El Colegio Oficial de Podólogos de Castilla y León (COPCYL) quiere expresar mediante la presente nota de prensa su oposición a la que parece ya inevitable inclusión de estudios de Podología en el Campus de la Universidad de León (ULE). Esta decisión ha sido tomada sin tener en cuenta el criterio de la comunidad de profesionales, por lo que desde el COPCYL agradeceríamos sobremanera que los medios de comunicación hicieran llegar nuestra opinión sobre una decisión de la ULE que va a afectar negativamente a futuros estudiantes de podología, sus familias, y, sobre todo, a los pacientes de podología que verán a medio plazo empeorado el servicio sanitario en esta área.
En primer lugar, los planes de la ULE contemplan que las prácticas que sus estudiantes deben realizar para completar su currículo académico sean llevadas a cabo en algunas de las clínicas privadas de la provincia. Es lo que deducimos tras conocer que esta institución académica sólo se ha puesto en contacto con profesionales diversos de la podología en la provincia de León para esto.
Es de vital importancia para los posibles estudiantes y sus familias saber que entre los profesionales colegiados de la provincia de León reina la unanimidad en contra de que esto se lleve a cabo a corto plazo, pues solo tiene por objetivo que la ULE pudiera emitir títulos de Podología perjudicando a los estudiantes, profesionales del sector y sobre todo a los pacientes.
Los futuros estudiantes y sus familias tienen derecho a saber que los profesionales podólogos de la provincia no van a participar de esta ocurrencia de la Universidad de León. Ésta ha asegurado que, en el futuro, contará con una clínica universitaria de Podología. Por el momento, lo que sabemos los profesionales colegiados es que la ULE no cesa en su empeño de que pongamos a su servicio nuestro tiempo, conocimiento, clínicas y pacientes para que pueda cumplimentar formalmente los créditos prácticos del currículo académico. Además, aunque finalmente se dispusiera de una clínica universitaria, la ULE debería aclarar a los estudiantes interesados cómo van a realizar las prácticas externas si no cuenta con la participación del colectivo de podólogos.
En resumen, la ULE no ha tenido en cuenta a los profesionales del sector, y por ello pedimos a los medios de comunicación que hagan llegar a la población nuestro punto de vista, que tiene un único interés: la mejor formación de profesionales y el mejor servicio a los pacientes y en definitiva, la salud pública.
La formación práctica en podología no pasa sólo por cumplimentar unos requisitos administrativos-académicos, sino por la formación integral en una clínica universitaria como la que tienen algunas universidades. Actualmente hay precariedad laboral debido a la saturación de profesionales por la baja demanda de servicios de podología. Esto ha hecho bajar las matrículas en podología ya que los estudiantes saben que tras la carrera vienen años de incertidumbre; varias universidades privadas han dejado de emitir títulos de podología y para las universidades, acometer unas infraestructuras adecuadas para una formación calidad en Podología requieren una gran inversión y un enorme gasto de mantenimiento.
Esto ocurre en todas las ramas del sector sanitario, y de ahí que los problemas que sufren los profesionales de la podología en su formación y en su aventura profesional vengan dados por la NO inclusión en el sistema nacional de salud. Si esta rama sanitaria estuviera incluida, se contaría con toda una red de hospitales a lo largo y ancho del estado para formarse con garantías; asimismo, se proveería de servicios de podología a toda la población, trabajando más ampliamente en número de profesionales y en aspectos como la prevención.
Por lo tanto, desde el punto de vista profesional de los Podólogos colegiados en el COPCYL, es absurdo el planteamiento de la ULE, que no ha querido contar con nuestra opinión; a no ser que lo que quiera esta universidad sea utilizar la Podología como reclamo publicitario en sus comunicaciones.
En el fondo, este es un ejemplo más de la incomprensión que sufre a todos los niveles la Podología: en el profesional, en el sanitario y en el académico.
La única forma de que un proyecto de esta envergadura fuera de utilidad e interés general, pasa necesariamente por asegurar una inversión que permita garantizar la calidad de una enseñanza superior. Atendiendo a la baja demanda de la titulación, nos preguntamos si el coste que tiene para los ciudadanos de Castilla y León, tanto en inversión como en mantenimiento de infraestructuras, justifica elevar el gasto público en un momento como el actual, atendiendo a la insostenibilidad del grado en podología en otras universidades.
Todo esto es algo que familias, estudiantes y pacientes deben saber. Atentamente,
José Luis Muñoz Álvarez
Presidente del COPCYL
