El Gobierno de Castilla y León se convierte en el primero en España en aprobar una norma de estas características con la que se pretende crear un nuevo pilar del estado del bienestar en la Comunidad. La Ley quiere reforzar la conciliación de las personas y las familias, la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y la eliminación de la brecha salarial de género, impulsando un conjunto integrado de medidas adaptadas a las necesidades reales que demanda la sociedad y las personas trabajadoras para hacer efectivos dichos objetivos, teniendo en cuenta especialmente el ámbito rural. El texto del proyecto de ley, que será remitido a las Cortes de Castilla y León para su correspondiente tramitación, ha sido acordado entre la Junta y los agentes económicos y sociales de la Comunidad y prevé 86 acciones, 51 de ellas de conciliación, 23 dirigidas a la eliminación de la brecha salarial de género y otras 12 de carácter transversal o general y el coste estimado derivado de la implantación de la ley es de 121,5 millones de euros al año.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León. Se trata de un proyecto de ley cuyo texto fue acordado entre la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales de la Comunidad, fue puesto a disposición de los ciudadanos en Gobierno Abierto y de los distintos consejos consultivos de la Comunidad para ser aprobado hoy por la Junta como paso previo a su remisión a las Cortes de Castilla y León para su tramitación parlamentaria.
De esta forma, el Gobierno de Castilla y León es el primero de España en aprobar una norma en esta materia que se enfoca hacia dos grandes retos unidos: la conciliación y la corresponsabilidad y la eliminación de la brecha salarial de género. En este sentido, por un lado se refuerza la conciliación de las personas y las familias, impulsando un conjunto integrado de medidas para hacer efectiva la conciliación de vida personal, familiar y laboral de mujeres y hombres, favoreciendo la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y, por otro, y como segundo gran reto, se pretende garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la promoción laboral con la finalidad de eliminar la brecha salarial de género.
Además es una ley adaptada a la realidad territorial de Castilla y León que da especial prioridad al ámbito rural, con objetivos como fomentar la natalidad para evitar la despoblación especialmente en zonas rurales; establecer el impulso a la creación de centros infantiles de 0 a 3 años, nuevas formas de cuidado de personas, además del acceso prioritario y atención a las particularidades de personas y familias que residen en el medio rural.
También es una ley diseñada para la realidad social actual, ya que atiende a las particularidades de la diversidad de modalidades de familia y promueve el acceso prioritario de las familias numerosas y monoparentales, especialmente de aquellas con menos recursos, víctimas de violencia de género y de las personas y familias que residen en el medio rural de la Comunidad, a las medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral que adopten.
Al mismo tiempo, es una ley que incorpora un concepto amplio de conciliación, que otorga especial importancia a la sensibilización y formación, que impulsa la innovación social, aprovecha las nuevas tecnologías para impulsar la conciliación y apuesta por medidas novedosas, que establece la obligatoriedad de una planificación periódica tanto autonómica como local y que es una ley integral, ya que contempla medidas transversales y medidas tanto en los ámbitos público como privado para la Administración, las empresas y las entidades del tercer sector.
El texto del anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno prevé 86 acciones, 51 de ellas de conciliación, 23 dirigidas a la eliminación de la brecha salarial de género y 12 de ellas de carácter transversal o general. El coste estimado derivado de la implantación de la Ley es de 121,5 millones de euros al año.
Medidas de carácter general
Se aprobarán planes quinquenales por parte de la Junta de Castilla y León, en colaboración con las corporaciones locales, que recogerán objetivos y medidas concretas en materia de conciliación que previamente se hayan consensuado.
Junto a esto, en la planificación en materia de igualdad se incluirán objetivos y medidas dirigidos a la eliminación de la brecha salarial y en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que se lleven a cabo se incluirá la variable de sexo que posibilite un mejor conocimiento de los factores que puedan impedir la conciliación.
Además, se promoverán proyectos destinados a una gestión eficiente y uso racional del tiempo de trabajo y a la promoción profesional de las trabajadoras; se incluirá aspectos sociales en la contratación pública en materia de conciliación y eliminación de la brecha salarial a través de un nuevo Acuerdo de cláusulas sociales, y se llevarán a cabo campañas sobre los beneficios de la conciliación y también dirigidas a eliminar la brecha salarial de género.
Medidas de conciliación en el ámbito público
Subvenciones. En lo referente a las medidas de apoyo a la conciliación en el ámbito público, se establece en primer lugar promover la concesión de subvenciones para el desarrollo de actuaciones y programas que faciliten la conciliación personal, familiar y laboral y la igualdad de oportunidades. En este ámbito se contemplan subvenciones destinadas a compensar la disminución de ingresos por reducción de la jornada laboral; subvenciones a empresas que ofrezcan medidas de racionalización y flexibilización de horarios o subvenciones para fomentar la contratación de personas desempleadas para sustituciones por reducción de jornada, excedencia por cuidado de hijos u otras situaciones relacionadas con la maternidad o paternidad.
Deducciones fiscales. Una tercera línea de actuación se refiere a las deducciones fiscales, donde se mantendrá un régimen de deducciones fiscales del tramo autonómico del IRPF vinculadas a la conciliación en aquellas destinadas al fomento del uso del permiso de maternidad cedido por la madre al otro progenitor y el apoyo al cuidado de menores hasta los cuatro años de edad por gastos derivados de su atención en escuelas o similares.
Empleo público. Una cuarta línea de actuación en la que incidirán las medidas es la del empleo público, incentivando un uso equilibrado de los permisos, horarios racionales y flexibilización horaria, acceso al teletrabajo, así como formación a distancia, formación en materia de igualdad de oportunidades, conciliación y corresponsabilidad y sobre todo la equiparación progresiva de los permisos paternales.
Ámbito educativo. También el ámbito educativo será uno de los de especial incidencia de las medidas destinadas a la conciliación. Entre estas medidas destacan algunas como el desarrollo de programas consistentes en la ampliación de los horarios de apertura y desde la finalización de las actividades docentes durante todos los días lectivos en los centros educativos públicos; programas para la atención lúdica de niñas y niños durante los periodos vacacionales en colaboración con las entidades locales; actuaciones de formación del profesorado en igualdad y corresponsabilidad; impulso a la incorporación y mejora de la igualdad y corresponsabilidad a través de los materiales curriculares elaborados al respecto; y se promoverá tanto la creación de centros infantiles de 0-3 años y el impulso de una red pública que preste servicios de atención a menores de tres años, especialmente en el ámbito rural, como la apertura de centros de educación especial los días laborables no lectivos y las vacaciones de verano, para favorecer el respiro y la conciliación de las familias con hijos o hijas con necesidades especiales.
Servicios Sociales. En materia de Servicios Sociales se procurará que la red de centros de día o residenciales y de distintos programas de atención sean adecuados y flexibles a las necesidades de conciliación; la implantación de programas dirigidos a la formación y al descanso de la persona cuidadora de personas dependientes; actividades de ocio y convivencia intergeneracional; un voluntariado que favorezca la conciliación; fomento de la resolución de conflictos familiares por motivos de conciliación a través de la mediación; apoyo de programas del Tercer sector relacionados con la conciliación y el cuidado de menores, personas mayores y personas con discapacidad; impulso a las funciones de conciliación dentro de la prestación de la asistencia personal o el desarrollo de programas de atención a menores, personas dependientes y personas con discapacidad que cubran la necesidad de atención en situaciones puntuales.
Especial relevancia tendrá en el ámbito de los Servicios Sociales la garantía de acceso a un servicio de atención y cuidado en la primera infancia, que se implantará progresivamente, para los progenitores que tengan necesidad de conciliar su vida familiar y laboral. Este servicio podrá prestarse a través de plazas de la red pública de centros infantiles o a través de subvenciones o deducciones fiscales.
Innovación. Otro punto destacable es la innovación, con programas innovadores para evaluar nuevas formas en el cuidado de personas y nuevas metodologías como formas de trabajo racionalización de horarios así como la utilización de la innovación tecnológica.
Medidas de conciliación en el sector privado
Se trata del impulso y fomento de la igualdad y de la conciliación en las empresas, para lo que la Junta promoverá, en el marco del Diálogo Social, que las empresas realicen determinadas actuaciones dirigidas a facilitar la conciliación de la vida personal y familiar, así como su corresponsabilidad.
Entre estas medidas destacan: contemplar en la negociación colectiva aspectos de conciliación; que se tenga en cuenta como prácticas de gestión de recursos humanos la vida personal y familiar de las personas trabajadoras; el impulso a planes de igualdad en las empresas que contemplen la conciliación; la adopción de medidas para fomentar la aplicación de horarios racionales y flexibles, el impulso a actuaciones para la promoción del teletrabajo sin que suponga sobre extensión de la jornada laboral; facilitar servicios e instalaciones que permitan conciliar la vida personal y laboral, fomentar entre los criterios de valoración en las subvenciones la adopción de medidas de igualdad de oportunidades, además de realizar un reconocimiento público a empresas y entidades con actitud proactiva en igualdad y conciliación.
Medidas de eliminación de brecha salarial de género en el sector público
En lo relativo a las medidas orientadas al sector público enfocadas a la eliminación de la brecha salarial de género destacan actuaciones como la implementación de acciones de transparencia respecto al personal y sus retribuciones en las administraciones públicas, sus entidades y las empresas públicas vinculadas a ellas; la inclusión por parte de la Administración de la Comunidad de cláusulas sociales en sus relaciones con otras administraciones y entidades privadas que contemplen la igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de la brecha salarial; la mejora de la estadística regional con la introducción en los análisis estadísticos que inciden en aquellas situaciones que generan la brecha salarial de género; el desarrollo de programas específicos para mejorar la empleabilidad de mujeres con especiales dificultades o que pertenezcan a grupos vulnerables.
Junto a esto, se fomentarán las medidas que promuevan igualdad en los planes de igualdad de las empresas; se incentivará a las empresas que transformen los contratos indefinidos a tiempo parcial formalizados con mujeres en contratos a tiempo completo; se promoverá que en las administraciones públicas y en las empresas públicas vinculadas haya una representación equilibrada entre hombres y mujeres en los distintos órganos y en la participación paritaria en los procesos de toma de decisiones; se formará al personal educativo para paliar la segregación ocupacional de hombres y mujeres en el ámbito laboral, y se desarrollarán programas específicos para mejorar la empleabilidad de mujeres con especiales dificultades o que pertenezcan a grupos vulnerables.
Medidas de eliminación de brecha salarial de género en el sector privado
La Administración de la Comunidad, en colaboración con los agentes sociales y económicos, promoverá que las empresas lleven a cabo acciones dirigidas a eliminar la brecha salarial de género. Entre ellas destacan realizar en la clasificación profesional una valoración de los puestos de trabajo que conlleve a la igualdad entre mujeres y hombres; impulsar acciones de trasparencia y buenas prácticas vinculadas a la lucha contra la brecha salarial de género; establecer sistemas de acceso y promoción transparentes y no discriminatorios; impulsar la presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad y de dirección.
Además, se implementarán medidas orientadas a promover la participación de las mujeres en los procesos de promoción profesional; a impulsar también medidas que favorezcan a las personas trabajadoras en la conciliación con sus hijos e hijas, especialmente en aquellos empleados de trabajo por turnos u otros supuestos, o a promover en la negociación colectiva sectorial la implantación de medidas de estas características incluso en aquellas empresas que por su número de trabajadores no tengan obligación de negociar esta materia. Además, la Administración de la Comunidad impulsará, en coordinación con la Administración General del Estado, que se lleve a cabo la supervisión e inspección dirigida a verificar el cumplimiento de la normativa en materia de planes de igualdad y eliminación de la brecha salarial.
Órganos de participación
Por último, y con el objetivo de garantizar la participación y asesoramiento del desarrollo de la ley, se crea un órgano colegiado compuesto por administraciones públicas y las entidades más representativas que conforman en Diálogo Social de Castilla y León.
