El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la adhesión de la Comunidad al mecanismo de Facilidad Financiera creado por el Gobierno de España, lo que permitirá a la Junta acceder a un préstamo de 618,31 millones de euros en condiciones ventajosas para cubrir las necesidades de liquidez del primer trimestre de 2018. A este instrumento sólo pueden acudir las administraciones que, como ocurre con Castilla y León, han cumplido los objetivos de déficit, deuda pública y periodo medio de pago a proveedores.
El Compartimento Facilidad Financiera forma parte del Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas, creado mediante el Real Decreto-ley 17/2014, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, para facilitar recursos a estas dos administraciones. Está reservado a los territorios que respetan los compromisos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y el periodo medio de pago a proveedores, requisitos que Castilla y León ha satisfecho durante 2016, que es el último ejercicio sobre el que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha emitido informe sobre el grado de cumplimiento.
La Facilidad Financiera permite disponer de un préstamo en condiciones ventajosas. En concreto, a un tipo de interés equivalente al coste medio de la deuda del Estado a un plazo similar, fijado en 10 años, de los que los dos primeros son de carencia y los ocho restantes de amortización. Además la incorporación a la herramienta carece de condicionalidad fiscal, es decir, no conlleva la necesidad de elaborar ningún plan de ajuste.
La cuantía a la que accederá la Junta para el segundo semestre de este año, que asciende a 618,31 millones de euros, es el resultado de sumar los 539,58 millones necesarios para afrontar las amortizaciones de deuda que se producen entre enero y marzo, los 60,26 millones de euros correspondientes a la cuarta parte del déficit fijado para todo el ejercicio y los 18,47 millones que supone un trimestre de la cuota anual destinada a devolver las liquidaciones negativas de 2008 y 2009.
Obligación de adoptar un acuerdo de Consejo de Gobierno
La adhesión de Castilla y León a este compartimento fue aprobada mediante Resolución de 26 de diciembre de 2017 de la Secretaría de Estado de Hacienda y el pasado 25 de enero la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos estableció la distribución de recursos a las autonomías para el primer trimestre, asignando a la Comunidad 618,31 millones. Tanto el Real Decreto-ley 17/2014 como la citada Resolución establecen que es preciso que la Junta manifieste su voluntad de sumarse al mecanismo mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, obligación que se ha cumplido hoy.
El Ejecutivo autonómico ya hizo uso de la Facilidad Financiera en 2015 y en el segundo semestre de 2017. Para sufragar el endeudamiento de 2015, suscribió un préstamo de 2.053 millones de euros a 10 años, también con dos de carencia, a un tipo de interés del 0,0 % durante los tres primeros. Y para cubrir las necesidades de financiación en la segunda mitad de 2017, formalizó una operación por importe de 612,19 millones a diez años, con dos de carencia, a coste de Tesoro.
