como hasta ahora, tal y como señalan diversos indicadores, a reducir la desigualdad, además de señalar que la realidad ha demostrado que para conseguir una sociedad dinámica “es preferible crear oportunidades y no subvencionarlas” y que el objetivo es, por tanto alcanzar una sociedad sin excluidos con la fórmula de crear empleo para las personas.
