Juan Martínez Majo abre el curso abre el curso organizado por el INAP y la institución provincial para analizar la nueva norma
El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, ha inaugurado esta mañana el curso organizado por el Instituto Nacional de las Administraciones Públicas (INAP) y la institución provincial sobre la nueva Ley de Contratos, dirigido a los funcionarios de la provincia. En él, participan 170 funcionarios de la provincia que, durante estos días, analizarán la repercusión de la nueva norma en los municipios de la provincia leonesa.
“Una alta participación que demuestra el interés de los empleados públicos por resolver las dudas que surgen en la aplicación de la nueva Ley de Contratos en el Sector Público, implantada tras la aplicación de las Directivas de Contratación Europeas de 2014 encaminadas a lograr una mayor transparencia en los procedimientos, donde juega un papel preponderante el perfil del contratante. Solo recordar que la contratación pública supone el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) de España”, señaló Majo durante el acto de apertura.
Desde el pasado 9 de marzo, momento en el que entró en vigor la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, desde la Administración está obligada a la aplicación de nuevos criterios a la hora de tramitar y adjudicar los obras y servicios que prestamos a los ciudadanos. “Un nuevo escenario que implica el compromiso y complicidad de todas las escalas administrativas. Porque la normativa, que es ya de plena aplicación sobre los contratos del sector público, además de extensa y novedosa, es ciertamente complicada, con algunos preceptos contradictorios entre sí, que requieren un gran esfuerzo de los agentes implicados para su aplicación”, explicó el presidente de la Diputación.
La Ley se enmarca dentro del proceso de dotar de mayor transparencia a las Administraciones públicas, lleva consigo la incorporación de la contratación electrónica, con el fin de dar mayor seguridad y, por lo tanto, poner freno a las posibles malas prácticas en materia de contratación. “Por ello, veamos la nueva Ley como una oportunidad para avanzar en la reputación social de las Administraciones públicas”. Ya que la ley busca una simplificación de los procedimientos y establece medidas que garantizan la objetividad de los contratos, mediante la supresión del procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, la creación de dos tipos de procedimientos abiertos simplificados o la formación de un órgano independiente de supervisión de los contratos públicos.
“Contratación electrónica que requiere una importante adaptación tecnológica y organizativa del sector, especialmente de la Administración como licitadora, en la que ya trabajamos desde la Diputación con el impulso de la Administración electrónica, tanto en la Institución Provincial, como en los ayuntamientos de la provincia”.
En este ejercicio se desplegará la Administración Electrónica en general, y la contratación electrónica en particular. La empresa adjudicataria, Gestiona, ya está formando a los empleados públicos de los ayuntamientos. En este sentido, explicó Juan Martínez Majo, “trataremos que Gestiona colabore para tramitar altas masivas de los ayuntamientos de la provincia en la plataforma de contratación del Estado, sin perjuicio de que desde la Diputación se ayude y colabore con la administración municipal a la hora de tramitar dichas altas y comunicar datos a la plataforma”.
Y en esta línea de colaboración con los municipios, “os puedo trasladar que, desde la Diputación, en lo que respecta a la contratación de las obras de los Planes Provinciales, se os ayudará en lo posible dada la situación especial derivada de la aplicación de la nueva Ley”. Así, Majo señaló que los técnicos de la Diputación ya barajan la redacción de modelos de pliegos que con seguridad pueden ser útiles para licitar desde los ayuntamientos. Somos conscientes del momento y de la necesidad de ser flexibles, hasta donde podamos llegar, a la hora de tramitar las contrataciones de las obras. “No nos veamos como enemigos, Corporación y Administración, sino como aliados con un fin común, servir a los ciudadanos, en nuestro caso a los 270.000 leoneses que residen en los 1.234 pueblos de la provincia, de la manera más eficaz, eficiente y transparente posible”.
“Así lo entendemos también en lo referente a las Juntas Vecinales. La Diputación no dará la espalda a los pueblos, ni tampoco a los ayuntamientos y sus secretarios. Tal y como bien sabéis hemos pedido la moratoria de la aplicación del Real Decreto que acaba con el secretario-vecino y hemos pedido que posibilite que la Diputación, a través del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), sea parte de la solución”, firmó el presidente de la institución provincial, quien añadió que “creemos que deben cambiar la literatura de la norma, que estimamos que puede ser beneficiosa a la hora de dar seguridad jurídica y administrativa a las juntas vecinales, pero que debe ampliar las funciones de secretaría también a las diputaciones para que podamos apoyar el trabajo que se realice desde los ayuntamientos”.
Una ley que amplía los sujetos obligados a su cumplimiento, reduce los importes de los contratos menores, abre nuevos procedimientos de adjudicación que valoran la calidad por encima del precio, reorganiza los contratos o reduce las modificaciones contractuales.
De todo ello hablaréis estos días. Y de las ponencias, de su debate y de las conclusiones que extraigáis individual y colectivamente, dependerá la buena aplicación de la ley y, con ello, el avance hacia una Administración más transparente y cercana a las demandas de los ciudadanos del siglo XXI.
