Se ha sabido este verano que los seis grandes bancos privados, esos que tienen sucursales por toda la provincia de León, nos han cobrado casi 4.700 millones de euros en comisiones en los seis primeros meses del año, un 14% más que un año antes. Y que han cerrado 600 oficinas el primer trimestre del 2018, dejando a muchas zonas rurales sin servicio y han recortado empleo un 33%, más que en todo 2017 por las fusiones.
Incluso entidades como Citybank, ahora Wizink Bank, cobran por las denominadas “tarjetas usura” hasta un 27,4% de interés, que han sido declaradas nulas recientemente por la Audiencia Provincial de León por ser abusivas.
Izquierda Unida considera que ya no se trata solo de poner un impuesto a la banca, como propone el nuevo gobierno, o impedir judicialmente los abusos que imponen, sino que es necesario y urgente una banca pública que garantice una gestión pública, democrática y guiada por el interés social, que dé servicio a la sociedad sin regirse únicamente por los beneficios de sus accionistas.
Se trata de la creación de una banca pública que apoye a pequeñas y medianas empresas, cooperativas y familias a las que el expolio de las cajas de ahorro de nuestra provincia ha dejado huérfanas a la hora de acceder a la financiación de actividades productivas y de la sangría para la ciudadanía que supone el actual modelo de gestión de los bancos privados.
La experiencia nos ha enseñado que lo público funciona mejor que lo privado, es mejor socialmente y, además, es más barato. Y el mejor ejemplo lo tenemos en la Sanidad: la española es mucho más barata y eficaz que la norteamericana, que es privada. El último estudio encargado por las propias multinacionales norteamericanas de la sanidad así lo demuestra.
Igualmente sucede con el sistema financiero, que es un servicio esencial para la economía y la sociedad. Esta crisis nos ha enseñado lo que supone su gestión privada, un desastre social que ha exigido enormes ayudas públicas para evitar su quiebra. Más de 60.000 millones de euros que nunca nos devolverán. Un esfuerzo económico que ha supuesto esquilmar el erario público y recortes sociales y laborales, pero que no evitará nuevas crisis porque las ayudas están dirigidas a salvar a los bancos privados y transformar en entidades privadas los que antes eran semipúblicos, las cajas de ahorro.
Debe ser considerado, considerado, un servicio público al servicio del bien común y del desarrollo social. No se trata de arreglar el sistema, de gestionarlo mejor, sino de cambiar de sistema. Desde esta óptica, la propuesta de la banca pública es crucial para que se pueda poner en marcha otra política alternativa real.
Una verdadera banca pública financiada fundamentalmente con los ahorros de la ciudadanía, tiene que ser controlada democráticamente y tener como objetivo la finalidad social. Debe conllevar la más absoluta transparencia en sus políticas y debe estar caracterizada por el rendimiento público y transparente de sus cuentas anuales en un lenguaje asequible para el conjunto de la ciudadanía. Eso implica definir un modelo de gestión distinto al visto en las cajas de ahorro, con actuaciones como las de Santos Llamas en Caja España y los partidos políticos que le ampararon. Un modelo que tenga en cuenta criterios sociales y de financiación de la economía productiva eficaces. Solo así podrá ponerse en marcha un plan estratégico real de salida social a la crisis, también en nuestras comarcas mineras, replantando un sistema financiero que no siga sangrando a la ciudadanía como hasta ahora y solo sirva para el mayor enriquecimiento aún de unos pocos.
