El alto tribunal vuelve así a la antigua doctrina, favorable a la banca. El TS cambió el 18 de octubre su doctrina y estableció que era el banco y no el cliente quien lo debía asumir.
El Tribunal Supremo ha decido por 15 votos contra 13 que deben ser los clientes los que paguen el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que da un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen, que representa el 70 % de los gastos de constitución. De este modo el alto tribunal corrige a la sección que innovó la doctrina y vuelve a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias.
Tras dos jornadas de deliberaciones el alto tribunal no ha conseguido superar la fractura existente en la Sala, que conforman un total de 28 magistrados.
Así, se han desestimado los tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias.
El texto de las sentencias se conocerá en los próximos días, según un comunicado del tribunal.
Según La Sexta, el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis Díez-Picazo, se inclinaba por una solución intermedia: que los bancos pagaran el impuesto pero sin retroactividad, es decir, solo a partir de que se dictara la sentencia. Ante la oposición de varios magistrados, el presidente adoptó la postura de volver a la antigua jurisprudencia.
Pleno de 16 horas
En tres sentencias divulgadas el pasado 18 de octubre, el Supremo se desdecía de su doctrina anterior y optaba porque fueran las entidades financieras las que se hicieran cargo del impuesto, al considerar que el sujeto pasivo era el prestamista, y no el prestatario.
El fallo le costaba a los bancos la pérdida de 5.000 millones de euros de cotización bursátil en un solo día, y obligaba al presidente de la sala a convocar un pleno que comenzó este lunes y que se ha prolongado durante cerca de 16 horas.
Si ayer, tras la primera jornada de deliberaciones del pleno, el principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, subió un 0,20 % animado por el sector financiero, este martes la sesión ha transcurrido en sentido contrario, y el selectivo se ha dejado un 0,24 % y los 9.000 puntos lastrado por la banca, aunque cabe esperar que en la sesión de mañana recuperen el terreno perdido.
Decisión «aberrante»
Tras la decisión ya se han producido las primeras reacciones. La organización de consumidores Facua la ha calificado de «aberrante».
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido la inmediata dimisión de Díaz Picazo por su «gestión pésima» del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que ha concluido con una sentencia que califica de «bochornosa».
Por su parte, el líder de Podemos Pablo Iglesias ha hecho un llamamiento a la «movilización cívica».
El presidente del PP en Cataluña, Xavier García-Albiol, también se ha manifestando en contra de la decisión, tachándola de «grave error».
Desde el Gobierno, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha dicho en los pasillos del Senado que «hay que respetar» las resoluciones judiciales.
Alivio a las CC AA
La decisión del Supremo libra también a las comunidades autónomas de devolver hasta 5.000 millones de euros, correspondientes a los créditos suscritos desde 2014. Esta misma mañana Hacienda cifraba en esa cuantía millonaria el desembolso al que tendrían que haber hecho frente las Administraciones autonómicas, en un escenario de retroactividad fiscal que finalmente no ha sido reconocida por el alto tribunal.
Los máximos responsables de la banca nacional también adelantaron horas antes de la noticia que el fallo no obligaría a hacer dotaciones extraordinarias sino únicamente ajustes en su oferta comercial.
Es el caso de CaixaBank, cuyo consejero delegado, Gonzalo Gortázar, descartó aumentar sus provisiones a cuenta de beneficios, y aseguró que, de imponerles finalmente este impuesto, adaptarían su práctica en el mercado hipotecario, aunque «quien no ha hecho algo mal no debe ser penalizado por ello».
También Bankia, que no contemplaba «un escenario diferente» al perfilado en los últimos años por el Supremo, y el Banco Sabadell, que argumentaba que no tendría «ningún sentido» aplicar la retroactividad al impuesto de las hipotecas.
