El sacrificio de López Benito en su momento fue una buena noticia para la ciudad pero enmascara la operación gatopardo para mantener a PP y su muleta en el gobierno municipal. Las “no declaraciones” de Silván y la insistencia en una comisión de investigación muerta antes de nacer solo lo reafirman.
Antonio Silván está inhabilitado para continuar ejerciendo su labor de alcaldía desde que se dió a conocer su primera grabación en medios locales y nacionales. Es una vergüenza ver al alcalde de León convertido en un recadero del principal empresario implicado en la Trama Enredadera. Dando la impresión de que no sólo la capital, gran parte de la política provincial estaba al servicio de su amo y señor. Estamos ante un caso de corrupción y caciquismo de libro. Salvo que la grabación sea falsa no hay excusa posible, Silván debe irse.
El único valor del pleno extraordinario sobre la trama habría sido salir del mismo con el PP apartado de la alcaldía. Esto no ha ocurrido y el desarrollo de los acontecimientos nos recuerda demasiado a una coreografía, de quiebro y requiebro, en el que PP y Cs han coordinado un baile en forma de comisión de investigación, que les permite ganar tiempo hasta que la situación “se enfríe” y les permita culminar la sustitución de la trama enredadera por la operación gatopardo. Los hechos lo demuestran una vez se anuncia que la comisión debe esperar a septiembre, se anuncia que solo participarán en ella los enredados de la ciudad y el alcalde sigue negándose a afirmar o negar que sus conversaciones son verdaderas o falsas, es lo único que debe admitir. El siguiente paso que exigimos ya es conocido.
La comisión solo tiene fundamento si se analiza el sumario policial de 8.000 folios y se compara su contenido con documentación oficial municipal. Pero esto ya es una labor propia de la UDEF y el juez. Lo que debe dilucidarse en sede consistorial es la responsabilidad política de escuchar a Antonio Silván llamando a un empresario encarcelado para darle información en directo de una mesa de contratación. Cuando un cargo político actúa como recadero de un empresario que contrata con la institución que gestiona solo puede dimitir, y eso no es opinable, es un hecho.
Más lamentable es la posición de Ciudadanos, pringados por la trama corrupta más que nadie, hacen cualquier cosa con tal de conservar el chiringuito que se han montado en el ayuntamiento de León. Es un calculo electoral, para no diluirse en una nueva situación, e interés partidista, el PP ya conoce tanto del partido naranja como este del PP, el que lleva a conservar a Silván en la alcaldía sabiendo que la comisión de investigación en una perdida de tiempo. Eso y órdenes desde arriba, la corrupción es un asunto secundario en ciudadanos si la alternativa es compartir un gobierno con la pluralidad de las izquierdas o la UPL.
Por ahora hay que felicitar a ambos, la dimisión de López Benito tapó el verdadero contenido del pleno, la comisión de investigación permite alimentar el victimismo y justificará a los supuestos corruptos frente a “su parroquia” y además se gana tiempo para jugar con la memoria de las leonesas y leoneses. La maniobra ha sido de aplauso, la desgracia es que las consecuencias tendrá que pagarlas toda la ciudad. Gatopardismo en estado puro
