El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que establece ayudas económicas para los hijos e hijas menores de edad de las mujeres víctimas mortales por violencia de género hasta que alcancen la mayoría de edad y también para las personas menores de edad que hubieran estado bajo la tutela de una mujer víctima mortal por causa de violencia de género. Junto a esto, los hijos e hijas, menores de 26 años, huérfanos de mujeres víctimas mortales por violencia de género tendrán acceso gratuito a los servicios académicos en estudios universitarios. Estas ayudas serán compatibles con otras ayudas nacionales o con otras ayudas y prestaciones que les pudieran corresponder.
La Ley autonómica de violencia de género ha sido pionera al recoger el concepto de víctima de violencia de género en toda su extensión, incluyendo como víctimas a los hijos e hijas y a otras personas que dependiesen de la mujer fallecida por esta causa. Además, el Modelo “Objetivo violencia cero” de Castilla y León trata de dar una atención integral a todas ellas, mediante una respuesta personalizada y un trabajo en red de los agentes implicados. En este sentido, los hijos e hijas de mujeres víctimas mortales de violencia de género precisan de una atención especial tras el daño sufrido, enfocada en sus proyectos de vida y en afrontar su futuro en las mejores condiciones posibles.
Ante la situación actual, en la que normalmente son los familiares más cercanos los que se hacen cargo de los huérfanos y asumen esa carga económica, es preciso incrementar el apoyo a estas víctimas de violencia de género con la regulación de dos medidas: el establecimiento de una ayuda económica anual hasta la mayoría de edad dirigida a cubrir sus necesidades básicas materiales y educativas, y el acceso gratuito a los estudios universitarios, que les permita continuar con su formación una vez cumplida la mayoría de edad.
Ayuda económica compatible con otras prestaciones
El decreto aprobado hoy establece que tendrán derecho a las medidas contempladas en el mismo los huérfanos de mujeres víctimas mortales por violencia de género o tutelados por ellas, que en el momento de su muerte viviesen, residiesen o trabajasen en la Comunidad. En este sentido, Castilla y León se convierte en la primera comunidad autónoma española en aprobar y regular ayudas económicas y de estudios universitarios para huérfanos por violencia de género.
Esas medidas se concretan, por un lado, en una ayuda económica hasta que alcancen la mayoría de edad, para los hijos e hijas menores de edad de las mujeres víctimas mortales por violencia de género y también para las personas menores de edad que hubieran estado bajo la tutela de una mujer víctima mortal por causa de violencia de género. El importe de la ayuda será una cantidad fija de 5.000 euros, de pago único anual por cada persona beneficiaria, que tendrá derecho a percibirla en su totalidad desde el momento en que la solicite y hasta el año que alcance la mayoría de edad, inclusive. Además, esta ayuda es compatible con otras prestaciones y ayudas públicas o privadas que pudieran corresponder a estas mismas personas.
Por otro lado, el decreto establece también que los hijos e hijas, menores de 26 años, huérfanos de mujeres víctimas mortales por violencia de género, tendrán acceso gratuito a los servicios académicos en estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y a los servicios complementarios, en las universidades públicas, y también privadas, de Castilla y León. También tendrán este derecho las personas menores de 26 años, que hubieran estado bajo la tutela de una mujer víctima mortal por causa de violencia de género en el momento del fallecimiento de esta.
Este acceso gratuito implica la exención del pago de los precios públicos correspondientes a los servicios antes citados, para lo que se deberá acreditar la condición de persona huérfana o tutelada, lo que se realizará por parte del centro directivo competente en materia de mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Esta exención ya aparece recogida en el Decreto 11/2018 de 26 de abril en el que se fijan los precios públicos en estudios universitarios en Universidades Públicas de Castilla y León.
