El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la Estrategia de Eficiencia Energética, que proyecta 79 medidas con el reto de reducir en más del 30 % el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Castilla y León hasta el año 2020. La inversión pública y privada estimada para alcanzar este objetivo, que está 10 puntos por encima del fijado por la Unión Europea, se eleva a casi 800 millones de euros.
El documento elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda da continuidad a los Planes de Eficiencia Energética desarrollados en los periodos 2002-2007 y 2008-2012, que han permitido a la Comunidad avanzar en esta materia hasta lograr en 2013 un ahorro energético del 20,89 % en relación con los indicadores de 1990.
Este dato implica que Castilla y León ha cumplido siete años antes las metas marcadas por la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento y el empleo, donde la UE insta a las regiones a aumentar la eficiencia energética en el 20 % en 2020 respecto al año 1990; reducir en el 20 % las emisiones de CO2 en el mismo horizonte temporal, y generar al menos el 20 % de la energía eléctrica a través de fuentes renovables.
Por este motivo, la Estrategia de Eficiencia Energética 2020 diseñada por la Junta es más ambiciosa en sus objetivos y propone rebajar el 32,45 % el consumo de energía final y el 30,24 % las emisiones contaminantes al finalizar la década actual. Todo ello sin alterar el mix autonómico de generación eléctrica, donde el carbón mantiene su hueco por razones estratégicas y las energías renovables conservan un papel preponderante. Conviene recordar a este respecto que Castilla y León representa el 22 % de la producción nacional de electricidad por medio de estas fuentes limpias, lo que avala el compromiso de esta Comunidad con la lucha contra el cambio climático.
La ejecución de las 79 medidas programadas implicará un esfuerzo inversor de 799,1 millones de euros hasta 2020, que serán aportados por el sector privado (547,9 millones) y por el público (251,2 millones), tanto con fondos de carácter autónomo como estatales y europeos, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través de diversos instrumentos como subvenciones, préstamos a coste cero o a bajo interés, inversiones directas o participación en proyectos estratégicos.
El sector industrial absorberá el 51,3 % del volumen global de recursos, seguido del sector de edificación (25,1 %), del transporte (10,8 %), de las mejoras en servicios públicos de las administraciones locales (10 %) y de la Administración autonómica (2,4 %). Al capítulo de I+D+i se dirigirán el 0,3 % de los fondos y, por último, a iniciativas de difusión, el 0,1 %
Medidas para mejorar la competitividad de la industria y el sector agroganadero
El reparto de las inversiones previstas por sectores es acorde con la estructura de la estrategia en siete áreas. La primera está dedicada a la industria productiva y al sector agroganadero, con medidas enfocadas a mejorar su competitividad para lograr que este sector sea responsable de una tercera parte del ahorro estimado para 2020. Para ello se fomentarán inversiones de eficiencia en los procesos, equipos e instalaciones de las compañías, así como la diversificación de las fuentes empleadas en la producción a través de la convocatoria de distintas líneas de subvenciones. Todo ello con la pretensión de introducir la mejor tecnología disponible, implantar sistemas de gestión energética UNE-EN-ISO-50001 o aplicar técnicas sobre agricultura de conservación, reducción del consumo de agua e introducción de motores y bombas de mayor rendimiento.
El segundo bloque del documento se centra en la edificación, que abarca los subsectores doméstico, comercio y servicios, y hostelería. En el ámbito de los hogares, se establecen medidas de apoyo para la sustitución de equipos consumidores de energía por otros de alta eficiencia energética, además de incentivos para los edificios de energía cero (‘near zero energy building’, en inglés). En lo que se refiere a los inmuebles del sector terciario, persigue fomentar mejoras en los sistemas de climatización, iluminación y aislamiento térmico. La estimación es que la disminución del consumo logrado con estas acciones represente el 17,7 % del objetivo total previsto.
Fomento de modelos de movilidad más sostenibles y participación en proyectos de I+D+i
El transporte es el protagonista del tercer epígrafe del plan. Se trata del primer sector consumidor de energía final –casi el 40 % del total en la Comunidad– y el objetivo es que asuma el 44 % del esfuerzo de ahorro proyectado en la estrategia. En este campo se trabajará en la transición hacia modelos de movilidad de personas y mercancías más eficientes a través de planes de transporte sostenibles; en la planificación de infraestructuras que favorezcan la incorporación de vehículos alternativos, así como en la promoción del uso de combustibles distintos de los convencionales mediante ayudas. La Junta, por su parte, continuará con el plan de desarrollo del coche eléctrico e híbrido enchufable en la Administración.
El cuarto capítulo gira en torno al consumo energético derivado de la prestación de servicios públicos por parte de las entidades locales, tanto en energía eléctrica (alumbrado público y de edificios, además del ciclo del agua), como en gasóleo para edificios y vehículos, gas natural y gasolina. Entre las iniciativas previstas, cabe destacar los programas de colaboración con ayuntamientos y diputaciones para acometer mejoras en edificios, sistemas de alumbrado exterior y de depuración y abastecimiento de aguas. El 4 % del objetivo de reducción de consumo fijado para 2020 corresponde a este ámbito.
En la Administración autonómica, quinto apartado del plan, se articulan medidas de optimización por la vía de la sustitución de calderas, instalaciones de refrigeración y ventanas, y otras mejoras en los sistemas de iluminación y climatización en oficinas, hospitales, colegios, centros de salud y de servicios sociales. En este ámbito, el Ente Regional de la Energía (EREN), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, potenciará el uso de la herramienta OPTE (Optimización de Tarifas Eléctricas), con el fin de que la Junta contribuya con el 9,4 % al ahorro de energía estimado para el conjunto de Castilla y León al finalizar el periodo de vigencia de la estrategia.
El sexto eje está dedicado a la I+D+i y pretende orientar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación hacia la energía segura, sostenible y limpia. Merece una mención especial la propuesta de sellar acuerdos entre el EREN y grupos de investigación de las universidades públicas de Castilla y León en materia de eficiencia energética con el fin de participar en proyectos y ponerlos en valor, tanto en revistas especializadas como a través del registro de patentes.
Para terminar, el séptimo área de la Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León planifica acciones informativas, formativas y de sensibilización dirigidas a ciudadanos, grandes empresas, pymes e instituciones, que se canalizarán a través de la página web del EREN, de jornadas y de los medios de comunicación.
