Hace unas semanas M. Rajoy afirmaba que no habría dinero para subir las pensiones. Los pensionistas le respondimos saliendo a la calle. Las dos manifestaciones, el 22 de Febrero y el 17 de Marzo obligaron al Gobierno a romper el tope del 0,25 %.
Celebramos esta pequeña victoria por la defensa del poder adquisitivo de las pensiones y, al mismo tiempo, sabemos que, con la aprobación de estas medidas, absolutamente insuficientes y condicionadas a la aprobación de los Presupuestos para el 2018, el Partido Popular nos quiere desmovilizar.
Con estas medidas:
En el año 2018, más de la mitad de las pensiones perderán poder adquisitivo.
Sólo una de cuatro de las pensiones de viudedad se beneficiará de la subida anunciada que la Ley ya había establecido para el año 2013.
300.000 pensionistas de viudedad, cuyos beneficiarios y beneficiarias no llegan a los 65 años, no tendrán ninguna subida.
Para el año 2019 se seguirá aplicando el Índice de Revalorización del 0,25% y se iniciará el Factor de Sostenibilidad, una penalización por vivir más años.
La bajada del IRPF anunciada para algunas pensiones no tendrá apenas incidencia en las más bajas.
Además de las reivindicaciones de índole económica, social y legal que ya hemos expresado reiteradamente (pensiones mínimas y salario mínimo interprofesional acordes con la Carta Social Europea, derogación de las reformas de las pensiones del 2011 y del 2013, financiación complementaria vía Presupuestos Generales y que sea recogido en la Constitución etc…), exigimos de forma primordial:
La reforma integral del Sistema Público de Pensiones para hacerlo más justo y redistributivo.
Que la sociedad participe en un debate abierto sobre el futuro de las pensiones, conociendo que su sostenibilidad es más una cuestión de aumentar los ingresos del Estado que de recortar derechos.
Presencia de los pensionistas en la mesa de negociación que debe ser, necesariamente, con una fórmula distinta al pacto de Toledo, ya caduco y obsoleto, tanto en su objetivo, como en su representación.
Pero esta concentración del 16 de abril tiene una motivación principal. Denunciamos el proyecto para un Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP) que la Comisión Europea entregó el año pasado al Parlamento Europeo y que creemos que se va a debatir en el mes de julio de este año. De esta situación, la Coordinadora ha trasladado a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de León, una moción para que se apruebe en Pleno y se dé traslado a las Instituciones Estatales y parlamentarios europeos.
La Comisión Europea quiere bajar las pensiones públicas en toda Europa, y sustituirlas por planes de pensiones privados de capitalización. Propone desgravaciones fiscales para las rentas más altas, que son las que pueden invertir en planes privados de pensiones, y alienta la creación de activos tóxicos (inversiones de alto riesgo). También busca reducir la protección social y solidaria, para hacer crecer los mercados de capitales.
