Y anima a separar de sus cargos a todos los alcaldes implicados en la Trama enredadera.
Estamos ante uno de los mayores escándalos políticos de la historia de la provincia y exigir dimisiones no es suficiente, siguiendo el ejemplo de lo que está ocurriendo en Villarejo de Órbigo, el responsable no es el alcalde de turno o algún concejal, los Equipos de Gobierno que apoyan a los alcaldes implicados en la “red caciquil de Ulibarri”, que en este caso es este empresario pero pueden ser otros como también los hubo en el pasado, que le suben el sueldo para seguir ejerciendo incluso tras la separación de su partido, deben desaparecer en todos los municipios afectados.
Astorga, Hospital de Órbigo, Villaquilambre, Carracedelo, San Andrés del Rabanedo o León no son gotas de agua, representan una forma de hacer política al servicio de intereses económico directamente dañinos para el interés general que además han salpicado a tres grupos de la Diputación: PP, PSOE y Ciudadanos.
La tolerancia ante la corrupción debe ser cero, pero no quedarse en meras peticiones de dimisión, debate para dar explicaciones sobre actos que están claros y negro sobre blanco o exigencias de comparecencia como en el caso Suárez Quiñones. La respuesta ante este atentado contra las instituciones que nos devuelve al caciquismo más rancio debe ser rápida y demostrarse con hechos, la única medida para evitar daños mayores y separar de sus cargos a garrapatas políticas es la moción de censura, los gobiernos de concentración hasta las próximas elecciones y empezar a cerrar heridas ante la desafección que supone ver que no se toman medidas eficaces contra los corruptos desde la calle.
León, como principal escaparate del escándalo, es el primer ejemplo que deberían seguir el resto de municipios donde sea posible, Antonio Silván no debe llegar a septiembre en la alcaldía de la ciudad. Dar vueltas alrededor de debates de sordos no va a cambiar nada, echar a “la voz” de su amo de la gestión que ha manchado si es un paso en el buen camino
