Desde Izquierda Unida Provincial de León manifestamos nuestro rotundo rechazo al auto del Juzgado de instrucción número 5 de León que sobresee el conocido como ´caso Caja España´ y declara la extinción de la presunta responsabilidad penal y la prescripción del delito societario a 14 ex consejeros de la entidad financiera.
Además, hacemos una denuncia política de los hechos y señalamos las responsabilidades políticas de quienes han participado activa o pasivamente en el saqueo de una caja de ahorros que era el músculo económico de la provincia.
Desde IU de León vemos que, como dice la sabiduría popular “o por h o por b”, cuando no es por la doctrina Botín es porque “prescriben” por el paso del tiempo los presuntos delitos, pero siempre caen los golpes del mismo lado. Porque no prescriben los desahucios, a quienes echan de su casa y tienen que seguir pagando además la deuda. Santos Llamas sigue debiendo 60 millones de euros, que nadie se responsabiliza de que los devuelva.
No prescribe la deuda para las personas que pidieron un crédito. Para los autónomos y pequeñas empresas que han perdido su pequeño negocio no hay prescripción. Para los que perdieron su empleo no hay prescripción. Para los abuelos y abuelas que perdieron su casa por avalar a sus hijos o nietas no hay prescripción. Para quienes se suicidaron por no poder hacer frente a deudas e hipotecas no hubo prescripción.
Una entidad, como Caja España, que tuvo que ser rescatada con dinero público por la mala gestión y su “generosidad” al conceder y aprobar créditos sobre créditos sin ningún tipo de garantías, al presidente de la misma, esto sí que prescribe.
Solo hace falta una cosa, ver la hemeroteca, ver la cara de las personas a las que prescriben su mala gestión y ver las caras de las personas que son y han sido desahuciadas. Y esto nos da la vara de medir de la justicia, que como algunos responsables de la judicatura han denunciado reiteradas veces es una justicia hecha para perseguir solo a los robagallinas.
En León 536 desahucios en 2017; más 533 en 2016, más otros 500 en 2015 y 522 en 2013. A lo que hay que sumar el cierre de pequeñas empresas y la pérdida de empleo. Mientras para otros se aprobaban créditos sobre créditos, y se les perdonaban los intereses. Pero no pasa nada. Esto ha prescrito.
Desde IU de León esperamos que la ciudadanía tenga memoria y exija responsabilidades. Exija responsabilidades a la hora de votar y elegir a sus representantes políticos que han amparado estas prácticas o las han consentido y ahora las justifican.
Nosotros y nosotras seguiremos peleando por ello. No compartimos el criterio del Juez de que han pasado más de cinco años desde la comisión del delito el 8 de enero de 2009 (cuando se celebró el Consejo de Administración de Caja España en el que se efectuaron las primeras reestructuraciones de crédito a las empresas vinculadas a Santos Llamas), hasta la primera citación a los investigados el 6 de abril de 2015.
Por eso se planteará un recurso ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de León y un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de León.
Pero sobre todo queremos denunciar la tremenda injusticia que esto supone en comparación con los miles de desahuciados de la provincia y de tantas otras situaciones a quienes no les prescribe sus deudas y las consecuencias que han tenido estas acciones en la pérdida de una caja pública, que hemos tenidos que rescatar y que ahora la han convertido en un negocio privado.
