Castilla y León cerró el primer trimestre de 2018 con una deuda viva de 12.114 millones de euros, lo que equivale al 21 % del Producto Interior Bruto (PIB) y mantiene a la Comunidad como la octava más saneada del país, de acuerdo con los datos que ha publicado hoy el Banco de España. Esta ratio es casi cuatro puntos inferior al promedio del resto de autonomías, que se sitúa en el 24,7 %.
El análisis de las estadísticas del supervisor bancario revela que Castilla y León es la octava autonomía menos endeudada de España en relación al PIB, por detrás de País Vasco, Madrid, Canarias, Navarra, Asturias, Galicia y La Rioja. Esta buena posición relativa, similar a la registrada en trimestres anteriores, refleja el uso adecuado de esta fórmula de financiación por parte del Gobierno de la Comunidad.
Prueba de ello es que al final del primer trimestre de 2018 el peso de la deuda de Castilla y León sobre los 289.675 millones de euros que acumulaban en total las autonomías continuaba en torno al 4 %.
Conviene recordar que en la cantidad correspondiente a la Comunidad se incluye tanto la cuantía obtenida con cargo al Fondo de Facilidad Financiera (FFF), por importe de 3.027 millones de euros, como los préstamos reintegrables concedidos por el Ejecutivo autonómico a empresas, que añaden otros 315,6 millones. Asimismo, en el cómputo figuran las operaciones de ‘factoring’ sin recurso, es decir, los créditos comerciales con la Administración cedidos a entidades financieras, que suponen 88,7 millones de euros, y la deuda vinculada a proyectos de colaboración público-privada, por 289,6 millones de euros. Si se eliminan estas dos últimas variables el resultado es que, en términos estrictos, la deuda financiera de Castilla y León asciende a 11.736 millones de euros a 31 de marzo de 2018.
En la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León y en términos SEC 2010, el mayor peso corresponde a las emisiones de títulos valores, con el 25,6 %, si bien han ido perdiendo importancia relativa respecto a los préstamos. De hecho, el segundo financiador en importancia es el FFF, al que se adhirió la Comunidad para satisfacer tanto las necesidades previstas en 2015, como las del segundo semestre de 2017 y, recientemente, para cubrir la deuda del primer trimestre de 2018. En relación con este aspecto, la Comunidad formalizó el pasado 8 de marzo un contrato por importe de 618,3 millones de euros, equivalente a las amortizaciones que vencían en ese periodo y a la parte correspondiente tanto al déficit del 0,4 % previsto para este año, como a la anualidad de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009.
Ningún importe asociado a las empresas públicas
Los 12.114 millones de euros de endeudamiento atribuidos a Castilla y León en el primer trimestre del ejercicio recogen la deuda viva de todas las entidades que forman parte del sector público de la Comunidad ya que, coincidiendo con la publicación de los datos del periodo octubre-diciembre de 2017, el Banco de España incorporó la de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl). Esta circunstancia explica que no figure ningún importe asignado a Castilla y León en los 3.647 millones de euros de deuda autonómica asociada a las empresas públicas.
Al término de los tres primeros meses de 2018, el 95,4 % del pasivo de la Comunidad está concentrado en la Administración General, y sólo el 4,6 % restante corresponde a universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, principalmente.
Por lo que se refiere al vencimiento, casi el 98 % de la deuda global de Castilla y León está formalizada a largo plazo, frente al 2 % suscrito a corto. En cuanto al interés aplicable, el 72,5 % del endeudamiento está concertado a tipo fijo y el 27,5 % restante a tipo variable, lo que permite mitigar el efecto de las posibles subidas del Euribor.
