Con este primer Plan, del que no existe precedente en España, la Junta pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad en relación a la violencia intrafamiliar, mejorar los sistemas actuales de detección a través de formación especializada y unificar criterios de actuación. Dentro de las actuaciones que contempla destacan un servicio telefónico de información y orientación sobre violencia intrafamiliar y un servicio de apoyo a las familias sobre cómo abordar el problema. Además se dotará a los profesionales que trabajen en ámbitos relacionados con este tipo de violencia de herramientas de valoración y criterios de actuación unificados. Junto a esto, se establecerá la activación de ingresos residenciales en situaciones de prioridad social en casos necesarios de maltrato o violencia de género a personas mayores o con discapacidad. También se pondrán en marcha programas de formación especializada a profesionales de distintos ámbitos, a las propias familias y personas que participen en la red de voluntariado y se promoverán investigaciones y estudios que ayuden a establecer mecanismos de prevención y detección más eficaces.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha presentado para el análisis, estudio y aportaciones por parte del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, el primer ‘Plan de violencia intrafamiliar 2019-2023’, que pretende contemplar las distintas formas de violencia intrafamiliar y su magnitud, para sensibilizar acerca de los problemas existentes y la necesidad de solucionarlos. En la prevención de la violencia intrafamiliar, las energías se focalizan en identificar los factores sociales, familiares e individuales que anteceden o aparecen asociados a las situaciones de violencia intrafamiliar, con el fin de predecirlas, detectarlas y reducirlas.
Alicia García ha destacado la necesidad de un Plan de estas características ya que la violencia intrafamiliar, en cualquiera de sus manifestaciones -violencia o maltrato físico, sexual, psicológico, patrimonial, etc- es un problema social que afecta a los diferentes grupos de personas del entorno familiar, en especial a mujeres, personas mayores, menores de edad o personas con discapacidad.
García ha subrayado que el Plan centra la violencia intrafamiliar bajo una perspectiva integral, al ser un fenómeno único pero en el que confluyen muchos tipos de violencia. Para ello, el Plan quiere, en primer lugar, concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad del buen trato en el ámbito familiar; en segundo lugar, pretende facilitar y mejorar la detección, notificación y derivación con nuevas herramientas, a lo que se añade, en tercer lugar, la unificación de los protocolos para que los profesionales actúen de forma coordinada y con criterios comunes.
Este Plan, que es pionero ya que es la primera vez que se va a elaborar un plan de estas características en España, es también un compromiso de legislatura y su aprobación se recoge en el ‘Plan Estratégico de Servicios Sociales de Castilla y León’, aprobado el pasado año. En él han participado, además de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, las de Educación y Sanidad, y ahora se piden las aportaciones del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León.
La consejera se ha referido a que el ‘Plan de prevención de violencia intrafamiliar’ se divide en tres bloques: una primera parte, en la que se analiza el contexto y se lleva a cabo un diagnóstico, una segunda parte en la que se analiza la protección contra el maltrato en Castilla y León y una tercera, con el contenido del Plan.
Mecanismos de protección en Castilla y León
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha señalado que el abordaje de las situaciones de violencia en el ámbito familiar no es algo nuevo en Castilla y León, sino que se viene haciendo a través de un amplio conjunto de medidas y mecanismos de actuación frente al maltrato en diferentes áreas específicas de actuación. Lo que representa la novedad de este Plan es la intención de abordar esta materia, no ya desde los distintos ámbitos específicos, sino de forma integral y global.
Castilla y León cuenta ya entre sus mecanismos y medidas de actuación, en primer lugar, con un ‘Catálogo de Servicios Sociales’ que contempla diversos servicios y prestaciones en materia de información, prevención, apoyo, atención, protección jurídica y atención a necesidades básicas, que toman en consideración diferentes situaciones de violencia intrafamiliar, especialmente en el ámbito de los menores, tanto desprotegidos como infractores, y de la violencia de género.
Al Catálogo se suman distintas estratégicas y planificaciones sectoriales que abordan de forma tangencial entre sus múltiples objetivos este asunto. Aquí se encuentran la ‘Estrategia de la prevención de la dependencia para las personas mayores y de promoción del envejecimiento activo en Castilla y León 2017-2021’, el ‘Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad 2016/2020’, la ‘Agenda para la Igualdad de Género 2020’ o las Directrices de funcionamiento en Castilla y León del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género ‘Objetivo Violencia Cero’.
Además, se encuentran los sistemas de protección a la Infancia y de atención a menores y jóvenes infractores, así como la coordinación y colaboración interadministrativa con las entidades locales de la Comunidad.
Principales novedades que aporta el Plan
De un Plan que establece diez líneas estratégicas de actuación, con casi una veintena de objetivos estratégicos y hasta 120 actuaciones, Alicia García ha resaltado las principales novedades que aporta.
En primer lugar, está la sensibilización, fundamental para que la sociedad tome conciencia, identifique y reconozca situaciones de violencia en una familia. Además de las necesarias campañas de sensibilización, la consejera ha señalado que el Plan contempla medidas novedosas como el desarrollo de un servicio telefónico de información y orientación sobre violencia intrafamiliar
Junto a esto, se hace necesario tener más datos sobre la violencia intrafamiliar, que ayuden a establecer mecanismos de prevención y detección más eficaces. Por eso, el Plan contempla investigaciones y estudios sobre los factores de riesgo que inciden en el maltrato a personas mayores, a mujeres, a personas con discapacidad y en la violencia filioparental.
El Plan también aporta novedades en el terreno de la formación ya que, junto al refuerzo a la formación especializada a los profesionales de la sanidad, educación, servicios sociales y profesionales del Tercer Sector que permita identificar el recurso más adecuado para cada necesidad, será nueva la formación a las familias y a las personas que participen en la red de voluntariado. La formación se llevará a cabo en diferentes formatos y ámbitos para llegar a todas las familias y personas que lo precisen.
En materia de detección y evaluación del riesgo, el Plan quiere actuar en varias áreas. Por un lado, dotando a los profesionales que trabajan en ámbitos que puedan estar relacionados con este tipo de violencia de herramientas de valoración y protocolos específicos con los que poder detectar precozmente situaciones de violencia intrafamiliar y actuar con criterios de actuación unificados y, por otro, ofreciendo ayuda a las familias que puedan estar viviendo este tipo de situaciones a través de un servicio de apoyo a las familias que sufren violencia.
Otro aspecto esencial del Plan se dedica a establecer medidas para mejorar la atención que se presta a las personas que sufren esta violencia. En este ámbito, y como novedades, además del desarrollo del servicio telefónico mencionado, se va a establecer la activación de los ingresos residenciales en situaciones de prioridad social en los casos necesarios de malos tratos o de violencia de género a personas mayores o con discapacidad; se van a implementar en todas las corporaciones locales programas de intervención específicos en los equipos de segundo nivel y se desarrollarán en todas las gerencias territoriales de servicios sociales programas de intervención específicos de violencia filioparental, dirigidos a menores de 14 años, así como a menores condenados por delitos de esta naturaleza.
