Y exige tomar medidas por si algún técnico municipal ha participado en la ocultación del “siguiente paso” en la intervención del Ayuntamiento de León por el Ministerio de Hacienda.
La ocultación premeditada durante dos meses de una información crucial para la aprobación del presupuesto, solo puede devenir de una decisión política, la misma que ha impedido a la intervención y los grupos municipales tener acceso en tiempo y forma a esas cuentas, solo para agradar a Ciudadanos. Dar el capricho irrelevante es más importante que el propio presupuesto, convirtiendo la gestión municipal en León en pura frivolidad sin contenido, pero repleta de incapacidad.
Dado que el principal responsable es el Concejal de Hacienda, el culpable de permitir la intervención financiera del Ayuntamiento en 2012,en forma de Plan de Ajuste, el responsable de convertir la deuda con proveedores en deuda bancaria y la persona que ha utilizado una auditoría de Deloitte para venderse como salvador del consistorio, sin apenas reducir la deuda durante su gestión. Estamos ante un gestor mediocre, que entierra la cabeza como el avestruz cuando el Ministerio de Hacienda amenaza con nuevas medidas de intervención y asume el incumplimiento del Plan de Ajuste con naturalidad, hasta provocar una crisis que puede afectar a la viabilidad futura de servicios municipales públicos que al PP nacional le sobran; y pueden sufrir incrementos en sus tasas cercanos a su sentencia de muerte.
El gran problema no es, por tanto, un informe de intervención que se viene repitiendo durante años cada tres meses, el problema surge en que nos podemos encontrar ante una maniobra política en contra de diversos servicios municipales muy sensibles, en que el Ministerio de Hacienda puede imponer recortes presupuestarios, de plantilla e incrementos en las tasas que considere si aplica la Ley vigente a rajatabla y, por último en la cobardía de un concejal que queda tocado y hundido, en evidencia a causa de sus propias decisiones. Unas decisiones que sabemos se han tomado a espaldas del interventor, pero que dada la gravedad deben investigarse por si han sido compartidas por algún funcionario municipal muy relevante.
