Con esta iniciativa, muy demandada desde el ámbito de la atención a la discapacidad y que mañana se abre a la aportación de los ciudadanos a través de su publicación en Gobierno Abierto, la Junta da un nuevo paso para que Castilla y León siga avanzando en la consecución de una sociedad inclusiva y accesible que garantice la autonomía de las personas, evite la discriminación y favorezca la igualdad de oportunidades. Se trata de una norma integral que aborda la accesibilidad desde ámbitos tan importantes como las edificaciones, los espacios públicos, el transporte y la comunicación sensorial; pensada para favorecer la existencia de más espacios libres de barreras y más espacios accesibles; relacionada con la innovación social, ya que incorpora medidas como la contratación socialmente responsable, estableciendo preferencias en las adjudicaciones a empresas y entidades que apuesten por la accesibilidad y que quiere ir más allá y mejorar la normativa estatal con una serie de normas técnicas que ayuden a evitar aspectos difusos y al efectivo cumplimiento de la norma.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha clausurado el acto conmemorativo del décimo aniversario de la constitución de la Fundación Personas, una entidad con la que la Junta de Castilla y León ha mantenido una estrecha colaboración de trabajo a lo largo de esta década en beneficio de las personas con discapacidad. García ha asegurado que esta entidad es un referente en la atención a las personas con discapacidad, por lo que la Junta ha apoyado las actuaciones que desarrolla, apoyo que se concreta en una financiación el pasado año de casi 16,5 millones de euros que sirvieron para el mantenimiento de sus 2.097 plazas, de las que 1.650 están concertadas en los 76 centros con los que cuenta, ubicados en las provincias de Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora. A esto se suma también la prestación de servicios y la atención a las personas con discapacidad intelectual, como la atención temprana o los itinerarios de apoyo al empleo, que el pasado año permitieron a través de esta entidad la formación de 161 personas y que 75 de ellas consiguieran un contrato.
Alicia García ha subrayado que este tipo de colaboración, al igual que la que existe con el resto de entidades del tercer sector que atienden a personas con discapacidad, es uno de los grandes compromisos de la Junta para conseguir la igualdad de oportunidades, la participación y la inclusión como ciudadanos de pleno derecho de las personas con discapacidad.
Un nuevo paso en accesibilidad para todos: claves de la nueva norma
Alicia García se ha referido a que, enmarcado en el compromiso de la Junta con las personas con discapacidad, la Consejería va a dar un nuevo paso para seguir avanzando hacia una sociedad más accesible e inclusiva que garantice la autonomía de las personas, evite la discriminación y favorezca la igualdad de oportunidades. En este sentido, García ha anunciado la nueva apuesta de la Junta por la promoción de la accesibilidad universal a través de la aprobación de un nuevo reglamento de accesibilidad y supresión de barreras.
El Gobierno autonómico pondrá mañana este nuevo reglamento a disposición de los ciudadanos a través del Portal de Gobierno Abierto para que puedan hacer las aportaciones y sugerencias que estimen oportunas y enriquecer así un texto que ya ha sido trabajado en colaboración con el CERMI, ya que la accesibilidad para todos es una de las grandes demandas de las entidades de la discapacidad.
Este nuevo reglamento pretende dar un paso más hacia esa accesibilidad para todos abordando cuatro grandes ámbitos de actuación: la accesibilidad en los edificios, en los espacios públicos, en el transporte y en la comunicación sensorial.
La consejera ha señalado que, de esta forma, la nueva norma pretende ser integral al abordar la accesibilidad desde todos los ámbitos; está pensada para favorecer la existencia de más espacios libres de barreras y más espacios accesibles; se trata de una norma relacionada con la innovación social, ya que incorpora medidas como la contratación socialmente responsable, estableciendo preferencias en las adjudicaciones a empresas y entidades que apuesten por la accesibilidad y que quiere ir más allá y mejorar la normativa estatal con una serie de normas técnicas que ayuden a evitar aspectos difusos y al efectivo cumplimiento de la norma.
Novedades en accesibilidad y eliminación de barreras
La primera novedad se refiere a la accesibilidad en los edificios, ya que la nueva norma recoge la flexibilización de las condiciones de accesibilidad en edificios ya existentes para conseguir que un mayor número puedan ser accesibles. Junto a esto, y en relación con los aparcamientos, otra de las novedades es que se contempla la previsión de una dotación diferenciada de plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida en función del uso del edificio. Así, en general, será de una plaza reservada por cada 40, pero en el caso de edificios de uso comercial, pública concurrencia y aparcamiento la reserva se aumentará a una por cada 33 plazas o fracción. En todo caso, se dispondrá siempre de al menos 1 plaza de aparcamiento reservado. Además, existirá un itinerario accesible que comunique estas plazas con la vía pública o con el edificio, separado y protegido del tráfico rodado y señalizado de acuerdo con lo previsto en las normas técnicas.
Se establece igualmente una nueva reserva de plazas en locales públicos para personas con discapacidad sensorial, que será de una plaza para personas con movilidad reducida cada 100 asientos o fracción y una cada 50 asientos o fracción para personas con discapacidad auditiva.
La segunda novedad tiene que ver con la accesibilidad en los espacios públicos. La nueva norma establece que, con carácter general, todos los espacios públicos urbanizados nuevos serán diseñados, construidos, mantenidos y gestionados cumpliendo con las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con distintas capacidades que se desarrollan en el presente documento. Para ello se incorpora, también como novedad, la necesidad de una evaluación de la accesibilidad previa a la aprobación del planeamiento urbanístico que califique nuevo suelo urbanizable. Además, se establece una mayor concreción en la regulación de la accesibilidad de parques y jardines, se regula la accesibilidad de las playas urbanas, las condiciones de accesibilidad de las instalaciones temporales en espacio público y las características de los carriles bicis en su relación con los recorridos peatonales.
Junto a esto, se regulan las condiciones de accesibilidad de los Espacios Naturales Protegidos incluidos en la red de Espacios Naturales de Castilla y León.
La tercera novedad está vinculada a la accesibilidad en el transporte. En este ámbito, la nueva norma establece, como principio general, que en los transportes públicos regulares de uso general, de titularidad pública o privada, cuya competencia corresponda a la comunidad de Castilla y León, se garantizará el acceso y utilización de los mismos por todas las personas de forma autónoma, segura y no discriminatoria. Destaca en este punto la priorización de las adjudicaciones de concesiones de transporte público a aquellas propuestas que oferten un grado de accesibilidad superior al fijado por normativa.
Así mismo, se regulan de forma más precisa las facilidades de aparcamiento para vehículos privados que transporten a personas con discapacidad y a personas con movilidad reducida, además de contemplarse facilidades de estacionamientos para otros vehículos de transporte de personas con discapacidad.
También como novedad, se elimina la obligación de reflejar en la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida la matrícula de los vehículos que la utilizan, pasando a ser tarjetas vinculadas únicamente a la persona con movilidad reducida.
La cuarta novedad se refiere a la accesibilidad en la comunicación sensorial. En este ámbito, la nueva norma recoge la obligación de tener teléfonos públicos adaptados para su uso por personas con discapacidad en oficinas de las administraciones públicas. Además, se favorece el desarrollo de aplicaciones informáticas para móviles adaptadas a su uso por personas con discapacidad y se establecen características adicionales a las fijadas por la normativa estatal de accesibilidad en las páginas web de las administraciones públicas.
