Durante la jornada de presentación del estudio ‘La contribución socioeconómica de la Universidad de Valladolid’, del catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, José Manuel Pastor, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha instado a la comunidad educativa a hacer todos los esfuerzos necesarios para que, sin ninguna fisura en la calidad educativa, se evite cualquier perjuicio a los alumnos de Castilla y León mientras no se fije una misma prueba y unas mismas reglas para todos.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha participado hoy en la presentación de un estudio sobre la contribución socioeconómica de la Universidad de Valladolid, donde ha considerado urgente la implantación de una prueba de acceso a la Universidad única, común y simultánea en todo el territorio nacional, tal y como se viene demandando desde Castilla y León en repetidas ocasiones. “Solo así podrá evitarse la locura que representa un distrito universitario único, pero con 17 pruebas de acceso muy diferentes en dificultad, partiendo además de sistemas educativos en las Autonomías muy distintos en exigencia y resultados”, ha aseverado.
Si bien el presidente de la Junta ha reconocido que los pactos de Estado en materia de Educación en general parecen hoy más lejanos que nunca, ha insistido en que la falta de ese pacto nacional para una prueba común de acceso a los estudios universitarios no debería penalizar y discriminar a los alumnos de Castilla y León, que acreditan ser precisamente los mejores de España en todos los informes y evaluaciones que se realizan. En este sentido, ha afirmado que está justificada la alarma de los alumnos y sus familias ante una situación que paradójicamente favorece a estudiantes de Comunidades que menos exigen en sus pruebas, y con ello adquieren incluso un derecho preferente a acceder a una plaza en las universidades de Castilla y León. Las propias universidades también deberían estar preocupadas, ha señalado, por una situación que puede fomentar la llegada a sus aulas de alumnos mucho menos formados que los de esta Comunidad, pero que han disfrutado de más facilidades en sus respectivas pruebas de acceso.
Por ello, ha destacado que desde la Junta y las autoridades educativas y académicas deben “hacer todos los esfuerzos precisos para, sin ninguna fisura en la apuesta por la calidad educativa, evitar cualquier perjuicio a nuestros alumnos, en tanto no se restablezca el sentido común y la equidad a través de ese pacto que fije una misma prueba y unas mismas reglas para todos”.
Docencia, investigación y transferencia del conocimiento
Por otro lado, el presidente de la Junta ha destacado que el informe que hoy presenta la Universidad de Valladolid pone de manfiesto que las universidades son un factor clave de progreso y de futuro. De hecho, el sistema universitario de Castilla y León constituye uno de los principales activos de la Comunidad, con 9.000 profesionales y más de 83.000 alumnos, cuatro universidades públicas y cinco privadas.
Un sistema, según ha señalado, que está experimentando una transformación evidente en los últimos años, con la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, un proceso que se ha hecho con “gran responsabilidad, sin poner en riesgo su sostenibilidad financiera”. Al mismo tiempo, se ha dado un visible proceso de modernización que ha propiciado la apertura de las universidades de Castilla y León, todo lo cual ha posibilitado un mejor desempeño de las tres misiones básicas que les corresponden: la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento.
En la que es la primera de estas misiones, la docencia universitaria, el presidente de la Junta ha destacado que el tejido productivo de Castilla y León debe adaptarse aceleradamente a la llamada “nueva revolución industrial”: la de la Economía 4.0, lo que hará necesario que las Universidades impulsen la formación en profesiones que hoy ni siquiera existen, como nuevas competencias digitales y tecnológicas, como son las referidas al «Internet de las Cosas», los «big data», y el desarrollo de dispositivos inteligentes. Asimismo, los crecientes requerimientos en materia de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático hacen ya necesario que la Universidad forme a los profesionales de la futura Economía Circular y Economía Verde.
Otro factor a tener en cuenta desde el punto de vista de la docencia es el relativo a los graves problemas demográficos. Así, el objetivo de hacer más competitivo el sector agrario y fijar población en el medio rural, exige desde ya hacer un esfuerzo por aumentar el atractivo de las titulaciones técnicas relacionadas con la Agricultura y la Agroindustria. En este punto, Herrera ha recordado la importancia del Pacto de titulaciones alcanzado en Castilla y León en el verano de 2016, primer pacto expreso sobre la oferta de estudios universitarios alcanzado en España, en el que se definió el catálogo de grados y másteres de las Universidades de la Comunidad para el periodo 2016-2019 y cuyo espíritu y planteamiento era y sigue siendo el de “mantener el actual statu quo del mapa de universidades que forman parte del sistema de Castilla y León”.
Otros aspectos del mismo Pacto que ya se han desarrollado son la modificación de la Ley de Universidades, que ha supuesto introducir elementos de mayor responsabilidad, reforzando los mecanismos de inspección y sanción; o la elaboración de Planes de viabilidad para los estudios de grado con bajo número de alumnos, cuyo cumplimiento será revisado en 2019.
I+D+i
En el ámbito de la investigación, segunda gran misión de la Universidad, el estudio que se presenta en esta Jornada reafirma el gran protagonismo de la Universidad de Valladolid, dentro de la contribución que el conjunto de las universidades de la Comunidad realizan a este objetivo. Así, según la Estadística sobre Actividades en I+D correspondiente a 2016, Castilla y León ocupa el 5º lugar en España en “esfuerzo tecnológico” -gasto público y privado en I+D con relación al PIB-, indicador que supone el 1,10 % del PIB, es decir, 606,6 millones de euros, solo superado por País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña. En la distribución interna de ese esfuerzo tecnológico tienen especial peso las empresas de la Comunidad, con un 60 % del gasto total, frente al 53,7 % de media de España. También es positivo, según ha destacado el presidente, que el porcentaje de gasto en I+D de las universidades sea en Castilla y León superior a la media nacional: 31,8 % frente al 27,5 %.
El resto del gasto en I+D corresponde a la Administración. En este punto, el presidente ha recordado que a través del Pacto por la Reindustrialización, suscrito con los grupos parlamentarios hace un año, la Junta se comprometió a destinar a I+D+i, en 2019, el 3 % del gasto no financiero total de las consejerías. Así, en los Presupuestos para 2018 se destinan a Ciencia y Tecnología 236 millones de euros, equivalentes ya al 2,8 % de ese gasto no financiero total.
Las universidades tienen un papel esencial puesto que ejecutan casi un tercio del gasto total y aglutinan al 61 % del personal dedicado a I+D en la Comunidad. Solo en la de Valladolid, el personal docente e investigador movilizado suma 2.170 personas. Esta universidad cuenta, además, con Institutos de reconocido prestigio en áreas como Biomedicina, Química o Matemáticas, lo que va a favorecer su ascenso en la llamada ‘escalera de excelencia’.
En cuanto a la transferencia del conocimiento, el presidente de la Junta ha destacado la especial trascendencia del trabajo que tienen encomendado los Consejos Sociales de las Universidades, como órganos de interrelación entre Universidad y Sociedad. La Junta de Castilla y León puso en marcha en el año 2008 el Plan TCUE de Transferencia del Conocimiento Universidad-Empresa, cuya última programación finaliza a mediados de este año. Según los primeros resultados de los que ya se puede hacer balance, Herrera ha explicado que en el marco de dicho Plan las universidades de la Comunidad han facturado en estos años al sector empresarial 151 millones de euros por I+D y consultoría; han contribuido a la creación de 223 nuevas empresas, fundamentalmente de base tecnológica, han formulado más de 450 solicitudes de patentes, casi 65 contratos de licencia y más de 1.500 proyectos conjuntos con empresas a los programas, nacionales e internacionales, de apoyo a la I+D.
