El representante de Izquierda Unida en el Comité, Santiago Rodríguez Alonso, exigirá la inclusión de dos puntos básicos en el documento de Posición del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020 de apoyo a la minería del carbón y las centrales térmicas: (a) la creación previa de empleo público garantizado en las comarcas mineras antes de que se produzca cualquier cierre en el sector y (b) la nacionalización del sector del carbón para que pueda ser planificado y gestionado en función de las necesidades de la población y el futuro de las comarcas mineras y no de los beneficios de los accionistas de las multinacionales del sector.
Para ello, «es preciso crear un escenario donde el carbón sea una reserva estratégica nacional, ya que es una de las pocas fuentes de energía autóctona de nuestro Estado, en un entorno de fuerte dependencia exterior, lo cual garantizaría la continuidad de la actividad de la minería interior del carbón», explica Rodríguez Alonso.
El instrumento a utilizar con ese objetivo sería la nacionalización del sector energético, que en manos privadas sigue y va a seguir quemando de importación, como así se ha comprobado reiteradamente y es una denuncia constante. «Solo siendo público el sector energético se puede planificar que el carbón sea realmente una reserva estratégica nacional», afirma el representante de IU en la Comisión de Seguimiento.
Esto se haría conforme al artículo 128 en su apartado 2 de la Constitución, que permite esta intervención para preservar el interés general de un servicio esencial y mantener el empleo en la zona, estableciendo que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general» y, dado que la Constitución reconoce «la iniciativa pública en la actividad económica», afirmando taxativamente que «mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general», analiza Santiago Rodríguez Alonso.
«Asimismo, sería necesario un plan previo de empleo garantizado y estable en las comarcas mineras –mantiene el representante de Izquierda Unida- que asegure una reindustrialización real y a largo plazo, aprovechando no solo los recursos naturales, medioambientales y forestales de las zonas, sino también posibles alternativas de nuevos nichos laborales en nuevas tecnologías, robótica, investigación y desarrollo, apoyado con servicios y medios para poder desarrollarlos. Un plan de empleo garantizado impulsado y financiado desde la Administración pública en todas las zonas afectadas, que sea previo a cualquier cierre del sector, para garantizar una transición energética socialmente justa». Como recientemente ha declarado la UE no se puede «liquidar primero y luego ya veremos qué hacemos. Sería una catástrofe». La propia Comisión Europea obliga, por lo tanto, a instrumentalizar políticas para la creación de empleos alternativos en las comarcas mineras.
Lo que no se puede es utilizar el plan de dinamización de las Comarcas Mineras, como hace la Junta de Castilla y León, para tapar la falta de inversión en estas zonas que debería estar haciendo la propia Junta. «Desde IU seguimos denunciando que el gobierno del PP en la Junta sigue contabilizando como inversión para dinamizar las Comarcas mineras la inversión cotidiana que les corresponde a los municipios en los Presupuestos de inversión de la Junta de Castilla y León: administración electrónica, sellado de vertederos, presupuesto del servicio de empleo, arreglo de carreteras, arreglo de centros educativos, etc. Un plan de dinamización económica de los municipios mineros se supone que es una inversión a mayores en esos municipios para compensar la pérdida de actividad económica».
Desde IU, concluye Rodríguez Alonso, «también seguiremos exigiendo que se especifique dónde va el dinero público y los avales públicos, en que localidades están situadas esas empresas y que empleo han creado, puesto que la Consejera de la Junta sigue manteniendo una opacidad absoluta que impide el mínimo ejercicio de transparencia y control por parte de la mesa de seguimiento, dado que esa es una de sus funciones principales, del plan de dinamización de las comarcas mineras».
