Una vez terminan las declaraciones de los investigados/imputados en el Caso Caja España queda claro que muchos de ellos sabían lo que hacían perfectamente y que intentar justificar el trato de favor y el clientelismo existente en la Caja en informes técnicos no justifica su comportamiento. Estamos ante un caso lo suficientemente importante y escandaloso como para que las responsablidades políticas, dimisiones, se pongan encima de la mesa, las penales, eso esperamos, sean ejemplares y las económicas, se debe devolver el dinero “distraído”, se pongan en primera línea de la reivindicación pública.
Desde IzAb exigimos de nuevo las dimisiones inmediatas de los políticos y sindicalistas investigados (imputados) por el caso de los créditos autoconcedidos a Santos Llamas. De hecho, no es casualidad que ese día, precisamente el día de esa votación, faltase a la reunión un personaje como Isabel Carrasco. Por tanto, no puede engañarse al público aduciendo desconocimiento, sabían perfectamente lo que hacían. Lamentamos también que Llamas no pueda estar imputado, y esperamos ver como declara en sede judicial, dado que eso significará que por fin se ha abierto juicio oral. Por ahora no es posible, aunque fuese él quien provocara el caso, porque no pudo votar en un asunto que le beneficiaba directamente.
Antonio Silván debe reflexionar seriamente sobre la situación de Javier García Prieto como concejal del Ayuntamiento de León, bastante hizo ya el ridículo y quedó en evidencia al defender a alguien que pretendió reírse de la normativa y del propio consistorio, como Pedro Llamas (una vergüenza que este personaje siga manchando la dignidad del Ayuntamiento de León sentándose cada mes en los plenos). Si el PP tuviera la más mínima decencia exigiría la dimisión de García Prieto como posible corresponsable de un posible delito de administración desleal, que no es más que un suma y sigue en el desmantelamiento de lo que fue Caja España y de la cual solo queda el recuerdo y muchos compromisos de nuevos recortes, cierre de sucursales y despidos, añadidos a la liquidación de su obra social y todas las inversiones y actividades que facilitaba y no se recuperarán jamás.
El PP debe reflexionar sobre la desvergüenza que supone ver como su Coordinador General se ampara en su condición de aforado para no dar la cara. Si Martínez Maíllo tuviese la misma decencia que su desparpajo capeando la corrupción que destila su partido por todos sus poros habría solicitado declarar en igualdad de condiciones que el resto de “imputados”.
Igualmente exigimos una auditoría por parte del Banco de España, que calcule el daño perpetrado a la Caja en los años del ladrillo, ponga sobre la mesa el dinero que se fue por la alcantarilla y sitúe ante su “herencia” a los responsables técnicos, políticos, sindicales, … de este pillaje. Las cifras definitivas deben servir para exigir posteriormente que se devuelvan los millones hurtados a muchos ahorradores, municipios, pueblos y colectivos de todo tipo que conforman una provincia sentenciada a muerte, social y económicamente, entre otras razones, por el asesinato premeditado de su Caja de ahorros.
