Pablo Fernández ha criticado que año tras año se repitan las mismas quejas en materia de Sanidad o Educación
“Las personas, lo primero”. Con éstas palabras comenzaba y finalizaba su intervención el portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla y León, en el marco del pleno monográfico en el que se ha expuesto el Informe Anual del Procurador del Común correspondiente al año 2017.
Pablo Fernández se ha dirigido a la institución encabezada por Javier Amoedo poniendo en valor la labor que desempeña al acercar “la actividad de las administraciones públicas a las necesidades de la ciudadanía”, estableciendo un “cauce de mediación” para superar las limitaciones de “los administrados”. En ése sentido, ha valorado como “muy positivo” el esfuerzo realizado a la hora de reflejar “en qué estamos fallando, en qué elementos no somos capaces de remover los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de los derechos” de la ciudadanía castellana y leonesa que sufre los errores que desde la Administración se cometen”.
En contraposición, ha criticado los aspectos “negativos y oscuros de la forma de administrar” por parte de “una formulación política, un programa político” en base a una “ideología concreta, la neoliberal”, que se ha llevado por delante “décadas y décadas destinadas a construir una sociedad más amable que perseguía el umbral de un estado de bienestar social” a base de “estafas y engañifas”. Ha afirmado que es la Administración Pública la que debe estar “al servicio del contribuyente y no a la inversa”.
Entre los aspectos destacados del informe, el portavoz de Podemos en las Cortes ha señalado las actuaciones de oficio, lo que demuestra una “mala función de la Administración más allá de las quejas individuales o colectivas” en ámbitos como la atención educativa a jóvenes embarazadas, el acceso a internet y ofimática en la Red de Bibliotecas, la atención sanitaria en la Comarca de Astorga, las ayudas al copago farmacéutico, el acoso escolar en centros concertados, la estabilización del servicio de intérpretes de Lengua de Signos, el cumplimiento del Pacto del Alquiler, la falta de plazas residenciales para personas mayores, la discriminación de las personas con Alzheimer, o los agravios a personal sanitario no asistencial. Además, ha incidido en que, a pesar de la aceptación de las recomendaciones por parte de la Junta de Castilla y León, muchos asuntos se repiten de un año a otro.
Por ello, ha criticado que no sirva de nada la aceptación de las recomendaciones por parte de la Administración “si no se convierten en propuestas concretas de actuación, revisables en el tiempo”, lo que demostraría la “voluntad política del Gobierno Autonómico” de solventar los diferentes problemas.
Se ha detenido para resaltar lo que incluye el informe del Procurador del Común en torno a la vivienda, ya que concreta la constitución y regulación de un parque público en número suficiente para atender la necesidad de demanda. Además, dicha medida consta en el Pacto de Alquiler firmado en 2015, pero dos años después de su rúbrica, sólo se han desarrollado ayudas económicas, “nada o muy poco” sobre la constitución del parque o el impulso a un Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas.
También ha dedicado unas palabras al informe específico sobre el proyecto de extracción de uranio en Villavieja de Yeltes y Retortillo, ya que el Procurador del Común recomendó la elaboración de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, sugerencia rechazada por la Junta de Castilla y León. Para Pablo Fernández, esto convierte en “papel mojado” todas las “palabras bonitas” y evidencia que la ejecutiva del presidente Juan Vicente Herrera “se aleja cada vez más de la ciudadanía y se acerca a los postulados de las empresas”.
De las 3.888 quejas recibidas en el informe de 2017, la mayoría (un 70%) responde a la gestión de la Administración; por otra parte, en 2017 se presentaron 1.124 mientras que, en el año anterior, sólo se alzaron 651. El Área de Fomento ha pasado de 938 a 1.787 quejas; el Área de Función Pública ha pasado de 228 a 665. Finalmente, el Área de Sanidad ha recibido 172 frente a 85 en 2016 y el de Educación, 92 (61 en 2016).
En ésa línea, ha lamentado que entes locales de la Comunidad presenten dificultades para colaborar con la Oficina del Procurador del Común: hasta seis no han contestado sus peticiones de información y 34 no contestaron a las recomendaciones. “No debería haber ni un solo Ayuntamiento o Diputación que no colaborase”, ha defendido el portavoz.
Con este abanico de argumentos, Pablo Fernández ha insistido en la necesidad de darle una mayor trascendencia al informe del Procurador de común, para que no sea “un mero trámite” y sus resoluciones “no fuesen sólo recomendaciones sino propuestas de actuaciones concretas”.
Finalmente, ha agradecido a Javier Amoedo, Procurador del Común, su “encomiable labor” al margen de su situación laboral actual, así como que para él, al igual que “para Podemos Castilla y León, las personas sean lo primero”.
