El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha hecho entrega esta mañana de una placa de reconocimiento a las 64 empresas de Castilla y León por su esfuerzo en la gestión ambiental durante 2017. De ellas, especialmente a la empresa La Sepulvedana, la única que voluntariamente ha implantado el sistema de gestión y auditoría medioambiental EMAS, reglamentado por la Unión Europea que evidencia una relación positiva entre economía y medio ambiente. El acto se ha celebrado en el transcurso de la jornada ‘Empresas y Medio Ambiente’, que se enmarca en el desarrollo de la II Estrategia de Educación Ambiental.
La Junta de Castilla y León ha querido reconocer públicamente el esfuerzo que ha hecho la empresa La Sepulvedana, dedicada al transporte de viajeros por carretera, organización que en 2017 se ha adherido voluntariamente al sistema de gestión y auditoría medioambiental EMAS, homologado por la Unión Europea, que implica la verificación por analistas acreditados que constatan la reducción de los impactos ambientales adversos, la optimización de los procesos de producción y la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos, así como su difusión y comunicación a los grupos de interés y al conjunto de la sociedad.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente entiende que la difusión de estas prácticas al conjunto de la sociedad sirve de ejemplo de comportamiento responsable y comprometido y evidencia que existe una relación positiva entre economía y medio ambiente.
Con La Sepulvedana, son ya 22 las empresas que cuentan con el distintivo EMAS en Castilla y León, entre ellas, la farmacéutica Glaxo y su centro de Aranda de Duero; energéticas, como Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa; cementeras, como Cementos Portland; alimentarias, como ACOR, cervezas San Miguel y leche Celta; e incluso administraciones y empresas públicas como el ayuntamiento de Ponferrada, la Fundación Patrimonio Natural y el Grupo Tragsa.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha hecho entrega de esta placa de reconocimiento en el transcurso de la jornada ‘Empresas y Medio Ambiente’, en la que ha intervenido el director de Sostenibilidad de Ball Beverage Packing Europe, Ramón Arratia, con la ponencia ‘La economía circular es rentable: ejemplos útiles’.
Además, el consejero ha reconocido también a las 63 empresas que han obtenido su autorización ambiental en 2017, requisito indispensable para explotar la totalidad o parte de sus instalaciones. Para conseguirlo, el promotor debe acreditar que los posibles focos de contaminación y los riesgos de accidentes mayores cuentan con sistemas y protocolos para minimizarlos. Estas autorizaciones se revisan periódicamente para adaptarlas a las mejores técnicas disponibles en cada momento, a fin de reducir progresivamente la incidencia ambiental.
En Castilla y León hay 846 instalaciones que cuentan con autorización ambiental, de las que 575 son ganaderas. En este régimen se encuentran las empresas productivas con mayor volumen de facturación de la Comunidad Autónoma, con una cifra anual superior a los 13.000 millones de euros. La autorización ambiental supone la creación de un centro importante de producción y paralelamente de empleo, ya que los centros de menor entidad no requieren esta autorización.
De las 63 empresas que han obtenido la autorización este año, 47 están relacionadas con el sector agroganadero, porcino en su mayoría, y las restantes son instalaciones relacionadas con la gestión de residuos, producción de aluminio, tableros, automoción y productos farmacéuticos.
La jornada se inscribe en el marco de la II Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León 2016-2020, uno de cuyos grupos de interés lo constituye las empresas, las organizaciones empresariales y los sindicatos, y uno de sus objetivos generales es evidenciar la relación positiva entre economía y medio ambiente.
La II Estrategia de Educación Ambienta fue aprobada por el Consejo de Gobierno en junio de 2016, y pretende concienciar a la población de Castilla y León sobre su realidad ambiental y contribuir, desde la educación ambiental, a conformar unos modelos de conducta activos en pro de la sostenibilidad social y económica que mejore la calidad de vida de los habitantes de la Comunidad.
